El Gobierno andaluz ha abierto este lunes, 11 de marzo el plazo de alegaciones al II Plan de Memoria Democrática de Andalucía, cuya vigencia se extenderá desde 2023 a 2027, con un presupuesto de algo más de 5 millones de euros para ese periodo. El Gobierno del PP, cuya intención anunciada fue derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía para cambiarla por una Ley de Concordia, mantiene de momento otra hoja de ruta, al menos según se recoge en el borrador de ese plan, en el que se compromete de un lado a colaborar en las tareas de exhumación de las fosas, incidiendo en la necesidad de que se haga a través de convenios con otras administraciones dado "el elevado coste" de estos trabajos; y asume medidas como la creación de un Instituto de Memoria Democrática y la inclusión de la Memoria en los currículos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. 

Está elaborado por el Comisionado de la Concordia, cuyo nombre refleja esos planes del Gobierno andaluz apostando por cambiar la Memoria Democrática por Concordia. En el caso del Comisionado, fue el primer gesto de Juan Manuel Moreno al llegar al Gobierno andaluz en 2019 con sus entonces socios parlamentarios de VOX, a los que contentó eliminando la referencia a la Memoria. Lo que hace el borrador, en el que se evitan referencias explícitas al franquismo o al golpe militar y se habla siempre de la Guerra Civil y la Dictadura, es dar cumplimiento a lo recogido en la ley.

La propia elaboración de este II plan deriva de esa norma. También la creación del Instituto de Memoria Democrática, que viene recogido en el artículo 45 de la ley con el objetivo de estudiar, investigar e impulsar las medidas de la norma. Según establece la ley, será un servicio administrativo con gestión diferenciada dependiente de la Consejería competente en materia de Memoria Democrática -en estos momentos es la de Turismo, Cultura y Deporte, cuya estructura y competencias se definirán en su correspondiente decreto de creación.

El PP lanzó duras críticas a la posible creación de ese Instituto de la Memoria cuando estaba en la oposición, como recogen declaraciones de la ahora alcaldesa

Ese Instituto de Memoria Democrática recibió, cuando la ley estaba en elaboración, duras críticas del PP. Como se ha recordado a raíz de la polémica suscitada con las opiniones de Antonio Membrilla y sus mensajes hirientes a la Memoria, la ahora alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en su etapa como parlamentaria del PP en la oposición, acusó a los socialistas de "utilizar torticeramente el legítimo dolor de muchos andaluces para crear un nuevo chiringuito, en el que colocarán a algunos estómagos agradecidos y al que el Tribunal de Cuentas terminará sacando los colores, como en tantos otros casos". En esas declaraciones censuró incluso que "se gastara dinero" en estos temas, cuando no había ayudas para otros. 

Además de ese Instituto y llevar la Memoria a las aulas, que se enmarca en el objetivo de difundir y divulgar lo sucedido, hay otras muchas medidas planteadas en el borrador, como la creación de un censo de víctimas, promover estudios sobre los casos de bebés robados y también sobre las mujeres represaliadas. 

Enmarcadas en la consecución de los siguientes objetivos, que reproducimos: 

Así, uno de los grandes aspectos del borrador, que estará en exposición pública hasta el 9 de abril, se refiere al compromiso de mantener los trabajos de exhumación de las fosas. En este caso, apuesta por mantener los convenios con otras administraciones, tanto el Gobierno central como las diputaciones y ayuntamientos. De hecho, los trabajos actuales, como el caso de la fosa de Víznar, la Junta aporta financiación a través de fondos que recibe del Estado. 

"La necesidad de buscar formas de colaboración interadministrativa para poder continuar con el desarrollo de los trabajos de exhumación de fosas"

"A lo largo de los años, las actuaciones en fosas de grandes dimensiones han presentado la problemática del elevado coste de su exhumación frente a la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la ejecución de los trabajos de recuperación de los restos óseos", se recoge en el borrador del plan. "Ello ha puesto de manifiesto -continúa el documento, según recoge Europa Press- la necesidad de buscar formas de colaboración interadministrativa para poder continuar con el desarrollo de los trabajos de exhumación de fosas".

