Medio Ambiente
Granada tiene las dos macrogranjas porcinas más contaminantes de España
Ubicadas en Castilléjar y Puebla de Don Fadrique y pertenecientes a El Pozo, crían entre las dos más de un millón de cerdos al año y emiten cerca de 900 toneladas de metano y 350 de amoniaco.
Lechones pujan por alimentarse en una de las naves de la macrogranja Dehesa del Rey, en Castilléjar. greenpeace
Granada tiene el vergonzoso honor de contar con las dos macrogranjas porcinas más contaminantes de España. Se trata de dos descomunales explotaciones para la cría de lechones ubicadas en Castilléjar y Puebla de Don Fadrique, en el Altiplano granadino. Son propiedad de la empresa Cefusa, perteneciente al Grupo Fuertes, de Murcia, conocido por su marca de carnes y embutidos, El Pozo.
Las cifras de estas macrogranjas son mareantes. La mayor y primera en ponerse en marcha fue la de Castilléjar, ubicada en una finca de 1.800 hectáreas denominada Dehesa del Rey. Fue autorizada en 2005 y sus instalaciones son capaces de producir 651.000 lechones al año. Los crían hasta los 20 kilos de peso y después pasan a otras granjas de engorde hasta los 120 kilos en que son sacrificados. En 2020 declaró al Ministerio de Transición Ecológica una producción de 512.428 cabezas de ganado porcino.
Según consta en la autorización ambiental revisada en 2019 por la Junta de Andalucía, las diez explotaciones de Dehesa del Rey ocupan 177.000 metros cuadrados de naves, el equivalente a 25 campos de fútbol.
Estos son los datos de producción que constan en la revisión de la autorización ambiental de 2019:
La macrogranja de Dehesa del Rey es la explotación porcina de España más contaminante, según los datos que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica. En 2020 emitió 561 toneladas de metano (CH4), un gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera unas 30 veces más que el CO2, por lo que contribuye mucho más al cambio climático. Y el año anterior, 2019, emitió aún más, 590 toneladas.
La macroexplotación, según el Ministerio, emitió ese año 228 toneladas de amoniaco (NH3), 1.820 kilos de óxido nitroso y unos 500.000 metros cúbicos de purines. Precisamente el amoniaco es "el único contaminante atmosférico que ha aumentado (2,7%) sus emisiones con respecto a 2019" en España, según informó el MInisterio a finales del año pasado. "De los cinco contaminantes atmosféricos con objetivos de reducción de emisiones, todos los contaminantes cumplen en el año 2020 con el compromiso de reducción fijado para España a excepción del NH₃.", explica.
Además de estos contaminantes, la macrogranja se desprendió de 10 toneladas de residuos considerados peligrosos, distribuidas de la siguiente forma:
La finca Dehesa del Rey tiene un consumo de agua, obtenida de pozos, declarado al Ministerio, de algo más de 240.000 metros cúbicos en 2020, más del triple del agua que consumen en conjunto los 1.300 habitantes del pueblo de Castilléjar en un año.
Finca Millán
La segunda macrogranja porcina más contaminante de España es la ubicada en Puebla de Don Fadrique, aunque una parte también se extiende por el término de María, ya en la provincia de Almería. Es la denominada Finca Millán y pertenece también a Cefusa (El Pozo). Obtuvo la autorización ambiental para poder operar en 2016.
Es de unas dimensiones parecidas -sus naves ocupan 162.000 metros cuadrados, unos 23 campos de fútbol-, aunque algo menor que la de Castilléjar. En 2020 declaró al Ministerio una producción de 363.755 cabezas de ganado porcino, si bien tiene una capacidad para producir más de 540.000 lechones de 20 kilos al año.
