Una sentencia de lo Contencioso-Administrativo ha declarado "nulo" el convenio del tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la Diputación de Granada en los municipios menores de 5.000 habitantes, según ha informado este lunes el PP, que ha valorado como un "lío tremendo" la situación que abre en la provincia este pronunciamiento judicial.

Según ha informado la portavoz adjunta del grupo 'popular' en la Diputación, Inmaculada Hernández, ello tendrá consecuencias económicas y de gestión "a cortísimo plazo", en referencia a que, según este convenio aprobado por el PSOE en la Diputación en 2016, el presupuesto de la institución para 2017 tiene previstos ingresos superiores a los diez millones de euros por el cobro de la tasa de tratamiento que deben pagar los ayuntamientos granadinos. "Esa cantidad no está cobrada en su totalidad, pero además tampoco se pueden cobrar, según esta nueva sentencia", ha reseñado.

La diputada provincial se ha referido al "quebranto económico" que esto supondrá en las arcas provinciales y el "desequilibrio financiero" al que dará lugar, que obligará al presidente de la Diputación, José Entrena, a tomar medidas "a corto plazo" para recuperar la "estabilidad económica perdida", al margen de las decisiones "que tome para solucionar los problemas generados con su convenio".

En este sentido, ha trasladado la "preocupación" del PP por la "parálisis, descoordinación y gestión nefasta" que "bloquea" al gobierno de Entrena quien, según ha indicado Hernández, "se enteró de esta sentencia por el grupo 'popular' y tal era su desconocimiento del tema que el recurso presentado contra la misma se presentó fuera de plazo, con cinco días de retraso" lo cual debería conllevar, en su opinión, "responsabilidades políticas".

El modelo de convenio para el tratamiento de los residuos que el gobierno de la Diputación aprobó en pleno, contó con el voto en contra del Partido Popular, que advirtió de que no era "bueno", porque los municipios menores de 5.000 habitantes "no tienen apenas recursos propios para tratar la basura".

"Es la Diputación Provincial la que se tiene que hacer cargo y financiar el tratamiento de la basura, ya que es una cuestión de salud pública de primer orden y absolutamente prioritario que todos los pueblos tengan sus residuos recogidos y tratados", ha destacado Hernández.

La Diputación Provincial cobra a los ayuntamientos granadinos una tasa por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. "En unos casos, algunos ayuntamientos no están pagando, como el Ayuntamiento de Granada, que acumula 800.000 euros impagados correspondientes al año 2016; lo que nos lleva a políticas socialistas del pasado, con la extinta Resur, donde la deuda llegó a superar los 25 millones de euros", ha aducido Hernández quien ha explicado que, por otro lado, "ahora nos encontramos con que los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, que estaban pagando la tasa, tienen un recurso legal que les da la razón en cuanto a que tiene que ser la Diputación la que asuma ese gasto, con lo cual esos ayuntamiento pueden pedir la devolución de ingresos indebidos y no sabemos cómo se va a solucionar el problema y quién va a financiar el tratamiento de la basura".

Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, Ana Vanesa García, administración que presentó la denuncia y a la que el juzgado ha dado la razón, ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que la justicia haya dictaminado que la competencia del tratamiento de la basura en los municipios pequeños es de la Diputación Provincial y no de los ayuntamientos.