El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes condena la actitud “pasiva y cómplice del Ayuntamiento de Granada” durante 25 años, desde que se permitió que Rober cometiera “fraude de ley” con la creación y uso de Alhambra Bus como “empresa pantalla”, tal y como sostiene el fallo del Juzgado de lo Social 1 de Granada. La sentencia con fecha de 8 de enero de 2021 certifica que los 20 trabajadores afectados de Alhambra Bus tendrán que gozar de los mismos derechos y sueldos que el resto de personal de Rober.

La coalición felicita a los afectados de Alhambra Bus puesto que al término del proceso judicial deberán cobrar de acuerdo al convenio colectivo de Rober. El grupo municipal exige que se ejecute la sentencia, ya que la justicia se ha pronunciado de “manera contundente”.

El fallo sostiene que existió “un evidente fraude de ley que se consumó en el año 1996 y que se ha venido perpetuando hasta hoy”, cuando Rober creó Alhambra Bus como empresa “pantalla”, y que se presentó ante el Ayuntamiento de Granada como una opción de subcontratación ‘low cost’ de las líneas Centro-Alhambra y Centro-Albaicín. El documento cita que fue el Ayuntamiento de Granada quien reiteró “que debe implicar menor coste”, lo que para la confluencia se trata de una “vergüenza política más de esta ciudad”.

Para el portavoz de Podemos-IU e Independientes, Antonio Cambril, el fallo del juzgado vuelve a demostrar que “Granada es la gallina de los huevos de oro de la privatización de servicios” y que “este tipo de casos suceden cuando se entrega el alma a la empresa privada”.

Un socio "desleal"

Cambril sostiene que la sentencia demuestra que Rober ha resultado ser un socio “desleal y muy caro” para el Ayuntamiento, a quien le ha “estado succionando dinero durante 25 años con un contrato leonino, como el de Inagra”. Según el documento, sostiene el edil, “Rober tiene siempre asegurado un 8,25% de beneficio aunque los gastos se disparen”. “Con esta premisa la empresa no tiene por qué buscar mayor eficiencia, todo lo contrario, cuanto más cueste el servicio, más ganará Rober, ya que un 8,25% de un mayor coste será siempre un mayor beneficio neto para ellos”, indica Cambril.

Esta información, según la confluencia, vuelve a poner de manifiesto "la urgente necesidad que tiene Granada de gestionar sus servicios de forma directa, ya que las empresas privadas han desangrado durante décadas las arcas con contratos mastodónticos y abusivos". El portavoz recuerda al bipartito que “disponemos de un año para activar la municipalización del servicio de autobuses y acabar con semejante atropello en serie” y pide “comenzar a trabajar en el nuevo contrato para que no suceda al igual que con la prórroga de Inagra, que ha condenado de nuevo a la ciudad a pagar desproporcionadamente por un servicio”.

El Ayuntamiento, añade el grupo municipal, ha sido corresponsable del reconocido fraude de ley desde 1996, ya que ninguno de los gobiernos que ha tenido Granada ha realizado un solo estudio económico sobre la viabilidad del servicio de transporte. Según se cita en la sentencia, el único texto realizado por el Consistorio es un informe jurídico que avala la creación de la sociedad Alhambra Bus, cuestión que la coalición tilda de “nefasta y más que dudosa”.