La nueva delegada de Regeneración en Granada fue la jefa del gabinete jurídico de la Junta que erró en el caso Nevada
Imagen de los aparcamientos del Nevada reflejado en los cristales del centro comercial. p.v.m.
La nueva delegada territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Elisa Fernández Vivancos, fue la jefa del gabinete jurídico de la Junta en Granada que erró en el caso Nevada, que ha supuesto un quebranto para las arcas autonómicas de 200 millones de euros.
El fichaje estrella de Ciudadanos para asumir en Granada la Delegación Territorial de la Consejería que dirige Juan Marín, el vicepresidente el Gobierno andaluz, fue apartada del gabinete jurídico provincial por decisión de los servicios jurídicos centrales de la Junta, que la destituyeron por la pésima gestión en este caso.
Después de ser destituida fue enviada como letrada al Patronato de la Alhambra.
Paradójicamente, en sustitución de Elisa Fernández Vivancos fue designado como jefe del gabinete jurídico en Granada el letrado que no acudió a la vista del caso que ha derivado en una indemnización millonaria al promotor del Centro Comercial Nevada, Tomás Olivo.
El caso Nevada y el error jurídico causó una gran conmoción dado el elevado coste que supondrá para las arcas públicas.
Tanto Ciudadanos como su socio de Gobierno PP han utilizado este caso para culpar al PSOE del quebranto y extender sus críticas a toda la gestión de la Junta.
El pasado diciembre Ciudadanos, que apoya a los socialistas en la Diputación, se alió con el PP en la Diputación Provincial para aprobar una moción, en un pleno extraordinario, en la que exigían depurar responsabilidades.
La ahora consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, llegó a criticar con dureza a los servicios jurídicos por este caso hasta el punto de llegar a afirmar que su actuación errónea "no fue casual".
En concreto, Carazo exigió "la apertura de una investigación interna en la Junta para depurar cuantas responsabilidades se deriven del cúmulo de errores que ha provocado que todos los andaluces tengamos que pagar de nuestro bolsillo más de 200 millones de euros a un promotor", en referencia a Tomás Olivo.
La ahora consejera señaló que "la sentencia condenaba a la Junta -a pagar 165 millones más unos intereses diarios de 25.000 euros- entre otros motivos porque al letrado de la Junta curiosamente se le olvidó acudir al juicio donde debía defender el interés general".
"Ese error no creemos que sea causal como tampoco lo fue el hecho de que el letrado responsable del mismo se le ascendiera después a jefe de los servicios jurídicos de la Junta en Granada", añadió Carazo.
"Vamos a estudiar muy bien cómo reclamar a los políticos y técnicos responsables de estos desmanes para que respondan personalmente de los errores cometidos", agregó.
Ciudadanos defiende el nombramiento y dice que ha luchado contra la corrupción en la Junta
Fuentes de Ciudadanos la desvinculan de las decisiones erróneas que se tomaron mientras estaba al frente del gabinete. "No llevaba ese caso", han indicado asegurando que la Junta, desde Sevilla, lo asignó a uno de los letrados, Antonio Luis Fernández Mallol, que fue quien lo llevó "desde el principio hasta el final" y quien "se ausentó" del juicio en un "momento clave". "A Elisa la cesaron y a este abogado lo nombraron jefe de los servicios jurídicos en Granada", han agregado las fuentes para asegurar que fue cesada por "incómoda", mientras que el letrado responsable
Desde la formación naranja se subraya que la nueva delegada territorial de la Consejería que dirige el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, "ha luchado contra la corrupción" en el seno de la Junta, llevando la acusación en procesos penales relacionados con la Alhambra.
Fernández Vivancos ha sido nombrada este martes por el Consejo de Gobierno junto a los otros cinco delegados territoriales que acompañarán a Pablo García en la Junta. Así, han sido designados Virginia Fernández como delegada de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Empresas Conocimiento y Universidad; Antonio Jesús Castillo como delegado de Educación, Deporte, Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación; María José Martín, como delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Sostenible; Antonio Granados, delegado de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico; e Indalecio Sánchez Montesinos como delegado de Salud y Familias.
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