El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado que, seis meses después de que "fuera suprimida por equivocación" la plaza de asesor jurídico en la concejalía de Derechos Sociales, el puesto sigue sin ocupar, lo que supone “un grave problema” tanto para los cientos de familias granadinas que necesitan de orientación legal como para los funcionarios de los servicios sociales, que también precisan de su asesoramiento, y para el propio Servicio de administración y apoyo jurídico, que lleva todo este tiempo “desatendido y con el personal desamparado desde el punto de vista legal”.

El concejal Fernando Egea ha recordado que, en enero, el grupo popular ya criticó con dureza la supresión de este puesto, que ocupaba un licenciado en Derecho, y exigió el arreglo inmediato de un problema que, subrayó, “afecta a todos los usuarios que necesitan orientación legal y a la propia administración local”.

La eliminación de esa plaza se produjo el 12 de enero. Desde entonces, “ni el área de Derechos Sociales ni la Oficina Social de la Vivienda cuentan con un profesional que atienda esta importante necesidad de los granadinos”, ha resaltado Egea, que ha añadido que es un “gravísimo error” en el que se han visto involucradas las áreas de Personal, Derechos Sociales e Igualdad.

“Sin previo aviso, la plaza se llevó a Igualdad y se dejó desatendido todo lo relacionado con Derechos Sociales, lo cual es una muestra clara de la desorganización interna y la falta de previsión y preparación de las responsables de ambas concejalías”, ha significado.

Fernando Egea ha advertido de que incluso podría haberse tratado de una “jugada interna” que dejó a la concejalía de Derechos Sociales “al descubierto” y ha hecho hincapié en que, en cualquier caso, desde Personal “han sido incapaces de proveer una solución para atender una necesidad acuciante”.

El Ayuntamiento pretende recuperar la plaza de asesor jurídico y así se acordó en el pleno de junio, gracias fundamentalmente a la insistencia de los populares, que han expuesto el asunto en varias comisiones. Pero teniendo en cuenta los trámites que acarrea, eso no sucederá hasta dentro de dos meses. Mientras tanto, por la Oficina Social de la Vivienda, que fue creada por el PP hace cuatro años y donde se tramitan alrededor de 800 expedientes al año, han pasado “cientos de familias con graves problemas y que no han tenido a un profesional que las atienda por culpa de la falta de eficacia a la que ya nos tienen acostumbrados Francisco Cuenca y sus concejales. La ineficacia ha llegado a tal punto que en algunos casos los propios trabajadores sociales se están viendo en la necesidad de hacer de asesores jurídicos, cosa que nos parece una barbaridad”, ha finalizado.