Respecto a la Agencia Espacial Española, la otra agencia para la que se había abierto la convocatoria, han sido 21 las candidaturas. El Ministerio de Política Territorial, en una nota de prensa, ha destacado "el éxito y gran acogida" del procedimiento abierto para decidir las sedes de estos organismos.

La Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, según recuerda el Ministerio de Política Territorial en una nota, gozará de autonomía, independencia, patrimonio propio y potestades administrativas. Será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de Inteligencia Artificial (IA) y para supervisar la correcta interpretación de la misma. Pretende concienciar asimismo sobre el impacto de la IA en la sociedad, con el objetivo de generar confianza en un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología. En este sentido, la Agencia tiene como principal misión minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales.

España se convertirá en el primer país de la UE con una Agencia Estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia. Por otro lado, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se enmarca en la Agenda España Digital 2026, en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ambas impulsadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas ayer, 7 de noviembre, la Comisión consultiva solicitará informe, que deberá emitirse en el plazo de 10 días, a los Ministerios de adscripción.

Concluido el plazo para la emisión de los informes, la Comisión elaborará un dictamen que analizará las posibles sedes para la entidad afectada, dictamen que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan los criterios establecidos por la Comisión.

El dictamen se remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros que, tras valorarlo, adoptará su decisión.

Una iniciativa para la desconcentración de organismos públicos

"Está acreditado el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos", apunta el Gobierno para agregar que estos efectos positivos de la desconcentración "se verán reforzados con un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia dentro de un proceso objetivo y competitivo".

"La desconcentración de organismos públicos, fortalecerá asimismo la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales".

Al enunciar los principios que deben regir el funcionamiento de la Administración pública, la Constitución resalta los de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación. El principio de desconcentración se recoge asimismo en el artículo 54.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.