"Es importante la labor de coordinacion de las entidades sociales y religiosas y particulares que de manera absolutamente altruista y solidaria se activanron, el pasado fin de semana, para la atención de la situación de emergencia después del abandono por el Gobierno central una vez más, de 54 inmigrantes en Granada", ha afirmado la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Granada, Pilar Rivas, quien ha añadido no obstante que "esto es lo normal cuando algo te pilla de sorpresa, pero no cuando ya han trascurrido meses desde la última vez que ocurrió, el pasado mes de diciembre". 

Al respecto Rivas ha destacado que la colaboración del tercer sector "debe ser un apoyo pero nunca el sostén de la atención. En ningún caso la atención solidaria y la buena voluntad de las personas y entidades puede ni debe suplir la responsabilidad de las administraciones". 

Por ello ha considerado que desde el mes de diciembre se debió haber intentado establecer diálogo con la Subdelegación del Gobierno, y exigir un protocolo de actuación y los medios económicos o denunciar su ausencia.  Y por parte de la Administración local, "hacer nuestros deberes como Ayuntamiento". "Se debió articular los mecanismos para que las unidades municipales, aquellas que con normalidad atienden a este sector de población, se puedan activar. Ellos son quienes tienen los conocimientos técnicos y expertos y las estructuras más adecuadas", ha afirmado. 

"Hablamos de reforzar los circuitos normalizados de atención", ha apuntado la concejala. "Tanto el  Servicio de Atención al Inmigrante como el Centro de Orientación y Atención a Personas Sin Hogar deben contar con el personal y los recursos habitacionales suficientes. Recordamos una vez más, que el Centro de Orientación y Atención a las Personas sin Hogar no tiene solo entre sus funciones la atención a las personas sin hogar sino a aquellas que por circunstancias varias, se ven obligadas a desplazarse. Granada es ciudad de paso o de destino temporal, de muchas personas, temporeros del campo por ejemplo, o casos como la hospitalización en Granada de un familiar de otra provincia que son casos que se atienden con normalidad, de forma que ya se tienen la motodología y las claves para esa atención", ha reflexionado.  

"Ante políticas basadas en introducir el miedo a la ciudadanía, algunos partidos políticos debemos hacer frente común"

En este sentido ha agregado que apenas 4 o 5 personas de las 50 que llegaron a Granada en diciembre permanecen aquí, es decir, "casi la totalidad de las personas migrantes están de paso y han continuado su viaje hacia otros destinos del territorio nacional y de Europa, intentan reencontrarse con sus familiares. Apenas un billete de autobús, un poco de asistencia de primera necesidad y una llamada de teléfono separan una atención digna y respetuosa de los derechos humanos de un trato inhumano", ha manifestado para agregar que, "ante políticas migratorias basadas en introducir el miedo a la ciudadanía, algunos partidos políticos debemos, sin lugar a dudas, hacer frente común". "En casos como éste, no es solo el Gobierno Central y el Partido Popular y sus políticas migratorias, quienes están fallando estrepitosamente, sino todas las instituciones en su conjunto, estamos obligadas a dar una primera atención sanitaria, pero hablamos también de nuestro deber en la detección de trata de mujeres, de la detección de menores en desprotección, de la asistencia jurídica o del derecho de asilo, etcétera".

Para el nuevo Gobierno central, ha añadido, "la atención a los más vulnerables debe volverse una prioridad". A su juicio, "es el momento de eliminar de raíz unas políticas migratorias que durante años han venido a criminalizar a la población migrante, políticas que se han basado en el discurso del miedo, la escasez y la competitividad por los recursos, una falacia tras otra, para eludir una responsabilidad".

"Entendemos que estas políticas deben ser sustituidas por un análisis serio demográfico que analice en el mismo plano que los movimientos migratorios el alarmante envejecimiento de la población y su repercusión en el modelo económico que nos sostiene", ha señalado Rivas. "Esperamos a partir de ya, por tanto, la paralización de la apertura del CIE de Motril y que los medios económicos previstos para ello se pongan a disposición de los Ayuntamientos que formamos parte de la red de ciudades de la frontera sur, ciudades que debemos ser vías seguras de paso de las personas migrantes, sin duplicidad de recursos, desde los recursos normalizados, que de paso servirá para el refuerzo de los recursos destinados a toda la población en situación de necesidad. Todo ello en cumplimiento de todos los tratados y convenios europeos firmados y de nuestra propia normativa, nacional, autonómica y local".