juezpinar_0_0_1.png

El juez Piñar en una imagen de archivo. rtve

La audiencia preliminar del juicio contra el magistrado Manuel Piñar por un presunto delito de odio se ha fijado, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, para el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, con citación del Ministerio Fiscal, de las partes personadas y del acusado.

Según establece la resolución judicial, la incomparecencia injustificada del acusado que ha sido debidamente citado, así como la de cualquiera de las demás partes citadas en forma, no dará lugar a la suspensión de la audiencia preliminar, que se celebrará para “sustanciar aquellas cuestiones que puedan resolverse en ausencia”. Asimismo, se ha acordado notificar esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso. La resolución ha sido adoptada por los miembros de la Sala y rubricada por su presidente y ya ha sido notificada. 

Esta comparecencia obedece al procedimiento judicial que se inició a raíz de la denuncia presentada en septiembre de 2022 por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, representada por Carlos Aránguez, contra el magistrado Manuel Piñar, que se jubiló de forma voluntaria en 2024

Según ha informado el despacho del abogado Carlos Aránguez, que ejerce la acusación, esta comparecencia obedece al procedimiento judicial que se inició a raíz de la denuncia presentada en septiembre de 2022 por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, representada por el letrado, contra el magistrado Manuel Piñar, que se jubiló de forma voluntaria en 2024. La denuncia se fundamenta en la difusión, a través de redes sociales, de una serie de publicaciones que la acusación considera racistas, xenófobas y despectivas hacia colectivos vulnerables, hechos que podrían encajar en un delito continuado de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal. 

Tras la investigación judicial, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Granada acordó el procesamiento de Piñar y posteriormente la apertura de juicio oral, al apreciar indicios suficientes de infracción penal. En el procedimiento, la acusación particular solicita penas de prisión, multa e inhabilitación, mientras que la Fiscalía mostró inicialmente una posición favorable al archivo. De forma paralela, el conflicto dio lugar a otras actuaciones judiciales relacionadas con el uso de mensajes privados, por posibles delitos contra la intimidad y falso testimonio, que ampliaron el marco del enfrentamiento judicial entre el abogado denunciante y el exmagistrado.