En rueda de prensa, el diputado provincial Antonio Ayllón ha recordado que el “papelón” de la Junta viene de largo y se generó cuando tuvo oportunidad de impugnar la licencia de obras del centro y no lo hizo. “Entre mayo de 2005 y diciembre de 2006 nos hartamos de pedir que lo hiciera, pero ellos miraron para otro lado. Estaban presos del Clan de Armilla y no hicieron nada para impedir que avanzaran unas obras que tenían informes contrarios. Al final impugnaron, pero fuera de plazo, y así en 2014 el TSJA emitió una sentencia que le daba validez a la licencia, lo que a su vez le dio un arma importantísima a Tomás Olivo para reclamar ahora esos daños a sus intereses”, ha explicado.

 

Para Antonio Ayllón, el promotor privado “no es el culpable” de que ahora los andaluces tengan que pagar esa cuantiosísima indemnización. “La culpa es de la Junta, que no ha cumplido. Nos preguntamos si en todo este asunto ha habido corrupción, hubo financiación ilegal en su momento y, sobre todo, por qué en Armilla nunca pasa nada. Allí también se perdieron 450.000 euros por unos saneamientos del PTS que la Junta tampoco defendió”, ha añadido. 

 

Ayllón ha dejado claro que en este asunto hay “responsabilidades políticas y jurídicas” y que los máximos responsables son Teresa Jiménez, ahora secretaria general del PSOE en la provincia de Granada y por entonces delegada del Gobierno autonómico; y Pedro Fernández, actualmente alcalde de Baza y portavoz del PSOE en la Diputación y en su momento responsable de Obras Públicas en la provincia. Los servicios jurídicos del PP de Granada están estudiando la posibilidad de llevar el asunto a la Fiscalía porque entienden que han podido cometerse varios delitos, entre ellos el de prevaricación y el de malversación de caudales públicos. 

 

Por su parte, la parlamentaria Ana Vanessa García ha puesto el acento en que ni siquiera los abogados de la Junta intervinieron en su momento para defender “los intereses de la administración autonómica y de los andaluces”. También le sorprende que no se hiciera un informe pericial que contrarrestara el de Tomás Olivo. “Ni siquiera se han defendido, no ha habido nadie que valorara si el lucro cesante del que habla el promotor es de 157 millones, de 300 o de diez. Es una obligación de los peritos de la Junta, pero ni siquiera la han representado en el juicio”, ha subrayado.

 

Ana Vanessa García ha incidido en que por culpa de esa “serie de negligencias”, de los bolsillos de los andaluces van a salir 157 millones “que le vamos a regalar a Tomás Olivo”, algo que le parece de una gravedad extraordinaria y que el PP “llevará hasta donde haga falta, porque la administración debe defender los intereses públicos y evitar el menoscabo de los fondos públicos”.

 

“La inacción de Teresa Jiménez y Pedro Fernández ha causado que tengamos que pagar todos estos 157 millones”, ha continuado la diputada, que ha avanzado que este jueves su grupo preguntará al Consejo de Gobierno sobre esta “dejación de funciones” y exigirá a la presidenta Susana Díaz “que no le tiemble el pulso y que aparte a estos responsables políticos de sus cargos públicos y les reclame responsabilidades, porque sería lo justo. Debe ser implacable e impedir que sigan porque están inhabilitados para gestionar el dinero público y para representarnos en las instituciones”, ha concluido.