Los colectivos coinciden en que el decreto de la Junta, que modifica 27 leyes y un reglamento, supone un retroceso de derechos "en, prácticamente, todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de Andalucía" y abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.