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La equiparación se iniciará en el presupuesto de 2018

El PP destaca el compromiso del Gobierno para afrontar "en el menor tiempo posible" la equiparación salarial que reclaman Policía Nacional y Guardia Civil

Política - IndeGranada - Viernes, 17 de Noviembre de 2017
Cargos públicos del PP de Granada participan en una reunión del portavoz parlamentario popular en la Comisión de Interior con representantes de Jusapol.
Reunion entre representantes del PP y Jusapol.
PP
Reunion entre representantes del PP y Jusapol.

El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Alberto Martín, ha defendido ante los representantes de Jusapol, colectivo que integra a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que reclaman su equiparación salarial con policías autonómicas y locales, que “pueden estar convencidos del firme y serio compromiso del Gobierno” y una muestra de ello es que “por primera vez se reconoce que es una diferencia salarial que no se ajusta a ningún criterio objetivo y que hay que solucionar”.

Según les ha trasladado Martín, "el compromiso comienza con este ejercicio 2018, siendo necesario fijar la cantidad del dinero que empieza en dicha anualidad, dependiendo también de las negociaciones parlamentarias". No obstante, "nuestra voluntad es que sea la cantidad posible más alta para hacerlo en el menor espacio de tiempo posible", ha aclarado.

El portavoz de Interior del grupo parlamentario popular en el Congreso ha hecho estas manifestaciones en la reunión que ha mantenido en Granada con Juan Quirós y David Valdearenas, de Jusapol, un encuentro en el que también han participado cargos públicos del PP de Granada: su presidente y senador, Sebastián Pérez, y los tres diputados nacionales que representan a Granada en el Congreso, Carlos Rojas, Santiago Pérez y Concha de Santa Ana, así como la vicesecretaria general del PP de Granada, Eva Martín. 

Martín ha subrayado que “el grupo parlamentario Popular y el Gobierno concuerdan con esta reivindicación y que existe un compromiso, tanto a través del Ministerio de Hacienda como de Interior, de "reconocer e iniciar la equiparación salarial desde el presupuesto de 2018”. Un hecho que ha calificado como “histórico, puesto que jamás ha habido un compromiso firme y reflejado en presupuesto”.

El portavoz de Interior ha explicado que el PP trabaja para “equiparar en complementos los salarios de Policía Nacional y Guardia Civil, en el caso de estos últimos más bajos actualmente, y ambos cuerpos con las policías autonómicas”. En este sentido, ha mostrado su "total disposición para hablar y negociar aquellas cuestiones en las que puedan surgir algún tipo de discrepancias, como puede ser qué cantidad de dinero se refleja en el presupuesto de 2018 y qué ritmo presupuestario anual es necesario para lograr la equiparación en el menor tiempo posible”. 

"Esta supone un mínimo de 1.500 millones de euros", según ha explicado para referirse a otros asuntos a solventar en materia de seguridad como “aumentar plantillas, más inversión en dotación de chalecos personales antibalas, renovación de vehículos cuya vida útil se ha ido alargando con la crisis o continuar con las reformas necesarias en comisarías y cuarteles”. Precisamente por ello, Martín se ha referido a  “una propuesta global porque entendemos que la seguridad es una política muy demandada y necesaria y más cuando tenemos un nivel de alerta antiterrorista 4”. 

Se deben estudiar también complementes para "situaciones de ambiente hostil", como lo ocurrido en Cataluña, señala el PP

Ha aludido también a la necesidad de abordar “el reconocimiento de singularidades”, y ha puesto como ejemplo los casos de agentes destinados en Cataluña, “se debe estudiar si es necesario establecer existencia de un complemento en situaciones de ambiente hostil puesto que hay familias que, mientras ese ambiente perdura, están sufriendo y debe analizarse si hay aplicar un complemento específico por esas circunstancias”, concluyó.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha considerado que se trata de una reivindicación “justa”, insistiendo en que es necesario consensuar para “articularla debidamente en los Presupuestos Generales del Estado”.