El gobierno local estudiará si es viable acogerse a la Disposición Adicional 98 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, una vía con la que Hacienda permite a los ayuntamientos convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. En el caso de Granada, esto se traduciría en que las obligaciones a corto plazo, que se elevan a 36 millones de euros, no tendrían que liquidarse a 31 de diciembre, aligerando no solo la carga financiera sino también "la tensión" del remanenete negativo de tesorería. 

El grupo de Izquierda Unida ya ha planteado esta opción para su estudio. Y según ha confirmado el portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, en la próxima reunión para el Plan de Saneamiento se pondrá sobre la mesa. Según Oliver, acogerse a esta medida implica, entre otras condiciones, una reforma del plan de ajuste vigente, aprobado en 2012 con el anterior gobierno del PP y que, como ha recordado con ironía, "nunca se ha cumplido". 

"En nuestro caso, lo que tendremos que plantear el lunes es si hay una confluencia de la reforma del plan de ajuste con la aprobación del Plan de Saneamiento", ha explicado el portavoz del gobierno local para agregar que conjugar esos dos planes "tiene su problema desde el punto de vista técnico", pero "puede facilitar, si llegamos a un acuerdo, las conversaciones [del Plan de Saneamiento] y aliviaría la situación en una proporción importante. No lo arreglaría pero sí permitiría cierto alivio", ha concluido.