Certifica la integración de la Fundación Rodríguez Acosta en la Alhambra
La Junta señala al PTS y Cetursa tras concluir las auditorías del sector público y confirma la extinción de la EASP
El vicepresidente, Juan Marín, no detalla cuántas entidades del sector público desaparecerán y tampoco cuántos trabajadores sobra, pero insiste en "duplicidades" y "gastos innecesarios" y no descarta despidos
Elías Bendodo, Juan Marín y Juan Bravo, este martes en el Palacio de San Telmo. m.j.López/EP
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha presentado este martes en la reunión del Consejo de Gobierno andaluz el informe relativo a las 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de "racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios" en la Junta de Andalucía, y ha alertado de que los resultados ponen de manifiesto "una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios", por lo que se va a abordar un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades.
Entre las entidades granadinas, la Junta apunta al PTS y a Cetursa, que se sometieron a esas auditorías. En el caso de la Fundación que gestiona el PTS, alerta de la deuda acumulada, y en lo que respecta a la empresa que gestiona la estación de esquí, del elevado coste operativo.
Sobre estos dos casos en concreto, en el avance del que informó el vicepresidente, Juan Marín, acompañado por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se señala en el caso del PTS, que "tiene un importante problema de deuda contraída con la promotora de uno de sus edificios".
Sobre Cetursa, recoge que "tiene una reducida capacidad de generación de caja por los excesivos costes de personal que suponen un 60% de los costes operativos, frente a otras estaciones de esquí de gestión privada que rondan el 30%".
A Cetursa se refiere en otro punto del documento que resume -sin detalles- las conclusiones de las auditorías, que va incluyendo pinceladas de cada entidad. Así indica: "Algunos de los entes instrumentales auditados registran una altísima litigiosidad laboral contra la propia Administración autonómica. Es el caso de Cetursa Sierra Nevada SA, donde cuatro convenios han favorecido históricamente irregularidades en la contratación temporal".
Marín también mencionó a la Escuela Andaluza de Salud Pública. La puso como ejemplo de "duplicidades", asumiendo su integración junto a la Fundación Progreso -que como se sabe pasarán a integrar el Instituto de Salud de Andalucía, un paso que en su día cuestionó Ciudadanos pero que ya da por bueno-. Detalló también la situación de la Fundación Rodríguez Acosta, que ya pasó a ser gestionada por la Junta, en 2018, fecha en la que ya se propuso su integración futura en el Patronato de la Alhambra.
Sobre estos dos casos en concreto, en el avance del que informó el vicepresidente, Juan Marín, acompañado por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se señala en el caso del PTS, que "tiene un importante problema de deuda contraída con la promotora de uno de sus edificios".
Sobre Cetursa, recoge que "tiene una reducida capacidad de generación de caja por los excesivos costes de personal que suponen un 60% de los costes operativos, frente a otras estaciones de esquí de gestión privada que rondan el 30%".
A Cetursa se refiere en otro punto del documento que resume -sin detalles- las conclusiones de las auditorías, que va incluyendo pinceladas de cada entidad. Así indica: "Algunos de los entes instrumentales auditados registran una altísima litigiosidad laboral contra la propia Administración autonómica. Es el caso de Cetursa Sierra Nevada SA, donde cuatro convenios han favorecido históricamente irregularidades en la contratación temporal".
Marín también mencionó a la Escuela Andaluza de Salud Pública. La puso como ejemplo de "duplicidades", asumiendo su integración junto a la Fundación Progreso -que como se sabe pasarán a integrar el Instituto de Salud de Andalucía, un paso que en su día cuestionó Ciudadanos pero que ya da por bueno-. Detalló también la situación de la Fundación Rodríguez Acosta, que ya pasó a ser gestionada por la Junta, en 2018, fecha en la que ya se propuso su integración futura en el Patronato de la Alhambra.
Según Marín, las auditorías estarán disponibles en los próximos días en el portal de transparencia de la Junta. Aunque no ofreció detalles sobre cuántos de estas entidades del sector público andaluz desaparecerán y tampoco cuántos trabajadores sobran, no descartó despidos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, detalló, según informa Europa Press que el sector público instrumental andaluz consta de diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles.
El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores, de los que 8.023 eran profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.
A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de la eclosión de la pandemia del Covid-19, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%), y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).
Marín ha defendido que, desde enero de 2019, con la llegada de PP y Ciudadanos (Cs) a la Junta, el Gobierno andaluz está llevando a cabo actuaciones de mejora y simplificación del sector público instrumental, en base, entre otros aspectos, a las recomendaciones que reiteradamente venía realizando la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Así, ha anunciado la puesta en marcha de la Agencia Trade, cuyo decreto de creación irá al Consejo de Gobierno de la próxima semana, y que agrupa a la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende, o la integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias --Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir--, así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que coinciden con algunas de las recomendaciones de los auditores.
Otro ejemplo, según Marín, ha sido la fusión de fundaciones públicas como las Barenboim-Said, con Tres Culturas del Mediterráneo y el Legado Andalusí, una medida que no se recomienda expresamente en las auditorías, pero que el Gobierno andaluz ya ha materializado al considerarla "beneficiosa" para mejorar el funcionamiento de la Administración, según ha abundado.
Además, desde el inicio de este mandato, la Junta presume de haber reducido el número de consejerías, altos cargos y personal eventual, se han abordado medidas de racionalización organizativa y reducción de los procedimientos administrativos para conseguir la "máxima eficiencia" en la gestión y, en el caso del personal laboral del sector público instrumental, se han suprimido los seguros privados de vida y de salud, equiparándolos a los seguros de accidentes del personal funcionario, lo que supone un ahorro de medio millón de euros anuales.
Conclusiones
La primera de las conclusiones a las que llegan las auditorías realizadas es que "durante los anteriores gobiernos se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta". Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y la Consejería de la que dependen, y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos, según ha detallado el vicepresidente y consejero de Regeneración.
Otra de las conclusiones es la "deficiencia" en la gestión, lo que incluso está provocando "dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados". Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.
A modo de ejemplo, según ha detallado Marín, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) --donde han confluido los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación--, el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.
Igualmente, en cuanto a la gestión "ineficaz" de algunos de estos entes, los resultados arrojan datos "llamativos", como que el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía, o que realizó únicamente doce ofertas por cada 100.000 habitantes, según han detallado desde el Gobierno andaluz.
Las auditorías reconocen la "utilidad" de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la "ineficacia" de otros, que podrían ser extinguidos o integrados, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación. Un ejemplo de ello, según ha apuntado Juan Marín, sería el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor (Sevilla), del que se ha constatado que no ha tenido actividad desde hace años, y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados no se ha instalado ninguna empresa.
Los auditores apuntan la existencia de entidades que podrían mantenerse con cambios leves en su gestión o en su forma jurídica y otras que recomienda extinguir, fusionar o integrar.
Las recomendaciones de los auditores constituyen un diagnóstico sin carácter vinculante que deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes auditados. Estas recomendaciones servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases.
El contrato para elaborar este plan se licitó por 3 millones de euros y se adjudicó finalmente por un importe de 1,7 millones. La adjudicación está a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ya que ha sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas.
Una vez que se disponga de este Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, que será llevado al Consejo de Gobierno, se conocerá el alcance concreto de las medidas, como, por ejemplo, a cuántas quedarán reducidas finalmente las entidades instrumentales, cuál será su número de trabajadores y a cuánto ascenderá el ahorro anual.
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