Un total de 80 colectivos han presentado hoy un escrito ante el Defensor del Pueblo Español solicitando que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 aprobado por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía el pasado 2 de abril y que modifica un total de 27 leyes y un reglamento. Al escrito, presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se han adherido organizaciones como Ecologistas en Acción, FACUA, Greenpeace, CGT, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, Fridays for Future, la Coordinadora Andaluza de ONGD o el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social. Además, la petición también ha sido respaldada por más de 90 personas a título individual, como el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, la abogada Pastora Filigrana o el escritor y profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez Ramos.

 

Argumentan que “en realidad, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos”. Además, señalan que muchas de las medidas adoptadas en el sector audiovisual, medioambiental o patrimonial “no tienen nada que ver con prevenir los efectos de una inmediatacrisis económica, ecológica y social, sino que van producir el efecto contrario”. A juicio de las organizaciones, el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos. Además, también apuntan que “el decreto aprobado por la Junta invade competencias que están en manos del Gobierno central”.

 

Alegan que dado “el número y la importancia de las normas modificadas, se debería haber tramitado a través proyecto de ley y no mediante decreto-ley, utilizado –según denuncian- para “evitar una fase de información pública para organizaciones interesadas e implicadas, así como de los controles y supervisión de órganos como el Consejo Consultivo y el Consejo  Económico y Social, entre otros”. Algo que, por otro lado, organizaciones como FACUA, CCOO, UGT, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión o el Sindicato de Periodistas de Andalucía, entre otras, solicitaron en un escrito al Presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, el propio decreto, advierten, reconoce en su exposición de motivos que las reformas estructurales planteadas pueden ser “difícilmente identificables con la necesaria y urgente necesidad de ser articuladas mediante un decreto-ley”.

 

Por último, ante la modificación de gran parte de la normativa autonómica en materia de urbanismo y medio ambiente, denuncian que dichas modificaciones “lesionan el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, del mismo modo que el derecho a la protección de la salud, derechos estos, insisten, protegidos tanto en la Constitución como en nuestro Estatuto de Autonomía”.

 

Por todo ello, dado que en otras ocasiones el Defensor del Pueblo ha impugnado normas autonómicas similares que han vulnerado el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, esperan que el Defensor “estime la petición, ya que es la única vía de la que disponía la ciudadanía para impugnar un decreto que supone un retroceso de derechos prácticamente en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de Andalucía”.