Sus datos de capacidad, según la autorización ambiental concedida en 2016, son los siguientes:
La Finca Millán se encuentra en pleno crecimiento de producción y de emisiones contamintantes. Aunque tiene autorización ambiental desde 2016, empezó a operar en 2019, solo constan dos ejercicios con emisiones declaradas al Ministerio, 2019 y 2020, donde se aprecia la evolución de un año a otro:
La explotación ha pasado de emitir casi 69 toneladas de metano en 2019 a las 306 toneladas de 2020. En óxido nitroso, ha pasado de 189 a 988 kilos y en amoniaco, de menos de 27 toneladas a 124. Asimismo, en 2020 emitió 5 toneladas de residuos peligrosos.
Las dos macrogranjas son las instalaciones porcinas de mayores emisiones contaminantes, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España, donde figuran las 753 explotaciones porcinas de mayor tamaño. Especialmente la de Dehesa del Rey, en Castilléjar, aunque la de Puebla de Don Fadrique, Finca Millán, se encuentra en pleno desarrollo, por lo que previsiblemente se acercará a los niveles de la anterior.
La siguiente más contaminante, en la provincia de Cuenca, de la empresa Exporinsa, emitió 282 toneladas de metano en 2020, la mitad que la macrogranja de Castilléjar. Y 62 toneladas de amoniaco (la de Castilléjar llegó a 228 toneladas). Y la que sigue, en Lérida (Granja La Vall de Soses), emitió 218 toneladas de metano y no llegó a las 30 de amoniaco.
La organización ecologista Greenpeace denunció hace unos meses, a través de un amplio informe, que tituló 'Viaje al interior de las macrogranjas', el gran impacto ambiental de estas explotaciones y las condiciones en que viven los animales, hacinados en las naves. Y lo hizo con imágenes de la macrogranja Dehesa del Rey de Castilléjar, donde se observa la falta de espacio e higiene de las cerdas y sus lechones. Además de la contaminación por metano, óxido nitroso y amoniaco, Greenpeace también denuncia el grave daño ambiental de los nitratos de los purines, que contaminan acuíferos y aguas superficiales, como también han denunciado otras organizaciones como Ecologistas en Acción. Imágenes: Greenpeace
Las macrogranjas de Castiléjar y Puebla de Don Fadrique, aunque son las de mayor tamaño y contaminación, no son las únicas que existen en la provincia de Granada, que, si bien no sufre la densidad de explotaciones de otras zonas como Cataluña o Murcia, cuenta con un creciente número de explotaciones porcinas y avícolas.
Localidades como Chimeneas cuentan con macrogranjas porcinas como la de Santa Catalina, de la empresa Salvater 94, con más de 44.000 cabezas de ganado porcino, o Las Chozas, con más de 38.000 animales. Cefusa dispone de una macrogranja de cebo de cerdos con más de 20.000 plazas en Guadix. Freila cuenta con una explotación de 5.000 plazas de engorde, Huéscar con otra de casi 3.000 plazas. Y existen explotaciones intensivas en Diezma, Íllora, Darro (8.000 plazas de recrío y cebo), Cúllar (4.000 cerdos de cebo), Cijuela (5.680 cabezas), Caniles (casi 4.000 plazas de cebo), Ferreira (6.000), Pinos Puente (7.300)... todas ellas autorizadas en los últimos años.
Y existen otros proyectos de nuevas macrogranjas o ampliación de las existentes en Baza, Zújar o Dehesas de Guadix, entre otras.
La Fundación Savia trata de frenar la ampliación de dos macrogranjas porcinas en Castilléjar.
La Fundación Savia ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para evitar que Castilléjar ponga en marcha nuevas explotaciones ganaderas intensivas que considera perjudiciales tanto para el entorno como para los vecinos. En un escrito dirigido a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta fundación ha lamentado la falta de información facilitada por el Ayuntamiento de Castilléjar y ha trasladado su preocupación. Castilléjar es, según Savia, uno de los cuatro municipios andaluces con mayor concentración de macrogranjas de cerdos, dato que no ha impedido que el pleno municipal declarase en junio de 2021 de “interés social” y utilidad pública” la ampliación de dos de las granjas que ya existen.
