El grupo del PP en la Diputación de Granada ha puesto en cuestión la "legalidad" de los procesos de selección de personal de la institución provincial después de dar a conocer "una nueva impugnación" en uno de estos procesos para conformar una bolsa de empleo para una plaza de jardinero-viverista.

Según ha informado en rueda de prensa la diputada provincial del PP Soledad Martínez, las denuncias presentadas por los propios opositores "obligan" al gobierno de José Entrena, del PSOE, a "dar marcha atrás" al proceso y repetir una de las pruebas de acceso, "impugnada por posibles irregularidades".

"Se trata de un nuevo revés para el gobierno de José Entrena en la Diputación Provincial, que no lleva ni dos años al frente de la Institución y ya acumula una larga lista de irregularidades en procesos selectivos de empleo público", ha señalado la diputada provincial del PP.

Conforrme a lo señalado por Martínez, la convocatoria de las oposiciones para conformar una bolsa de jardinero-viverista se publicó en diciembre de 2015, constando de dos fases.

La primera de ellas, valoraba los méritos de los cerca de 800 aspirantes que concurrieron, y la segunda fase se dividía a su vez en dos, una entrevista y una prueba escrita.

Es en esta prueba escrita donde surgen las posibles irregularidades denunciadas y puestas de manifiesto por los propios opositores, quienes aluden a que pudo "alterarse" el reparto de los dos modelos de examen "a conveniencia", basándose en que el reparto se hacía según orden alfabético de los aspirantes que habían superado la primera fase, según ha añadido Martínez.

En septiembre de 2016, cuando el procedimiento finaliza y se publican las listas definitivas de admitidos, varios de los opositores presentan recursos contra la resolución definitiva propuesta por el tribunal calificador.

"La persona que presenta este recurso de alzada considera que con ese proceder se infringe la participación de todos los opositores en igualdad de condiciones" y "se ampara en un informe del tribunal de selección que determina que uno de los exámenes fue suspendido por un 91 por ciento de los participantes, mientras que el segundo modelo solo alcanza un 16 por ciento de suspensos, quedando así demostrado que la dificultad de un ejercicio era superior al otro, incumpliendo el que todos los opositores participen en igualdad de condiciones", ha explicado Martínez.

Uno de los recursos de alzada, presentado por uno de los opositores, contra quién nombró al presidente del tribunal prosperó, al considerar que se vulnera el artículo 23 y 103 de la Constitución Española, infringiendo la participación de los aspirantes en igualdad de condiciones.

El recurso fue admitido y, en enero de 2017, el propio diputado de Recursos Humanos, Manuel Gómez Vidal, tuvo que "resolver" que se anulara la prueba escrita de la segunda fase y que el tribunal de selección proceda a la repetición del examen, ha explicado Martínez.

La diputada 'popular' ha recordado que el Gobierno de José Entrena puso en marcha, por primera vez en la historia de la Diputación y a instancias de los grupos de la oposición, una comisión de investigación a causa de la denuncia hecha contra el proceso selectivo de una plaza de letrado.

Martínez ha concluido incidiendo en que la Diputación Provincial, como administración pública, "debe garantizar el que todos los aspirantes concurran en igualdad de condiciones" en los procesos de empleo público que convoque.