Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el número 2 de Granada, ha frenado la acción emprendida en esta vía por el grupo de Unidas Podemos para defender la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basuras en la ciudad. En una sentencia fechada el 31 de enero y consultada por El Independiente de Granada, la titular del juzgado desestima el recurso del grupo municipal alegando que no aprecia motivos para anular el acuerdo de pleno que dio luz verde, en diciembre de 2020, a la gestión indirecta. 

En su recurso, Unidas Podemos advirtió de las carencias de los informes utilizados para adoptar ese acuerdo, que salió adelante con los únicos tres votos en contra de sus concejales. Echaba en falta, y así lo expuso, un análisis más exhaustivo, por ejemplo en el informe de la Intervención Municipal, de los costes de un servicio con gestión directa o indirecta. El que se incluyó en la Memoria utilizada para avalar que ese servicio -que ahora presta Inagra y cuya concesión se revisa ahora tras haberse cumplido largamente el plazo de adjudicación- siga en manos privadas, solo indicaba que era poca la diferencia y no describía -apuntaba el grupo municipal- costes como los laborales, de explotación o beneficio industrial. Además, apreciaba contradicciones. 

Pero la jueza considera que "la argumentación técnica y jurídica de todos estos informes, es coherente" y considera que "no se aprecia contradicción" en su contenido. La sentencia pone el énfasis en "la imparcialidad y objetividad propia de los técnicos de la Administración" para dar por buenos esos documentos y rechazar el análisis del perito aportado por el grupo municipal recurrente. Para incidir en la idea de que ese informe pericial es "incompleto", la jueza utiliza la respuesta de los técnicos municipales al recurso, que da por buena. Así, señala que tanto el coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento como el interventor defendieron que se limitaba a "hacer una genérica estimación de los costes de personal y gastos generales".

Con esa base como argumentación,  la jueza considera que "no podrá decirse que el acuerdo impugnado adolece de falta de motivación pues su respaldo técnico y jurídico es suficiente y desde el punto de vista formal también cumple los requisitos legales para la formación de voluntad de un órgano colegiado". "Por tanto -agrega- no podrá admitirse una pretensión como la del demandante, de obtener judicialmente una determinada decisión política municipal que debe hacerse siguiendo criterios de oportunidad política una vez ya se constata como motivada razonablemente y cumplido el trámite legal y que cuenta con el respaldo de los informes jurídicos y técnicos". 

La privatización de este servicio deja "beneficios desmedidos" a las grandes contratas e instala a Granada en "la ruina perpetua"

El portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Antonio Cambril, hace hincapié en que la jueza no entra en el fondo. La sentencia no analiza si la municipalización es más beneficiosa económicamente, solo da por buenos los informes de los técnicos municipales frente al perito del grupo municipal. "Pero no explica por qué", agrega Cambril. 

"Acatamos la sentencia como no puede ser de otra manera, pero no es buena para los intereses de Granada", afirma el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada. "Seguimos defendiendo la municipalización porque la privatización deja beneficios desmedidos" para las grandes contratas e instala a Granada en "la ruina perpetua".

El grupo municipal estudia ahora si presenta recurso contra la decisión judicial.

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Antonio Cambril y Miguel Martín Velázquez en una imagen de archivo. unidas podemos

Unidas Podemos presentó el año pasado un recurso en la vía Contenciosa-Administrativa para defender la gestión directa del servicio de limpieza y recogida de basura. El recurso señalaba, como se ha apuntado, la memoria elaborada por técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "que intentaba justificar -a juicio de Unidas Podemos- que la gestión indirecta presenta un mejor resultado económico que la gestión directa. Presentan la gestión directa con un coste de 37.675.426,72 euros y la indirecta con un coste de 37.570.744,85 euros". El grupo municipal sostiene sin embargo que, con una gestión directa el ahorro en 15 años sería de unos 60 millones de euros, en torno a 4 anuales.

De conseguir hacer público el servicio, según Unidas Podemos, anualmente no se pagarían el IVA de los gastos generales que cifran en 300.000 euros, tampoco el beneficio industrial que asciende a más de un millón de euros (969.584 + IVA) y, lo que genera la mayor reserva: el gasto en IVA de personal que conlleva 2,3 millones por ejercicio, ya que el coste de plantilla es el 70 por ciento del total, y el IVA que el Ayuntamiento no paga es del 10 por ciento.