Cuatro años y medio después desde que El Independiente de Granada desvelara la propuesta del PP de extinguir la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) para integrarla en un Instituto de la Salud de Andalucía (ISA), junto a la Fundación Progreso y Salud, el Parlamento autonómico procederá esta tarde al debate final y, con la mayoría absoluta de la derecha, será aprobada definitivamente.

La ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía, que hoy se aprobará en el Parlamento, incluye las últimas enmiendas del PP, que no admitió la última petición desde Granada, que la nueva agencia administrativa, tuviera su sede principal en la EASP

Atrás queda un largo proceso, que movilizó al personal de la Escuela, sindicatos, partidos de la oposición y a la ciudadanía, sin lograr que el PP retrocediera. A partir de la aprobación de la Ley, la EASP no operará tal y como la hemos conocido desde su fundación, en 1985, en un tiempo en la que llegó a ser referencia internacional de salud pública, lo que le valió la apreciada acreditación de colaboradora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya en cuestión por el organismo.

La ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía, que hoy se aprobará en el Parlamento, incluye las últimas enmiendas del PP, que no admitió la última petición desde Granada, que la nueva agencia administrativa, tuviera su sede principal en la EASP.

Y así, la sede estará en Sevilla, en la Consejería de Salud y Consumo, donde también residirá la dirección, gestión y los órganos de gobierno del Instituto, que negó a Granada, así como las competencias de conocimiento.

A Granada, que llama “otra sede”, deja en la EASP los competentes en formación, consultoría y colaboración con organismos e instituciones internacionales, pese a reconocer hasta la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que el acuerdo estrella con la Organización Mundial de la Salud, que mantenía la Escuela, se caerá con la creación del nuevo organismo.

A Granada, que llama “otra sede”, deja en la EASP los competentes en formación, consultoría y colaboración con organismos e instituciones internacionales, pese a reconocer hasta la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que el acuerdo estrella con la OMS, que mantenía la Escuela, se caerá con la creación del nuevo organismo

Con la incertidumbre del futuro del personal, en la recta final del proceso sucedió la dimisión de su directora gerente, Blanca Fernández Capel, en una reflexión, que reconoció en su mensaje a la plantilla, que llevaba tiempo meditando. En su lugar, la Junta 'premió' a Diego Vargas, ex gerente del SAS, que salió de la Consejería por las inaceptables listas de espera, con la dirección de la EASP en su recta final.

El último borrador que el PP leva al Parlamento trata de suavizar el impacto en la EASP de la creación del Instituto y reemplaza “extinción”, que permanecía inalterable desde el inicio del proceso, por “La presente Ley tiene por objeto la creación del Instituto de Salud de Andalucía, en adelante el Instituto, mediante la asunción de las funciones, personal y medios de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, de la Escuela Andaluza de Salud Pública S.A”, según el punto 1 del borrador a debate, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada.

En el punto 2, establece que “la creación del Instituto implica la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y de la Escuela Andaluza de Salud Pública S.A., con sucesión universal de derechos y obligaciones, así como la integración del personal”.

Pero advierte de que “el acceso de este personal a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía solo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de ofertas de empleo público”

Mientras que en el punto 3, insiste en que “la asunción por parte del Instituto de los fines, funciones, personal y bienes de las entidades citadas en el apartado uno, conlleva la sustitución de sus respectivas personas jurídicas, conforme a los procedimientos legalmente establecidos para ello”.

Sobe la plantilla, en la adicional tercera, señala que “el personal que viniera prestando sus servicios en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y en la Escuela Andaluza de Salud Pública S.A., se integra en el Instituto, con todos los derechos y obligaciones laborales y sociales inherentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

Además, indica que este personal “tendrá la consideración de personal laboral del Instituto de Salud de Andalucía sin que pueda ser considerado personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía”, pero advierte de que “el acceso de este personal a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía solo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de ofertas de empleo público”.