Por ello, el sindicato denuncia la falta de interés y de acción del Gobierno de la Junta de Andalucía por los jóvenes andaluces, por la situación que están viviendo de no poder emanciparse por falta de ayuda de las Administraciones y por falta de agilidad en las convocatorias y posteriores resoluciones de las mismas.
Cabe recordar que la mayoría de las personas jóvenes que han solicitado el bono del alquiler son jóvenes con contratos a tiempo parcial o temporales, que sufren la subida de los alquileres y que muchas veces no pueden permitirse alquilar una vivienda y tienen que conformarse con una habitación en un piso compartido, en los mejores de los casos, o bien seguir viviendo con los progenitores, sin posibilidad de poder emanciparse, por lo que desde UGT Andalucía, exigimos el abono de estas ayudas a las personas beneficiarias, así como la puesta en marcha de otro tipo de ayudas ágiles y eficaces que permitan acceder a una vivienda digna a la juventud andaluza.
Hay que eliminar las trabas burocráticas
El bono joven de alquiler, financiado por el gobierno central, en nuestra comunidad autónoma fue uno de los últimos en ponerse en marcha, concretamente a finales del pasado 2022, y hasta la fecha la resolución de las solicitudes del mismo, casi un año después, aún no se vislumbran ni se esperan en un periodo breve de tiempo. Parece ser que existen muchas trabas burocráticas según la Junta de Andalucía, para poder cerrar la primera convocatoria del mencionado, consistente estas ayudas en 250 euros para el pago del alquiler.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que dirige Rocío Díaz, ha ido agotando todos los plazos que ha ido dando para resolver estas ayudas, que parten de financiación estatal por lo que, por el momento, no ofrece nuevas fechas o previsiones para el ingreso del dinero. Según han declarado, están trabajando para recortar los plazos, pero no ofrecen ningún plazo para resolver.
Hay que recordar que la Junta de Andalucía se comprometió a otorgar las primeras ayudas entre febrero y marzo, un período que no se cumplió, así como los seis meses como máximo que contemplaba la propia convocatoria para resolver, y que se agotaron el pasado mayo. A mediados de mayo, lo que sí hizo la Junta es enviar SMS de forma masiva a los demandantes de estas ayudas para evitar que las solicitudes se entendiesen como rechazadas por silencio administrativo. Y hasta ahora solo se han publicado dos listados con las peticiones que han pasado al estado de "resolución definitiva favorable" sin existir más novedades. También hay que recordar que se han registrado un total de 14.000 solicitudes que se registraron en la primera convocatoria y en menos de una semana, que cerró en noviembre del año pasado.
