Tras un primer intento fallido el pasado abril, el Ayuntamiento de Motril ha puesto nueva fecha para sacar adelante la recalificación de 22.000 metros cuadrados de suelo agrícola, hasta ahora destinado al cultivo de chirimoyos, para la instalación de un parque comercial. Un proyecto que puso en marcha el anterior gobierno del PP y que se ha ido demorando en parte por las dificultades para autorizar el cambio de suelo.

Ecologista en Acción advierte de que la operación urbanística contraviene la legislación urbanística, ambiental y las leyes de transparencia. El Ayuntamiento por su parte defiende su legalidad y recuerda que generará muchos puestos de trabajo.

Será en un pleno en noviembre, probablemente el próximo día 7, cuando el Ayuntamiento trate de nuevo de culminar la innovación del Plan General de Ordenación Urbana que dará cabida al parque comercial, incorporando, ahora sí, los nuevos requisitos, entre ellos ambientales, que exigió la Junta. 

A juicio de Ecologistas en Acción, tras esta reclasificación de terrenos "se esconde una de las operaciones urbanísticas más oscuras de los últimos años". El objetivo, según denuncian a través de página web, es que el grupo inversor propietario de los terrenos "pueda rentabilizar la compra que pactó hace años a precio de terreno urbano". Ve "intereses especulativos" y exige a las adminsitraciones que velen "por el estricto cumplimiento de las leyes". 

Según el colectivo, los terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, Cultivo Tradicional, según el PGOU vigente en Motril, que fue redactado -recuerda Ecologistas en Acción- bajo la dirección de Marifé Montero Pleite, cuando dirigía como arquitecta municipal el Servicio de Urbanismo de Motril, actualmente viceconsejera de Presidencia y Administración Local. A ella se han dirigido para comunicarle "los graves incumplimientos de la Ley de Transparencia Publica de Andalucía y del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica que se está produciendo en la tramitación de este 'pelotazo urbanístico', por parte de la alcaldesa del PSOE de Motril, Flor Almón".

Ecologistas en Acción reclama "luz y taquígrafos" y exige que se aplique "con todo rigor las leyes de transparencia, salvo que precisamente lo que se pretenda es primar los intereses particulares frente a la protección ambiental de cultivos tradicionales".

"Las expectativas de reclasificación a Suelo Urbanizable con Uso Terciario Comercial para instalar grandes centros comerciales no deberían condicionar las decisiones e informes" en el Ayuntamiento, "ni de funcionarios ni grupos políticos", expone Ecologistas en Acción, que recuerda "la obligación" de publicar en la web municipal o portal de tansparencia "todos los documentos que sean sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación".

Asegura que en este caso se ha incumplido, "a pesar de que Ecologistas en Acción lo ha reclamado reiteradamente desde julio". "Nunca se han publicado en sede electrónica los documentos de esta operación urbanística. Y nunca se ha iniciado una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica establecida por la legislación europea, la Directiva 2001/42/CE, sino que lo que se ha hecho es usar la misma tramitación ambiental fraudulenta que provocó en octubre de 2015 la anulación del PGOU de Marbella, mediante tres Sentencias del Tribunal Supremo", advierte el colectivo.

El Ayuntamiento defiende la legalidad

El Ayuntamiento de Motril, sin embargo, defiende la legalidad de la operación. Pendiente de su culminación está una cadena de ropa y complementos deportivos, Decathlon, y otros grandes establecimientos, entre ellos una cadena de hamburguesería. 

Fuentes municipales explicaron a El Independiente de Granada que la operación se puso en marcha por el anterior equipo de gobierno del PP y que lo que ha hecho ahora el gobierno local que preside la socialista Flor Almón es desbloquear una operación que defienden porque supondrá la creación de muchos puestos de trabajo. Curiosamente el PP, el pasado abril, no apoyó con su voto la operación.

Tras resaltar que el suelo no es protegido, sino agrícola, destacaron que se han cumplido todos los trámites e incorporado todas las garantías exigidas para la aprobación.

La previsión municipal es que los últimos trámites pasen por pleno el próximo noviembre, previsiblemente en una sesión que se celebrará el día 7.