La anterior coordinadora de la televisión municipal de Granada TG7, Cristina García, será objeto de un expediente disciplinario en relación a la "gestión irregular" que supuestamente se produjo en este ente público durante el mandato del PP, lo cual motivó una comisión de investigación en el Ayuntamiento para aclarar diversos gastos extraordinarios y sin dotación presupuestaria.

Los informes técnicos concluyeron que existieron "irregularidades administrativas" en los procedimientos y tras finalizar esta comisión el pasado verano se abrió una información reservada respecto a la anterior coordinadora, que ha concluido ahora con la indicación de abrirle este expediente disciplinario. Actualmente, ella está dentro de la plantilla como personal laboral.

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver (PSOE), ha informado en rueda de prensa de que ya ha firmado la apertura de este expediente, sin que hasta el momento haya trascendido la sanción que se aplicará. Paralelamente, también se abrió un procedimiento respecto al edil del PP Juan Antonio Fuentes -que fue responsable de la televisión municipal-, el cual aún no ha concluido y deberá determinar la posibilidad de aplicarle los preceptos que recoge la Ley de Transparencia.

Para Oliver, de las actuaciones desarrolladas hasta el momento se deduce "con claridad" que en TG7 se produjo una "gestión administrativa irregular, una gestión política inaceptable y una gestión económica inasumible".

No obstante, ha defendido que el Ayuntamiento debe actuar con "prudencia" en lo que a posibles acciones judiciales se refiere y con la "neutralidad" propia de una institución que ha de defender los intereses generales, después de que Vamos Granada le haya reprochado su inacción en este asunto y lo haya llevado a la Fiscalía.

El portavoz socialista ha advertido de que no usarán la institución para hacer "un ajuste de cuentas" con el PP y que, si bien "se actuará con toda la contundencia necesaria" llegado el momento, la actuación del Ayuntamiento debe desarrollarse con todas las cautelas y sin acciones judiciales "precipitadas que puedan producir el efecto contrario de lo que se persigue".

Los informes técnicos aportados a la comisión de investigación, procedentes de la Secretaría General, del área de Contratación, Economía e Intervención, apuntaron irregularidades por una falta de control de los servicios extraordinarios y la gestión de la publicidad, cuyo contrato con la anterior productora podría ser "nulo de pleno derecho" al no haber adoptado la forma legal, sumando todo ello un posible quebranto superior al medio millón de euros.