Durante el periodo de información pública, la Fundación Savia y otras organizaciones y vecinos formalizaron alegaciones por los daños ambientales y para la salud de estas instalaciones, además de la posible afección a acuíferos de la zona como es el paraje de Santa Catalina de Castilléjar y una fuente destinada a consumo humano. En concreto, la Fundación Savia, presidida por Francisco Casero, presentó el pasado 29 de septiembre dos recursos de reposición potestativo ante dicho Ayuntamiento solicitando la revocación íntegra de dichos acuerdos. La organización alega “inexistencia del requisito de utilidad pública o interés social” y “falta de debida justificación del interés público”.
Conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal andaluz el interés social no puede identificarse sin más con cualquier actividad empresarial, aunque éstas supongan creación de empleo (por lo demás pírrico en este caso), según Savia, una fundación creada en 2014 de ámbito estatal. Dado que la actividad de “explotación porcina” no ha sido declarada de utilidad pública por ley o por los tribunales, el Pleno del Ayuntamiento “debió acreditar-cosa que no hizo- la existencia de ese interés público mediante informes de los técnicos del área socio-económica o de peritos especialista externos, en otras palabras debió realizar una rigurosa y exhaustiva valoración del impacto social y económico de dichas ampliaciones porcinas en otros sectores (turismo, restauración, actividades deportivas, agricultura ecológica, vivienda) en términos de creación de neta de riqueza”.
Macrogranja de Cefusa en Castilléjar. Foto: Greenpeace
Para esta organización el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar se ha limitado a asumir como propios las justificaciones y hechos alegados por el promotor, dándolos por válidos sin contrastarlo con informes técnicos propios o externos. “Más grave es que el acuerdo del Pleno desdeña sin ponderación todas las alegaciones relativas a la salud y al medioambiente de varios residentes so pretexto que eso es competencia de la Junta de Andalucía durante la tramitación de la oportuna autorización ambiental integrada”. A juicio de la fundación, esto “es incorrecto y supone confundir el ámbito competencial de cada Administración: el hecho de que un proyecto esté sujeto a la Autorización Ambiental Integrada no excluye que la apreciación del interés social y utilidad pública de un Proyecto de Actuación exija contrastar y valorar las consecuencias negativas medioambientales y para la salud pública de la iniciativa”.“
El interés social es una ecuación en donde suman los beneficios sociales y restan los perjuicios sociales. Si la diferencia es positiva hay interés social, y si es negativa, no lo hay. Ignorar o desconocer como hace el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar las consecuencias para la salud y el medioambiente de los dos proyectos de ampliación supone eliminar de esa ecuación una variable esencial y conlleva la nulidad de los acuerdos”.
Tras varios meses, y diversos requerimientos de información adicional, la Fundación Savia ha denunciado la falta de respuestas por parte del Ayuntamiento de Castilléjar. Ante esta falta de información, ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que medie para lograr una respuesta documentada y la revisión de los datos aportados por la Fundación para cuestionar los proyectos de ampliación de estas actividades de ganadería intensiva e industrial.
Previamente, el pasado 17 de diciembre la Fundación que preside Francisco Casero envió una carta al secretario de Estado para el Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la intención del Ayuntamiento de Castilléjar, en el que trasladaban la inquietud “por la explotación hídrica y afección a los acuíferos de unas explotaciones industriales de ganadería intensiva, claramente perjudiciales y negativas” para el Altiplano granadino. Esta situación también fue remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la misiva, instan al secretario de secretario de Estado del Medio Ambiente, a que “se interese por la situación y pongan en marcha las medidas oportunas para que la granja industrial explotada por Cefusa, ubicada en el paraje denominado de Santa Catalina de Castilléjar, en el Altiplano Granadino, deje de afectar a una fuente denominada Felin destinada a abastecimiento humano”.
La Fundación Savia ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para evitar que Castilléjar ponga en marcha nuevas explotaciones ganaderas intensivas que considera perjudiciales tanto para el entorno como para los vecinos. En un escrito dirigido a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta fundación ha lamentado la falta de información facilitada por el Ayuntamiento de Castilléjar y ha trasladado su preocupación. Castilléjar es, según Savia, uno de los cuatro municipios andaluces con mayor concentración de macrogranjas de cerdos, dato que no ha impedido que el pleno municipal declarase en junio de 2021 de “interés social” y utilidad pública” la ampliación de dos de las granjas que ya existen.
