El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha matizado las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, respecto a una posible reapertura de los colegios a mediados de mayo. "Nada hay dispuesto para que sea así", según Imbroda, que ha asegurado que lo que hizo el presidente fue "expresar un deseo". 

En palabras de Imbroda, que ha comparecido en la Comisión Permanente del Parlamento andaluz, sería "absurdo" plantear que se van abrir las aulas "si no están las autoridades sanitarias" marcando esa decisión.

Lo que está haciendo la Junta, según Imbroda, es planificando "una posible vuelta", pero "siempre de la mano de las autoridades sanitarias".

Imbroda ha defendido que "el curso va a terminar con absoluta normalidad en las fechas establecidas", y que, en el proceso de escolarización de cara al curso que viene, se va a "facilitar todo el tiempo que necesiten las familias", de forma que, cuando se levante el estado de alarma decretado por la pandemia, las familias dispondrán de "dos semanas para normalizar sus procesos de escolarización", algo que podrán hacer "físicamente" y no sólo de forma telemática.

Se ha referido a las instrucciones que ha trasladado a los centros educativos y que "pretenden aportar claridad para que se desarrolle el tercer trimestre con criterio, con rigor, con la máxima organización y tratando de dar certidumbre a esta situación anómala que estamos viviendo", y ha apuntado que "podrían servir también en una hipotética vuelta a las aulas si así las autoridades sanitarias lo permitieran".

Imbroda ha defendido que estas instrucciones están "basadas en el escrupuloso respeto a la autonomía de los centros y su capacidad de adaptarse al contexto de los alumnos", y con ellas se busca "evitar que algún alumno pueda quedar atrás como consecuencia de esta crisis", así como "flexibilizar programaciones" sin que eso suponga más carga burocrática, además de que trasladan un "no rotundo" al aprobado general, y respetan la "atención a la diversidad".

Las palabras del presidente, en una entrevista este jueves, suscitaron una cascada de críticas. Sindicatos y familias las consideraron precipitadas, contraproducentes y exigieron que solo se planteara "si se dan las garantías de seguridad y salud".

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