En los últimos siete meses se han dado de baja 914 viviendas en la provincia, más que las 810 de todo 2024
La provincia tiene registradas 11.666 viviendas de uso turístico, urbanas y rurales, con capacidad para 64.696 plazas de alojamiento
Además de la capital, Lecrín, Monachil, Güejar Sierra, Alhama de Granada y Pinos Genil han firmado convenios con la Junta para intercambiar información sobre estas viviendas y poder controlarlas.
IndeGranada
Cerraduras electrónicas de viviendas turísticas en el centro.
La provincia de Granada tiene registradas 2.129 Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural con una capacidad de alojamiento de 13.991 plazas y, por otro lado, hay 9.537 Viviendas de Uso Turístico (VUT) con una capacidad de alojamiento de 50.705 plazas. Son datos de la Junta que asegura que las medidas puestas en marcha, como la actualización de la normativa, los convenios con los ayuntamientos para controlar estos inmuebles, está dando lugar a un crecimiento "pausado, moderado y sostenible del mercado".
Así, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha subrayado que en los últimos siete meses se han producido 914 bajas, una cifra que supera el total de cancelaciones producido en todo el año 2024, que fue de 810.
Según ha explicado, en siete meses se han registrado 1.046 altas frente a 914 bajas, es decir, que por cada 10 viviendas se cancelan 9.
Más del 40 por ciento de las Viviendas de Uso Turístico corresponde a inmuebles ubicados en la capital, que cuenta con 3.925 VUT inscritas en el Registro. Barrios como Albaicín (24%), Centro-Sagrario (23%), Fígares (24%) y Realejo (13%) superan el umbral del 10% de presión turística respecto al uso residencial, lo que ha motivado, según recuerda la Junta, medidas restrictivas municipales. Por ejemplo, desde 2024 exige acceso independiente y servicios propios y desde 2025 prohíbe nuevas VUT en zonas saturadas y conversión de bajos comerciales.
En cuanto al resto de la provincia, destaca la Costa Tropical, despuntando el municipio de Almuñécar (2.237), Salobreña (526) y Motril (443). En tercer lugar, mencionar el municipio de Monachil, donde se encuentra ubicada la Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, que registra 1.075.
David Rodríguez, delegado territorial de Cultura y Turismo. junta de andalucía
En el último año y medio, se han cancelado 1.711 viviendas de uso turístico en la provincia
La Junta ha destacado que la Consejería de Turismo y Acción Exterior ha tomado "medidas para el control, regulación y ordenación de las viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía". El objetivo de estas medidas es "buscar un turismo de calidad y sostenible, con la colaboración estrecha de los municipios andaluces y la regulación de normativas a través de las Consejerías competentes en materia de Turismo y Fomento, produciendo la cancelación a nivel andaluz de 9.200 viviendas de uso turístico en este último año y medio en el Registro de Turismo de Andalucía (ya sean de oficio por la administración o a instancia de parte por el administrado)". En Granada, el volumen de VUT canceladas ha sido de 1.711.
La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimiento de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha contribuido, según el Gobierno andaluz, a "clarificar, al amparo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la posibilidad de que los Ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer, en sus términos municipales, limitaciones proporcionadas, en lo que respecta al número máximo de viviendas, de uso turístico, por edificio, sector, ámbito, periodos , área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios claros, inequívocos y objetivos".
Además, junto a la anterior norma, de forma coordinada, con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha aprobado el decreto ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Se adoptan medidas que permiten a los ayuntamientos andaluces, "adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad económica al tipo de uso urbanístico más idóneo, según su modelo de ciudad, preservando el medio ambiente urbano".
Asimismo, el citado Decreto 31/2024 regula la posibilidad que la Consejería competente en materia de Turismo pueda "celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la junta de Andalucía o de otras autoridades públicas".
Granada ha firmado convenio de colaboración con la Administración Andaluza para el intercambio de información en materia de viviendas de uso turístico; a su vez, se está trabajando para implantar un sistema de avisos que advierte a la ciudadanía de la posible exigencia de responsabilidades administrativas, así como de la iniciación de un procedimiento para la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, del que puede derivar la imposibilidad de una nueva alta para la misma vivienda durante el plazo de un año.
En la provincia de Granada, los Ayuntamientos que han solicitado la formalización del convenio en materia de VUT han sido los de Lecrín, Monachil, Güejar Sierra, Alhama de Granada y Pinos Genil.
La Junta, asegura el delegado, está de acuerdo con el Reglamento Europe sobre recogida e intercambio de datos sobre alquileres turísticos de corta duración, pero no con la fórmula del Gobierno de España para aplicar esta normativa
El Gobierno andaluz ha señalado también que "apoya el Reglamento Europeo 2024/1028, que pretende la mejora en la recogida e intercambio de datos sobre alquileres turísticos de corta duración", pero, según ha puntualizado el delegado territorial de la Consejería de Turismo, "la Junta no está de acuerdo con la fórmula adoptada por el Gobierno estatal para la aplicación de esta normativa europea establecida en el Real Decreto 1312/2024, por el que se regula el procedimiento del Registro Único de arrendamientos y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos de corta duración, duplicando la carga administrativa para propietarios y explotadores que ya cumplen con la normativa autonómica, y por eso se ha interpuesto un contencioso administrativo, porque creemos que se extralimita lo dispuesto en el reglamento europeo y se invaden competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, además de no tener rango suficiente para sustituir normas superiores".
