La Junta publica en el BOJA la Zona de Gran Afluencia Turística de Granada tras rechazar las alegaciones del Ayuntamiento
Comercio tradicional en el centro de Granada. archivo
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos de ampliación de horarios comerciales, en todo el término municipal de Granada durante los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre tras no haber aceptado las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Granada a finales de diciembre.
En la resolución, consultada por Europa Press, se expone que el 23 de diciembre el Ayuntamiento granadino presentó en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo alegaciones solicitando que esta zona de gran afluencia turística --que supone que los establecimientos ubicados en esa área tengan libertad para determinar días y horas de apertura al público los periodos establecidos-- se limitara exclusivamente a las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; esto es, el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín.
Entre los motivos esgrimidos para ello, el Ayuntamiento trasladó en sus alegaciones la unanimidad tanto del sector comercial como de los distintos grupos municipales, recordando que hasta 2022 era este entorno patrimonial el que había permanecido vigente como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales. Junto a ello informaba de la concentración de turistas en el entorno de la zona patrimonial; y de la existencia de un gasto medio por turista de 72,70 euros y una media de pernoctaciones 1,89, entre otros asuntos.
"No está justificada" la restricción solicitada
La Junta no ha aceptado las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Granada por considerar que "no está suficientemente justificada con criterios y datos objetivos la restricción territorial solicitada y por no justificar los motivos por los cuales se excluye el resto del municipio, en el que se ubican más del 80 por ciento de las plazas de alojamientos turísticos y más del 60 por ciento de los BIC existentes, en base a los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor". Y resuelve así declarar una zona de gran afluencia turística que afecta al "término municipal completo" de Granada en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, con una vigencia indefinida "mientras se mantengan las circunstancias que han motivado la declaración".
Así, el delegado de Empleo de la Junta en Granada, José Javier Martín Cañizares, ha aclarado, en declaraciones a Europa Press, que la Zona de Gran Afluencia Turística "viene determinada por una ley estatal", remarcando que los ayuntamientos "pueden determinar, aclarar y acotar la zona, tanto del punto de vista territorial como temporal, y si no lo hacen, es la Junta la que tiene esa obligación".
"La Junta ha asumido estas competencias en función de los parámetros establecidos por la ley y lo que le corresponde por norma, pese a que el Ayuntamiento habría preferido que hubiésemos hecho la vista gorda", ha apostillado Martín Cañizares.
Así, ha puesto de relieve que los comerciantes "necesitan a los turistas para seguir adelante", detallando que la decisión de la Junta está tomada "en base a los intereses comerciales y turísticos y en beneficio del consumidor", tras mantener reuniones con el Centro Comercial Abierto de Granada, la Federación de Comercio y escuchar al Consejo Andaluz de Comercio.
La limitación de la ampliación de los horarios comerciales a los meses de mayor afluencia turística "se protegen los intereses comerciales de los diferentes formatos, se fomentan las ventas cuando hay mas demanda y se garantiza el equilibrio", ha concluido el delegado de Empleo.
El Ayuntamiento no descarta la vía judicial
El Ayuntamiento de Granada se mostró a finales del año pasado dispuesto a "llegar hasta las últimas consecuencias", sin descartar acudir a la vía judicial, para evitar la liberalización de horarios comerciales derivada de la declaración de toda la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística al entender que "sería devastador para el comercio local y de proximidad". La medida ha cosechado también el rechazo de otras instituciones, como la Diputación de Granada, así como de organizaciones sindicales y de la Federación Provincial de Comercio, entre otros colectivos.
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