Granada cuenta con cinco centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en los que trabajan un total de 284 funcionarios y 296 personas con contratos laborales, de las que únicamente un 16% tienen contratos fijos, según ha criticado Comisiones Obreras, que denuncia la creciente precarización de la investigación.

Un buen número de estos profesionales, tanto investigadoras/es como personal técnico, han acudido a los tribunales, reclamando sus derechos al haber sufrido concatenación de contratos e incluso ha habido alguno en fraude de ley, asegura CCOO. El resultado ha sido que la Justicia les ha dado la razón y son ahora personal laboral indefinido (fijo fuera de plantilla, eso sí, matiza el sindicato).

Según CCOO, el número de sentencias favorables a los trabajadores que han garantizado la estabilidad en sus empleos han sido 87 y otras 10 están pendientes de resolución.

La Presidencia del CSIC publicó el día 6 de abril de 2016 dos Resoluciones relativas a los procedimientos de bolsas de trabajo y nueva contratación de personal. Para CCOO "esto es parte de unas políticas contra las instituciones públicas y sus empleados, tratando de imponer un modelo neoliberal de gestión, donde la participación democrática de las organizaciones sindicales es ninguneada y los empleados públicos estigmatizados".

En dichas resoluciones se propone, entre otras medidas, explica CCOO, aplazar autorizaciones de contratación de personal; limitar las plazas de nuevo ingreso y promoción interna; limitar la percepción de la productividad 18.2 y poner límites a la distribución de  a aquellas/os investigadoras/es, grupos de investigación y/o Institutos que presenten una “alta litigiosidad”.

El origen de estas resoluciones es que en el CSIC, "debido a la desastrosa política de recursos humanos que lleva arrastrándose desde hace unos años", se ha producido una gran cantidad de personal contratado, lo que se traduce en empleo inestable y de baja calidad (son frecuentes los contratos a tiempo parcial aunque la jornada de facto sea mayor y no retribuida). Y provoca que gran cantidad de jóvenes investigadoras/es hayan tenido que continuar sus carreras profesionales fuera de nuestro país, indica CCOO.

La contratación en el CSIC es el resultado de una política de sustitución de empleo estable por empleo precario que alcanza su máximo en 2009 con el 56% de personal temporal. Mientras que las jubilaciones corresponden a trabajadoras/es con estabilidad laboral, las sucesivas ofertas de empleo público resultan totalmente insuficientes, a juicio de CCOO. Así, la contratación temporal deviene en una inmensa bolsa de precariedad en el CSIC y cubre las funciones estructurales de los centros para asegurar su continuidad.

Una de las resoluciones de Presidencia del CSIC de 6 de abril de 2016 que denuncia CCOO establece medidas "claramente coercitivas" a los grupos y centros de investigación donde realizan su trabajo el personal  que han ganado las sentencias judiciales o con demandas en curso. Es decir, como los trabajadores ejercen derechos laborales se castiga al resto de personal, recortando promociones y retribuciones, y a los centros de investigación, limitando la entrada de nuevo personal y poniendo en peligro sus investigaciones.

"Acosados por el fracaso de sus políticas de personal, el CSIC intenta ahora criminalizar al personal, castigando a los centros y grupos de investigación donde el personal ejerce sus derechos mediante demandas laborales; una verdadera caza de brujas que no tiene parangón en la Administración Pública", afirma el sindicato.

La investigación en España, según el CSIC, requiere unas políticas de recursos humanos e inversión "que hasta el momento distan mucho de lo necesario para poner a nuestro país al mismo nivel que otros países de nuestro entorno. Ha sido gracias al esfuerzo de los equipos de investigación y al trabajo del personal investigador contratado, que se continúa manteniendo un nivel internacional destacado en logros científicos en nuestro país".

"Pero estos logros conseguidos en I+D+I han sido más gracias a un esfuerzo colectivo, voluntario y profesional del personal y centros de investigación del CSIC, que como consecuencia de una política coherente en ciencia y tecnología por parte de los poderes públicos, que ha llevado a que la mayor institución de ciencia en nuestro país esté con unos niveles de contratación temporal históricos, y en consecuencia se pone en riesgo la continuidad de algunas líneas de investigación. Añadimos a este panorama el coste que supone al país que personas que han sido formadas técnica y científicamente, y altamente cualificadas, deban abandonar el país o las investigaciones en curso.