La "utilización del mecanismo de colaboración" ha sido "de gran utilidad" para la exhumación de restos de personas "desaparecidas" víctimas de la Guerra Civil española que se hallan en "fosas de gran envergadura". "Se considera oportuno y necesario afianzar y reforzar el empleo de este mecanismo de colaboración para seguir avanzando en el objetivo de recuperación y dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra", apostilla la Junta.

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Imagen de los restos localizados en la última fosa excavada por el equipo de la UGR en Víznar. Es uno de los ejemplos de la colaboración administrativa para la exhumación de los restos de las víctimas. Hasta el momento, en el que está en marcha la cuarta campaña, se han exhumado los restos de más de un centenar de personas que fueron ejecutadas por los golpistas, entre ellos había mujeres, trabajadores de El Fargue y militares. Foto: Francisco Carrión Jiménez

Creación de un registro de entidades relacionadas con la Memoria

En el segundo de los objetivos -promover la participación de la ciudadanía andaluza en el desarrollo, impulso y concienciación de actuaciones relacionadas con la memoria democrática en Andalucía-, el Gobierno andaluz se muestra partidario del "fomento del espacio colaborativo y de trabajo creado en el seno del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía"; apuesta por conceder ayudas a entidades sin ánimo de lucro, entidades locales y universidades para actividades de recuperación de la memoria democrática; plantea la creación del registro de entidades relacionadas con este tema y propone la celebración de jornadas, foros y acciones informaticas sobre las actuaciones que se desplieguen en materia de memoria democrática.

El tercero de los objetivos -contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra y la posguerra- recoge la creación de un censo de víctimas, la actualización del mapa de fosas, actuaciones de indagación, documentales y localización de fosas; actividades de exhumación de restos óseos de víctimas y estudios antropológicos forenses; identificación mediante comparativas de ADN; mantenimiento del Banco de Datos de ADN de víctimas y sus familiares; difusión de los trabajos realizados en las fosas; acceso a la información y orientación a víctimas y familiares; y estudios e investigaciones desde la perspectiva de género.

Renovación del convenion con la UGR para las identificaciones

En este tercer apartado de objetivos, la Junta recoge dentro del II Plan Andaluz de Memoria Democrática la renovación de los convenios con la Universidad de Granada para mantener la identificación genética de los restos óseos recuperados y se aprovechará la firma de los nuevos convenios para "modificar" algunas cuestiones que "se ha puesto de manifiesto" que hay que "actualizar o perfeccionar".

Es uno de los aspectos más retrasados y que generan malestar entre los familiares de las víctimas del franquismo, el retraso en las identificaciones. Los familiares directos de las víctimas que yacen en esas fosas están muriendo sin saber si los restos recuperados son los de sus familiares. 

En el caso de Víznar se han exhumado ya los restos de más de cien víctimas. 

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte defiende, según añade Europa Press, que el II Plan de Memoria Democrática "se diseña con un impacto de género positivo" para "profundizar en el conocimiento y reconocimiento del papel de la mujer durante el periodo de memoria democrática.

Para ello, se permitirá "el análisis de los resultados obtenidos" en los estudios y actividades que se promuevan "desde la perspectiva de género". "Dentro de la variable de género se contempla el fomento de actuaciones encaminadas al estudio de los casos de mujeres que sufrieron la desaparición forzada de sus hijos e hijas en el momento del parto y los adoptados sin consentimiento de sus progenitores", se manifiesta.

El marco presupuestario recogido para 2024/2027 es de 5.044.160 euros. Para el primero de los objetivos, el presupuesto hasta 2027 es de 470.000 euros; 544.279 euros para el segundo de los objetivos y 4.029.881 euros para el tercero (contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la posguerra, en el que se enmarcan las exhumaciones e identificaciones genéticas). Este Plan, concluye la Junta, "tiene como finalidad asentar la política de memoria democrática en los principios de verdad, justicia y reparación, y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, estableciendo un marco de referencia orientativo para el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática en Andalucía".

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• Consulta en este enlace el Borrador del II Plan de Memoria Democrática de Andalucía 2023-2027