La Junta ha analizado hoy en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia para crear 500 plazas de jueces en España que prevé destinar a Andalucía 95. Según ha informado la Junta en una nota de prensa, se trata de una cifra "muy alejada" de las 158 que tanto el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, como el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, consideran que necesita la comunidad ante las "carencias históricas" que arrastra, "sobre todo tras un año en blanco en el que el Gobierno no creó ninguna para la comunidad andaluza". Además, ambos han cuestionado, según la Junta, el sistema para garantizar que las plazas anunciadas se cubran. 

"Nos gustaría saber qué criterio ha seguido el Gobierno porque hay comunidades con menos población y litigiosidad que Andalucía para las que se prevé pun número de jueces proporcionalmente superior", ha señalado el consejero a quien le preocupa que "no se trate equitativamente a Andalucía y no se tengan en cuenta nuestras necesidades".

Para Nieto, también genera dudas cómo se va a garantizar la provisión de las plazas anunciadas antes del 31 de diciembre de 2026. "Nos tememos que la cobertura de un número importante de esas plazas no se haga por oposición, que es la fórmula más objetiva que garantiza la calidad del servicio público, y que no se cubran las plazas más imprescindibles", ha añadido. 

A su juicio, "en lugar de 500 plazas en un ejercicio sería más sensato 750 en tres años, ya que permitiría crear un sistema de formación de opositores para sacar adelante una oferta de esas dimensiones".

Por su parte, el presidente del TSJA ha coincidido con Nieto en que "es importantísimo saber cómo se van a cubrir las plazas anunciadas y en qué plazo", así como el criterio del Ministerio para el reparto porque "en algunas provincias la propuesta es deficitaria y en otros no está justificada y hay que priorizar".

Durante la reunión también se ha abordado la implantación de la tercera fase de la reforma judicial impuesta por el Ministerio con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta a los 12 grandes partidos judiciales andaluces (las ocho capitales, Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril) y donde trabajan casi 5.400 funcionarios 

Según la Junta, "Andalucía ha cumplido con los exigentes plazos fijados y en un año ha transformado 85 partidos judiciales (70 en julio, 3 en octubre y los últimos 12 en diciembre) donde trabajan 9.000 funcionarios, una dimensión mayor que las siete comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia y que gestiona el Ministerio. Todo ello con una inversión de 56 millones de euros que la Junta asume en solitario para reordenar y ampliar las plantillas con un centenar de funcionarios más, adaptar los sistemas y equipos informáticos y habilitar espacios adecuados al nuevo modelo y estructura de trabajo de los tribunales de instancia, donde el personal ya no está adscrito a un juzgado concreto sino a secciones y servicios comunes".