Levantado el secreto del sumario del Caso Nazarí
La jueza inició la investigación del caso Nazarí tres meses antes de las detenciones de Torres Hurtado e Isabel Nieto
La magistrada que instruye el caso aún no dispone del informe policial sobre las investigaciones. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio calculan que necesitarán "no menos de seis meses" para analizar la documentación intervenida en los registros domiciliarios y en las dependencias municipales y de las empresas constructoras.
Imagen del registro en el área de Urbanismo durante la Operación Nazarí. miguel rodríguez
La documentación acumulada durante la investigación de la presunta trama urbanística por la que fueron detenidos el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto ocupa 18.000 folios y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio calculan que para su análisis y peritaje se necesitará un plazo "no inferior a los seis meses".
Y ello a pesar de que se le ha dado "carácter prioritario". Pero el volumen de la documentación y la posibilidad de que sean necesarios nuevos informes hacen inviable, según apuntan, acortar ese plazo.
Así se revela en el auto con el que la jueza titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, levanta el secreto del sumario de las investigaciones por los supuestos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
Unas investigaciones que comenzaron tres meses antes de que se produjeran las detenciones el pasado 13 de abril. Para esa fecha, la jueza ya había decretado en cuatro ocasiones el secreto de las actuaciones que se conocieron cuando se desarrolló la Operación Nazarí que acabó con casi una veintena de detenciones. La de Torres Hurtado y Nieto, junto a responsables del área de Urbanismo, la entonces secretaria del Ayuntamiento y destacados constructores de la ciudad como José Julián Romero, Roberto García Arrabal o Enrique Legerén, entre otros. En total, dieciesiete personas investigadas que declararon entre abril y mayo ante la jueza.
José Torres Hurtado, tras prestar declaración ante la jueza el pasado mayo. miguel rodríguez
En total, desde enero, ha habido diez prórrogas del secreto del sumario. Ese hecho y el plazo establecido por el Grupo de Delincuencia Económica y la Consejería competente en materia de ordenación del territorio para elaborar los informes claves en la investigación son aspectos que la instructora del caso ha valorado para tomar su decisión.
La jueza argumenta que "no se aprecia la posibilidad de que pudiera haber interferencia alguna o riesgo para la investigación y averiguación de la verdad, respecto de las diligencias de investigación ya acordadas, es por lo que debe de procederse, en aplicación del principio de proporcionalidad de la medida aplicada, a levantar el secreto de las actuaciones".
Son trece cajas llenas de documentos sobre los asuntos urbanísticos cuestionados, que se han agrupado "en ocho grandes asuntos".
La investigación judicial que pretende aclarar si existía una trama urbanística puso bajo sospecha más de una década de gestión urbanística del PP en la capital.
Estos son algunos de los asuntos urbanísticos de la etapa del PP cuestionados:
- Serrallo: investiga la construcción de una discoteca con sala de fiestas y pista de patinaje en una zona verde.
- Pabellón Mulhacén: operación urbanística que incluía la explotación deportiva y comercial de la parcela donde se construyó el pabellón para la Universiada. El empresario Ramón Arenas, propietario de una parcela colindante y que denunció en su día la operación, sostuvo que se habrían alterado las condiciones urbanísticas iniciales.
- Palacio de Hielo: se trata del Plan Parcial T1, en el Cerrillo de Maracena, en unos terrenos que fueron objeto en su día de un convenio urbanístico para instalar un palacio de hielo que nunca se llegó a construir.
- Piso del exalcalde: el inmueble donde residen el exalcalde y la exconcejal de Urbanismo
- Residencia universitaria PTS: intento de cambio de uso de unos terrenos de uso deportivo para construir una residencia universitaria.
- Casería de San Jerónimo: se cuestiona la concesión de la licencia de primera ocupación sin haber cerrado la urbanización de la zona a través de la junta de compensación.
A estos asuntos se sumarían concesiones de aparcamientos y también la construcción del edificio Progreso, este último por cambio de uso de hotelero a residencial.
En los casos que han sido o son objeto de investigación, señalan fuentes conocedoras del urbanismo en la ciudad, hay un denominador común, ventas de parcelas que se ofrecen con unas condiciones urbanísticas radicalmente distintas a las que se recogerían, posteriormente, en las licencias. Existen cambios de uso que incrementan su valor, bien a través de aumento de la edificabilidad o del uso lucrativo. La investigación deberá determinar ahora la legalidad de todos los expedientes investigados, que se conocerán en su totalidad una vez que se entregue la documentación del sumario.
Las defensas ya han anunciado que pedirán la práctica de diligencias y aportarán documentación, una vez que se ha levantado el secreto y pueden acceder a la investigación.
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