Unas 25.000 viviendas en la provincia de Granada pueden acogerse al Decreto-ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares, una norma "provisional y urgente" en tanto que el Gobierno andaluz aprueba la nueva Ley del Suelo, cuyo borrador confía en tener redactado para diciembre. 

Son estimaciones, ha precisado la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Marifrán Carazo, que ha mantenido en Granada un encuentro con responsables municipales para exponerles el decreto y las líneas generales para su aplicación. 

Para la consejera, la Junta "no podía seguir mirando hacia otro lado" y era necesario, según ha señalado, dar respuesta a un problema para cuya solución el anterior gobierno socialista "no puso voluntad política". 

"Esto no es una amnistía", ha resaltado Carazo para incidir en que el Gobierno está siendo "recto y serio" en la aplicación de la disciplina urbanística.

Se trata de viviendas, más de 327.000 en toda Andalucía, cuyos expedientes han prescrito y que no ocupan suelos protegidos, según ha explicado la consejera, quien ha indicado que la Junta no quiere crear "falsas expectativas". De ahí que haya subrayado la importancia de los encuentros informativos con los ayuntamientos.

En el caso de Granada, las alrededor de 25.000 viviendas que la Junta calcula que pueden legalizarse con este decreto se encuentran en el Altiplano y Costa Tropical, en los límites con las provincias de Almería y Málaga, y en la Alpujarra. Aunque como ha precisado la consejera, se trata de un problema que "afecta al conjunto de la provincia". 

Su regularización permitirá a los propietarios acceder al Registro de la Propiedad y a la prestación de servicios básicos por parte de los municipios.

Carazo ha contrapuesto el trabajo de su gobierno, que ha puesto a disposición de los municipios esta herramienta jurídica en "un tiempo récord", con el de los ejecutivos socialistas, "tras décadas de proliferación y no dar respuesta, ni siquiera vigilarlo", a este problema. 

Por todo ello ha insistido en la importancia de la nueva Ley del Suelo. En sus palabras, es necesario "dar una vuelta al urbanismo y reducir procedimientos y trámites".