El gobierno local no logró ayer sacar adelante la aprobación de un crédito extraordinario, de 1,6 millones, para el servicio de limpieza y recogida de basuras en Granada. Así, el pleno, con los 15 votos en contra que suma la oposición frente a los 12 del gobierno, rechazó el punto que llevaba el área de Economía para ampliar el presupuesto que se destina a estas labores.

La partida reservada para el servicio de limpieza es insuficiente. Los 39 millones destinados a ese fin no cubren el coste real, que el gobierno local cifra en 41 millones de euros. Al respecto, el concejal responsable del área de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, señaló que esos 39 millones de euros gastados en los ejercicios anteriores no incluían servicios extraordinarios como los que este año, ya sin restricciones de la pandemia, habrá que asumir, como son fiestas o Semana Santa. 

El gobierno local también advirtió de que no ampliar el crédito para prestar este servicio tendrá sus consecuencias en el servicio y en personal. 

De fondo en la negativa de la oposición el actual contrato -en fase de renovación- y los beneficios que la adjudicataria recibe cada año. Unidas Podemos, que criticó la advertencia respecto a las consecuencias para el personal de no sacar adelante este crédito extraordinario, volvió a defender la que ha sido su postura al respecto, rechazando los grandes beneficios que la empresa Inagra recibe por este contrato. 

Como ya había defendido en Comisión de Economía, Unidas Podemos considera que la ampliación en 1,6 millones no estaba justificada y suponía un nuevo golpe a las arcas municipales en beneficio de la empresa.

La justificación de este pago extra al socio privado, como había recordado UP, es que se incluye la revisión del IPC, la actualización de la amortización más financiación de activos pendientes o el incremento de la partida de gasto de mantenimiento de vehículos amortizados.

Para Unidas Podemos, "la obligación del Ayuntamiento de Granada no es volver a los actos de ocultación, sino atender a la norma y aplicar la Ley de desindexación de 2015, la cual impone que la revisión de precios de servicios públicos debe hacerse en función de un IPC particular adaptado a los costes reales del servicio". El considera necesario un estudio económico, una evolución del coste efectivo de los servicios y, además, un procedimiento de la modificación del contrato que debe ser publicado y presentado a un proceso de alegaciones y exposición pública. 

"Tendrán que demostrarnos la necesidad de este desembolso con un estudio económico pormenorizado para cambiar nuestro voto de cara al próximo pleno, algo que se antojo poco probable", había señalado durante la semana el portavoz de UP, Antonio Cambril.

"Vamos a hacer un acto de transparencia sobre los beneficios desmesurados de una de las empresas privadas que prestan servicio en el Ayuntamiento de Granada", había afirmado Cambril para añadir que este año se repartirán 20 millones de dividendos de un fondo de reserva de algo más de 30 millones, de esos 20, 16 los recibirá Prezero (matriz de Inagra que tiene el 80% de la empresa) y 4 millones los recibirá el Ayuntamiento. Advierte, además, que "esos 4 millones irán destinados directamente a compensar la deuda existente con la empresa, o sea, lo que dan con una mano, lo cogen con la otra. Otro golpe". 

"Nuestro cálculo es que la prórroga se extenderá como mínimo hasta finales de 2023. No menos de 3 años, una auténtica barbaridad sabiendo el sobrecoste al que somete Inagra a todos los ciudadanos"

Según Unidas Podemos, la deuda que mantiene el Ayuntamiento con Inagra supera los 19 millones de euros, y la vencida es de 15,3 millones. Además, de estos 4 millones por pago de deuda, el Ayuntamiento pagará 1,6 millones extra durante los últimos 6 meses de este año, a razón de 214.000 euros de agosto a diciembre. El problema, según el portavoz de UP, es que el dinero se puede acumular para el próximo año, y tal como va el proceso de licitación de pliegos, "nuestro cálculo es que la prórroga se extenderá como mínimo hasta finales de 2023. No menos de 3 años, una auténtica barbaridad sabiendo el sobrecoste al que somete Inagra a todos los ciudadanos". 

"Una empresa que según la memoria justificativa se elaboró para defender la gestión privada y que establecía que la media española de beneficios en este tipo de negocios, limpieza y basura, era del 3% sobre el volumen de negocios, resulta que en Granada supera el 9%. Es decir, Inagra está cobrando al Ayuntamiento más de tres veces la media española y ahora, quieren cobrar 1,6 millones más. Nunca tienen suficiente", reprocha. 

"Nos parece una indecencia y un abuso que van a pagar todos los granadinos", mantiene y añade que "un beneficio así de desmesurado, cuanto menos, no se puede convertir un aumento coyuntural de los costes, como es la subida del IPC, en un cambio estructural del contrato por lo que creemos que se está realizando una maniobra de ingeniería contable que pagarán todos los ciudadanos de su bolsillo".