Anotaciones manuscritas en agendas e informes permiten avanzar en las pesquisas
La UDEF certifica que Urbanismo favorecía a empresarios durante la etapa del PP
La jueza que investiga el Caso Nazarí recibe un nuevo informe policial que analiza la documentación requisada a uno de los funcionarios investigados en su domicilio y en su despacho en Urbanismo.
IndeGranada
Detalle del último informe de la UDEF.
En la Concejalía de Urbanismo, durante la etapa del PP, hubo un funcionamiento "paralelo y anómalo en determinados expedientes" en los que los investigados "estarían favoreciendo intereses de determinados empresarios y promotores".
Así de contundente se expresa la UDEF en el último informe remitido a la jueza que investiga la supuesta trama urbanística de Granada con las conclusiones del análisis de la documentación que le fue intervenida a Emilio Martín Herrera, uno de los funcionarios investigados en el caso, que ha ocupado la Dirección General de Licencias o la Subdirección de Planeamiento y Gestión.
Su participación, según relata la UDEF, es clave en ese funcionamiento irregular del área de Urbanismo, firmando informes que eliminaban los reparos de otros anteriores, aun cuando entre sus funciones, como refieren los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, no estaba la de elaborar esos análisis jurídicos o hubiera otros funcionarios con responsabilidades superiores para hacerlos.
Interviene, según la documentación que fue requisada tanto en su domicilio como en su despacho, en prácticamente todos los expedientes investigados en el Caso Nazarí: en la manzana del pabellón Mulhacén; en el expediente del Registro; en el T1, en Cerrillo de Maracena; en Casería San Jerónimo; en el edificio donde residen el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo; en el expediente Campus; y en el edificio Progreso.
La Policía refiere reuniones con García Arrabal. p.v.m.
Del estudio de la documentación intervenida y de las agendas del funcionario, la UDEF establece el 'modus operandi' de las personas investigadas en la Concejalía de Urbanismo, que explica así: "Al empresario le surge un problema u obstáculo en un procedimiento urbanístico, concesión administrativa o licencia solicitada en concreto donde la normativa urbanística o de procedimiento administrativo a aplicar es contraria a los intereses del empresario, dicho problema se lo plante a la concejal de Urbanismo, Isabel María Nieto Pérez, la cual requiere al poco tiempo en una reunión normalmente a los altos cargos de Urbanismo Agustín Belda, Manuel Lorente, Emilio Martín Herrera, María Paz Espínola, para que se busque una solución al problema planteado por el empresario".
La solución adoptada en los expedientes investigados, abunda el informe policial, "es siempre a favor de los intereses del empresario aunque para ello se interprete de forma torticera la normativa urbanística o de procedimiento administrativo y se justifique la solución adoptada con los informes técnicos y jurídicos pertinentes de cada una de las áreas o servicios urbanísticos involucrados, para ello los propios altos cargos realizarían dichos informes o tienen a funcionarios conniventes que los elaborarían siguiendo sus instrucciones".
Estas conclusiones certifican la manera de operar de la presunta trama, evidenciada también en los informes referidos, por ejemplo, a la documentación que se le intervino al constructor Roberto García Arrabal. En aquel informe, la UDEF aseguró: "El empresario utiliza la influencia personal de la concejala de Urbanismo para obtener favores y un trato preferencial"
Ejemplos de ese modo de proceder a favor de promotores: Casería de San Jerónimo, Serrallo o las modificaciones de la concesión en Mulhacén
"¿Qué hacemos?", es la anotación en una agenda de Martín Herrera respecto a Casería de San Jerónimo, una promoción de José Julián Romero. Entre otras irregularidades, la investigación ha constatado que se concedió licencia de primera ocupación pese a los informes contrarios, elaborando otros que se saltaban esos reparos, relacionados con el desvío del Barranco o con la urbanización del entorno.
