El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio por el cierre de los comedores escolares
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio para conocer las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Educación y Deporte ante la supresión del servicio de comedor escolar en 132 centros educativos de Andalucía, 17 de ellos en Granada.
Precisamente este viernes, familias de los colegios afectados en Granada volvieron a movilizarse para exigir una solución y 'rodearon' los coles para exigir que se restablezca un servicio esencial para la conciliación.
En la queja de oficio remitida a la Consejería, el Defensor se interesa por "el horizonte temporal previsto para poner en funcionamiento este servicio, suspendido desde el inicio del curso por renuncia de las empresas concecionarias que debían prestarlo durante el curso 2020-2021".
El Defensor del Pueblo explica que mantuvo una reunión con la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) -que representa a 2.700 AMPA de Andalucía-, cuyos representantes le advirtieron de esta situación, además de las informaciones de los medios de comunicación y las quejas recibidas en la propia institución.
La suspensión se ha dado desde el primer día de clase en centros de Infantil y Primaria, cuando los padres y madres fueron informados de que sus hijos e hijas no tendrían servicio de comedor escolar. Si bien dicha situación afecta a todas las provincias andaluzas, excepto Cádiz, la mayor parte de los centros docentes en los que no se está prestando el servicio se encuentran en Jaén y Málaga, suponiendo esto que 12.000 alumnos y alumnas no están recibiendo el servicio, con los graves perjuicios que ello está ocasionando para el alumnado que se beneficia de los planes de garantía alimentaria y para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Mientras que por parte del Gobierno andaluz se explicaba que la situación se ha debido a la quiebra de dos adjudicatarias, las cuales habían comunicado sus problemas sin tiempo para poder resolverlo, ambas empresas -Perea Rojas y Col Servicol- aseguraban que podían empezar la actividad en cualquier momento, pero que la misma Junta de Andalucía les debía 1,5 millones de euros, por lo que no contando con esta importante suma no podían iniciar el servicio.
Educación dijo que lo arreglaría en dos semanas, que se han superado con creces sin resolver el problema ni conocer plazo para la apertura
En ese momento, la Consejería de Educación y Deporte, según recuerda el Defensor, aseguró que la situación se arreglaría en dos semanas. Sin embargo, superadas esas dos semanas con creces y no resuelto el problema, ahora no señala plazo alguno para la apertura de los comedores.
"Esto nos hace temer -y a la comunidad educativa afectada también- que pudiera ocurrir lo que ya sucedió en el curso pasado en la provincia de Jaén, y que fue objeto de la tramitación, por parte de esta Defensoría", apunta para recordar que en aquella ocasión, la empresa adjudicataria del servicio de comedor escolar de 37 centros docentes de esta provincia, situados en 25 municipios, había anunciado a la Junta de Andalucía que a partir del día 15 de octubre dejaría de prestar el servicio, y así lo hizo. Si bien la Consejería de Educación había tratado de buscar una solución ofreciendo la actividad a otras empresas del sector -hasta a 60 de ellas- ninguna había aceptado por las condiciones en las que tenían que asumir el encargo. "Lo cierto y verdad fue que los escolares afectados -2.000-, no volvieron a recibir el servicio de comedor hasta bien entrado el mes de febrero, es decir, cuatro meses después de que se produjera el conflicto".
Como solución temporal, entonces y ahora, se ha puesto en marcha -y no aún en todos los centros docentes- las que se denominan “aulas de espera”, que si bien son gratuitas y cuentan con personal al cuidado del alumnado hasta la llegada de los padres y madres a las 16.00, el alumnado solo podrá comer un bocadillo o comida fría, ya que los monitores no cuentan con autorización para manejar alimentos. Además, lo que añade gravedad al problema, es que las “burbujas” del alumnado agrupado como grupo de convivencia estable se rompen, puesto que en esa situación se mezcla el alumnado de todas las edades.
En el caso de Granada, cabe destacar que la Delegación Territorial de Educación no ha hablado de las aulas de espera hasta transcurrido un mes del inicio del curso y que algunas AMPA han venido costeando este servicio. En el caso de las aulas de espera de las AMPA, no estaba permitido que el alumnado comiera en esas instalaciones.
"Para empeorar aún más la situación", abunda el Defensor, desde la Asociación empresarial de restauración colectiva de Andalucía (Aercan), se señala que esto es "solo la punta del iceberg", y que "caerán más empresas, puesto que el modelo de servicio de comedor escolar arrastra una delicada situación desde tiempo atrás, llegando a ser ahora insostenible".
El colectivo empresarial subraya, además y así lo recuerda la institución en su queja, que ellos no están obligados a contratar más monitores, ni a ofrecer medidas sanitarias al alumnado.
"Teniendo en cuenta, pues, los antecedentes expuestos, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, y a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, consideramos procedente iniciar la presente actuación de oficio, por lo que, en consecuencia, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, nos hemos dirigido a la Consejería de Educación y Deporte solicitando información sobre qué actuaciones que se están llevando a cabo para solventar el grave problema planteado, así como qué horizonte temporal se prevé para poder darle solución".
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