La jueza que investiga si hubo una trama urbanística durante los mandatos del PP ha procesado al exalcalde José Torres Hurtado y a la que fuera concejala de Urbanismo Isabel Nieto por las ilegalidades urbanísticas cometidas durante la construcción del edificio en el que viven, que según la investigación taparon mientras estaban en el gobierno. Junto a ellos figuran como procesados Manuel Lorente, hombre clave en Urbanismo, y Emilio Martín Herrera. 

Quedan fuera de esta pieza separada, conocida como Expediente Obispo Hurtado, la exsecretaria del Ayuntamiento Mercedes López Domech y otros tres funcionarios investigados: María Paz Spínola, Agustín Belda y Mariano Pérez Benavides.

En el auto de procedimiento abreviado, fechado el 2 de julio y al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, la jueza expone que actuaron "a sabiendas de la ilegalidad urbanística que con sus actuaciones estaban permitiendo y consintiendo" y les atribuye la presunta comisión de delitos de "asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y delito contra la ordenación del territorio". 

Los antecedentes de la operación

La jueza María Ángeles Jiménez recuerda que Torres Hurtado y Nieto forman parte de la comunidad de propietarios que construyó el inmueble y figuran como propietarios de pisos y trasteros junto a otros miembros de sus respectivas familias. 

El solar en el que se levantó el edificio era propiedad de la Congregación de Siervas del Evangelio que en 2007 inició trámites para solicitar licencia para la construcción de viviendas, locales y aparcamientos. Un año después la congregación religiosa abonó las tasas correspondientes. Ya los informes que se tramitaron entonces advertían de la necesidad de ajustarse a lo recogido en el Plan Especial Centro, muy específicamente respecto a la fachada.

En 2011 las religiosas tramitaron un modificado del proyecto, para pasar de 28 a 22 viviendas. Recibió el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, con Isabel Nieto como vicepresidenta. 

"Reformada la licencia de obras, con fecha 13 de febrero de 2013 la concejala de Urbanismo, Obras y Licencias, Dª Isabel María Nieto Pérez, por delegación de la Junta de la Junta de Gobierno Local, acuerda la transmisión de la licencia urbanística otorgada a Siervas del Evangelio Curia General (por Acuerdo de 6 de enero de 2012) a favor de la Comunidad de Propietarios Obispo Hurtado. Lo que tiene lugar en expediente municipal n° 728/2013, sobre transmisión de licencia", explica el auto. 

La promoción inmobiliaria de Torres Hurtado, Nieto y sus familiares incumplió los condicionantes recogidos en la licencia urbanística. A partir de ahí se abrió un procedimiento que instaba a cumplir la legalidad, eliminando algunos elementos como barandillas de vidrio, además de otros incumplimientos, y que dio lugar posteriormente a un expediente sancionador. Esas sanciones se fueron rebajando en distintos momentos administrativos y con la participación de Nieto y del exalcalde, bien en reuniones de la Gerencia de Urbanismo o de la Junta de Gobierno.

"Debido a sus intereses, la entonces concejal de Urbanismo, recordemos que es licenciada en Derecho, debería haberse abstenido"

En un punto del auto la jueza recuerda que, según constató la UDEF en uno de los informes sobre esta operación urbanística, Nieto presidía algunas de comisiones que tuvieron que decidir sobre el expediente. En concreto cita la Comisión Técnica Municipal de Seguimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Catalogo del Área Centro para señalar que, "debido a sus intereses personales en dicha edificación, la entonces concejal de Urbanismo, recordemos que es Licenciada en Derecho, debería de haberse abstenido de participar en la misma, debido al interés directo que concurría en su persona, circunstancia que, en ningún momento, se refleja en la misma".

En uno de los últimos informes incorporados a la investigación en esta pieza, los peritos de la Junta elevan a 126.000 euros la sanción que se debería haber impuesto por estas irregularidades cometidas en la promoción inmobiliaria del exalcalde y la exconcejala, subrayando también que no se tendría que haber otorgado licencia de ocupación sin haber subsanado antes las irregularidades detectadas. 

Por todo ello los considera responsables de los delitos ya mencionados. 

Concluida por tanto la investigación de este expediente, en el auto de procedimiento abreviado la jueza da un plazo de quince días para que las partes soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Es la segunda pieza por la que resultan procesados Torres Hurtado y Nieto, tras hacerlo a finales del pasado año por el expediente Registrador. Además, el exalcalde, Nieto y Lorente, entre otros funcionarios y el empresario Roberto García Arrabal están pendiente de la sentencia por el juicio del Caso Serrallo.