En el expediente del Serrallo, en lo referido a las actividades de ocio que quería implantar el empresario García Arrabal, trató con Lorente cómo "dar cabida y justificar" las pretensiones del promotor. También indica, manuscritas, alegaciones para responder a un informe negativo de la Junta de Andalucía. La UDEF recuerda que Martín Herrera accedió a la función pública como arquitecto técnico y que, por tanto, no tenía competencia para elaborar informes jurídicos. A juicio de los investigadores, este hecho "evidencia una intromisión que puede estar motivada en un interés personal o de terceros conocidos por Emilio, en la elaboración del informe o escrito de alegaciones".
En la operación Mulhacén, la Policía indica que sería conocedor de las "alteraciones" en las condiciones iniciales del concurso de adjudicación. Habría intervenido en la redacción de los pliegos y, posteriormente, en la tramitación de las licencias de obras y de primera ocupación. Participó en una reunión con la exconcejala y García Arrabal "para adecuar la concesión administrativa a las peticiones del empresario".
"¿Qué hacemos?", es la anotación en una agenda de Martín Herrera respecto a Casería de San Jerónimo, una promoción de José Julián Romero. Entre otras irregularidades, la investigación ha constatado que se concedió licencia de primera ocupación pese a los informes contrarios, elaborando otros que se saltaban esos reparos, relacionados con el desvío del Barranco o con la urbanización del entorno.
En el expediente del Serrallo, en lo referido a las actividades de ocio que quería implantar el empresario García Arrabal, trató con Lorente cómo "dar cabida y justificar" las pretensiones del promotor. También indica, manuscritas, alegaciones para responder a un informe negativo de la Junta de Andalucía. La UDEF recuerda que Martín Herrera accedió a la función pública como arquitecto técnico y que, por tanto, no tenía competencia para elaborar informes jurídicos. A juicio de los investigadores, este hecho "evidencia una intromisión que puede estar motivada en un interés personal o de terceros conocidos por Emilio, en la elaboración del informe o escrito de alegaciones".
En la operación Mulhacén, la Policía indica que sería conocedor de las "alteraciones" en las condiciones iniciales del concurso de adjudicación. Habría intervenido en la redacción de los pliegos y, posteriormente, en la tramitación de las licencias de obras y de primera ocupación. Participó en una reunión con la exconcejala y García Arrabal "para adecuar la concesión administrativa a las peticiones del empresario".
Otros aspectos que recoge el examen de la documentación intervenida a este funcionario:
- Informes, contrainformes y decretos, en un solo día: Llama la atención de los investigadores el hecho de que en el expediente de Casería de Montijo, pese a los informes negativos, las reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que dejaron claras sus exigencias o una denuncia de la Policía Local, se informe favorablemente a la solicitud de licencia de primera ocupación solo un día después de recibirla. "Resulta por tanto irregular y extraño que un técnico examine, analice y compruebe la documentación que se aporta para la solicitud de licencia de primera ocupación en un solo día, cuando los plazos normales de otras licencias de primera ocupación son de varios días incluso semanas para poder emitir el respectivo informe técnico".
- Documentación "detenida" por Luis Gerardo García-Royo y Torres Hurtado, al tanto de todo: Entre las anotaciones en una de las agendas del funcionario, una referida, de mayo de 2007, al Cerrillo de Maracena (Palacio de Hielo no construido) en la que habla de "bloqueo, remisión al gerente con el ruego de que se mande al alcalde el listado de temas" a tratar. Para la Policía esa anotación "indica que el alcalde estaría siendo informado directamente del tema del Cerrillo de Maracena por el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y del tema del bloqueo del proyecto de reparcelación del citado Plan Parcial PP-T1 de Cerrillo de Maracena por parte de Luis Gerardo García-Royo"
- Colaboración con Camy, el registrador: Las anotaciones "confirman la colaboración" entre el registrador y Martín Herrera en temas urbanísticos del Ayuntamiento de Granada. Una relación "más que profesional" -llegaron a citarse en un cine para tratar asuntos- y que existía desde varios años antes de que el registrador hiciera las obras para las que obtuvo una licencia también cuestionada.
Más información:
- La Policía detecta nuevas irregularidades en el edificio Progreso
- "6.000 euros de descuento" a un investigado que compró una vivienda promovida por García Arrabal