Durante el periodo de información pública, la Fundación Savia y otras organizaciones y vecinos formalizaron alegaciones por los daños ambientales y para la salud de estas instalaciones, además de la posible afección a acuíferos de la zona como es el paraje de Santa Catalina de Castilléjar y una fuente destinada a consumo humano. En concreto, la Fundación Savia, presidida por Francisco Casero, presentó el pasado 29 de septiembre dos recursos de reposición potestativo ante dicho Ayuntamiento solicitando la revocación íntegra de dichos acuerdos. La organización alega “inexistencia del requisito de utilidad pública o interés social” y “falta de debida justificación del interés público”.
Conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal andaluz el interés social no puede identificarse sin más con cualquier actividad empresarial, aunque éstas supongan creación de empleo (por lo demás pírrico en este caso), según Savia, una fundación creada en 2014 de ámbito estatal. Dado que la actividad de “explotación porcina” no ha sido declarada de utilidad pública por ley o por los tribunales, el Pleno del Ayuntamiento “debió acreditar-cosa que no hizo- la existencia de ese interés público mediante informes de los técnicos del área socio-económica o de peritos especialista externos, en otras palabras debió realizar una rigurosa y exhaustiva valoración del impacto social y económico de dichas ampliaciones porcinas en otros sectores (turismo, restauración, actividades deportivas, agricultura ecológica, vivienda) en términos de creación de neta de riqueza”.
Macrogranja de Cefusa en Castilléjar. Foto: Greenpeace
Para esta organización el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar se ha limitado a asumir como propios las justificaciones y hechos alegados por el promotor, dándolos por válidos sin contrastarlo con informes técnicos propios o externos. “Más grave es que el acuerdo del Pleno desdeña sin ponderación todas las alegaciones relativas a la salud y al medioambiente de varios residentes so pretexto que eso es competencia de la Junta de Andalucía durante la tramitación de la oportuna autorización ambiental integrada”. A juicio de la fundación, esto “es incorrecto y supone confundir el ámbito competencial de cada Administración: el hecho de que un proyecto esté sujeto a la Autorización Ambiental Integrada no excluye que la apreciación del interés social y utilidad pública de un Proyecto de Actuación exija contrastar y valorar las consecuencias negativas medioambientales y para la salud pública de la iniciativa”.“
El interés social es una ecuación en donde suman los beneficios sociales y restan los perjuicios sociales. Si la diferencia es positiva hay interés social, y si es negativa, no lo hay. Ignorar o desconocer como hace el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar las consecuencias para la salud y el medioambiente de los dos proyectos de ampliación supone eliminar de esa ecuación una variable esencial y conlleva la nulidad de los acuerdos”.
Tras varios meses, y diversos requerimientos de información adicional, la Fundación Savia ha denunciado la falta de respuestas por parte del Ayuntamiento de Castilléjar. Ante esta falta de información, ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que medie para lograr una respuesta documentada y la revisión de los datos aportados por la Fundación para cuestionar los proyectos de ampliación de estas actividades de ganadería intensiva e industrial.
Previamente, el pasado 17 de diciembre la Fundación que preside Francisco Casero envió una carta al secretario de Estado para el Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la intención del Ayuntamiento de Castilléjar, en el que trasladaban la inquietud “por la explotación hídrica y afección a los acuíferos de unas explotaciones industriales de ganadería intensiva, claramente perjudiciales y negativas” para el Altiplano granadino. Esta situación también fue remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la misiva, instan al secretario de secretario de Estado del Medio Ambiente, a que “se interese por la situación y pongan en marcha las medidas oportunas para que la granja industrial explotada por Cefusa, ubicada en el paraje denominado de Santa Catalina de Castilléjar, en el Altiplano Granadino, deje de afectar a una fuente denominada Felin destinada a abastecimiento humano”.
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