Izquierda Unida y Vamos, Granada denuncian que "la improvisación constante" en la Diputación ha llevado a la pérdida de 3,5 millones de euros en las Invesiones Financieramente Sostenibles municipales, incumpliendo el acuerdo del Consejo de Alcaldes.

Según explican en una nota conjunta, los grupos de Izquierda Unida y Vamos, Granada votaron en contra en la Comisión de Economía de la Diputación en relación a las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que se dedicarán a los municipios, "ante el baile de cifras que ha llevado a que tres millones y medio de euros desaparezcan de estas inversiones debido a la falta de previsión e improvisaciones constantes del gobierno socialista en la Diputación Provincial de Granada", indica el comunicado.

Según Juan Francisco Arenas de Soria, portavoz de Izquierda Unida, “nuevamente los municipios granadinos pagarán la falta de coordinación y previsión de la Diputación, que tras meses 'mareando la perdiz' ha terminado incumpliendo el acuerdo del Consejo de Alcaldes en el que las IFS municipales ascendían a 13,5 millones de euros, quedando ahora reducidas a 10 millones.

Por su parte el portavoz de Vamos, Granada, Luis de Haro-Rossi, afirma que “los incumplimientos del gobierno socialista en Diputación perjudican fundamentalmente a los municipios más pequeños, que son lo que más se benefician de este tipo de inversiones”.

La alcaldesa de Láchar, Mari Nieves López, miembro del Consejo de Alcaldes, considera que “es decepcionante la bajada de la inversión que tanto necesitamos en los municipios más pequeños, especialmente cuando al final este dinero acaba en manos de los bancos en vez de solucionando los problemas de nuestros vecinos y vecinas”.

Tanto Vamos, Granada como Izquierda Unida plantean la necesidad de recuperar la inversión en los municipios más pequeños, donde las necesidades son más grandes ante la falta de recursos para hacer frente a cuestiones básicas para el mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos. Asimismo ambas formaciones denuncian la Ley de la Reforma de la Administración Local (LRSAL) como un instrumento al servicio de la banca y las privatizaciones, a la cual hay que poner fin de una vez para que los ayuntamientos puedan ejercer realmente su derecho al autogobierno.