Indegranada
El presidente de la Mancomunidad de la Alupjarra, José Antonio Gómez,
El presidente de la Mancomunidad de la Alupjarra, José Antonio Gómez, ha advertido que “el cierre o traslado de servicios supone un ‘varapalo’ y un ‘duro ataque’ a la Comarca, alejando los servicios públicos de la gente”.
La Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina ha pedido hoy al Gobierno de España que consolide y aumente los servicios públicos que se prestan en la zona, “puesto que son los que garantizan el bienestar de la población y dan ‘coherencia y cohesión a la comarca’”.
En este sentido la Mancomunidad ha solicitado al Subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, una reunión con el consejo de gobierno de la misma para “conjugar la consolidación y aumento de servicios desde el entendimiento, la cooperación y la coordinación”.
Para el Presidente de la Mancomunidad, José Antonio Gómez, “los habitantes de la Alpujarra necesitan un compromiso firme del Estado con los servicios que aquí se prestan, así como un aumento de los mismos”, y ha explicado que “el sector servicios es muy importante para la economía comarcal en términos sociales, económicos y de empleo” asegurando que en los últimos años estos servicios “están sufriendo un retroceso”.
Gómez ha subrayado que “los servicios que prestan los cuerpos de seguridad del estado, el SEPRONA, los juzgados, o los registros, entre otros, suponen menos barreras y más oportunidades para una comarca que necesita reactivar la economía y competitividad desde la sostenibilidad y la interacción con el medio que la hace única”, motivo por el que –según Gómez- “es necesario que el Estado se comprometa públicamente con el mantenimiento y aumento de los mismos”.
Asimismo, el Presidente de la institución supramunicipal ha alertado de la preocupación de los vecinos y vecinas ante “un posible traslado” del registro de la propiedad de Ugíjar a lo que “la Mancomunidad se opone rotundamente y pedirá al Subdelegado que se comprometa a mantenerlo”. Según Gómez “trasladar este servicio supondría un “varapalo” y un “duro ataque” a la comarca, “alejando un servicio fundamental para la ciudadanía, y por tanto alejando las instituciones de la gente”.
“Para que los servicios públicos tengan sentido y sean de calidad deben ser cercanos y accesibles a la ciudadanía” ha concluido.