La pieza separada del caso Marchelo sobre presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín irá a juicio después de que las defensas y las acusaciones no hayan alcanzado un acuerdo durante la comparecencia fijada para este jueves en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

Las partes han cerrado la sesión con la firma de un acta de disconformidad por diferencias existentes en la cuantía de las indemnizaciones que solicita la acusación particular ejercida por un empresario por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la construcción presuntamente ilícita de esta gasolinera en la Avenida de Andalucía, después de que a él se la denegaran previamente por tratarse de un terreno residencial.

La causa queda así pendiente de la fecha de juicio y en ella están acusados el que fuera concejal de Urbanismo de Alhendín en el momento de los hechos; Manuel F.M; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia para la gasolinera

La causa queda así pendiente de la fecha de juicio y en ella están acusados el que fuera concejal de Urbanismo de Alhendín en el momento de los hechos; Manuel F.M; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia para la gasolinera. También estaba acusado el alcalde de Alhendín en ese momento, José Guerrero (PP), para el que la Audiencia de Granada ha acordado archivar provisionalmente la causa por motivos de salud.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, se les atribuye la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde presuntamente negoció con el empresario acusado la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.

El Ministerio Fiscal hace constar que esta actividad era "contraria a las normas subsidiarias vigentes", dado que el terreno estaba en la categoría de 'suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar". Sin embargo, presuntamente "conocedores de dicha contradicción patente y notoria con la normativa urbanística", el alcalde aceptó "a instancias del empresario", condicionar la perfección del contrato a la aprobación de los permisos y licencias municipales necesarias para permitir la gasolinera.

Ello, según incide la Fiscalía, "a sabiendas de que la actuación comprometida vulnera la legalidad vigente" y contando para ello con la "connivencia" del entonces concejal de Urbanismo y dos ediles más que "conscientemente" votaron a favor de las licencias y proyectos presentados por el empresario "a pesar de conocer la vulneración de las normas urbanísticas vigentes y con el concurso del técnico municipal".

A este último le acusa de "informar favorablemente" a "instancias del alcalde" las licencias y proyectos para este expediente urbanístico "a pesar de ser consciente del quebranto de la norma". Toda la operación incluyó presuntamente "un cambio fraudulento en la clasificación del suelo" para que se pudiera construir y explotar comercialmente la gasolinera, según indica la Fiscalía.

Por este asunto, solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal; y 21 meses de prisión para el empresario presuntamente implicado (esto mismo solicita también al exalcalde José Guerrero). Penas que eleva la acusación particular, ejercida por el letrado José Manuel Urquiza, quien reclama también la anulación de las licencias vinculadas a la gasolinera y su demolición.

La Fiscalía y las defensas de varios de los acusados sí avanzaron el pasado martes y miércoles en la firma de acuerdos de conformidad que, de confirmarse en los próximos días con el resto de implicados, evitarían ir a juicio en las otras dos piezas separadas en las que la Audiencia de Granada ha dividido esta macrocausa cuya instrucción se ha prolongado más de 15 años.

Una de ellas está vinculada a las supuestas irregularidades en la edificación de la Urbanización Novosur, cuyas obras llegaron a ser paralizadas por el Ministerio de Defensa tras detectarse que los edificios invadían las servidumbres de la Base Militar de Armilla. La otra pieza es la que gira en torno a presuntas irregularidades en el polígono industrial de Marchalendín.

Las defensas confían en que pueda producirse un nuevo encuentro la próxima en la Audiencia para perfilar estas posibles conformidad que afectan a más de una decena de acusados entre empresarios, técnicos y políticos que se enfrentan a penas de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida.