El gerente, que ha declarado como investigado en la causa, ha señalado además que la existencia de estos contratos era "notoria", que en las cuentas anuales de la sociedad --que entonces era cien por cien pública-- se detallaban todos los puestos de trabajo y ha negado haber actuado por "venganza" al elaborar informes en los que se alude a supuestas irregularidades en la materia, según consta en su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

 

El gerente de Emucesa ha abierto este lunes la nueva ronda de declaraciones fijada por el Juzgado en relación a las supuestas 'contrataciones fantasma' de seis altos cargos en la empresa que gestiona el cementerio de San José entre 2003 y 2012. Él mismo emitió un informe en el que hacía constar que estas personas "nunca aparecieron por la empresa" y que no consta "que desempeñaran trabajo alguno" a excepción de uno de ellos, extremo que ha ratificado hoy.

 

Ha relatado que la gestión del personal estaba entre sus facultades, pero sólo en lo relativo a los contratos ordinarios, puesto que los estatutos de la sociedad marcan como competencia del Consejo de Administración el nombramiento de los puestos directivos.

 

A preguntas del fiscal ha narrado que cuando el entonces consejero delegado de Emucesa, Eduardo Moral (PP), le trasladó que iba a contratar como asesor a un concejal del Ayuntamiento de Almuñécar le comunicó que "no estaba conforme", ya que la plantilla "estaba completa y no había necesidad de ello". Al no estar recogido este puesto en el organigrama y en el convenio de la empresa le dijo que "no iba a firmar ese contrato".

 

Según su testimonio, a los pocos días Moral le telefoneó diciéndole que "había estudiado el tema y sí tenía competencia" para ello, de modo que pidió que solicitara al asesor jurídico un modelo de alta dirección para que "él pudiera hacer la contratación", documento que le "devolvió firmado" con la contratación de uno de los investigados.

 

A preguntas del fiscal ha precisado que "no se le comunicó qué trabajos deberían realizar" estas personas y Moral le dijo que a partir de ese momento "iban a depender directamente de él" y que "no iban a estar en la sede de la empresa".

 

Ha defendido que a partir de ahí, ni el asesor jurídico ni él volvieron a intervenir en los contratos, únicamente se le entregaban y los posibles cambios en los conceptos ya le venían dados. Igualmente ha dicho que su "poder de fiscalización es nulo" sobre la persona del consejero delegado, puesto que él tiene "poderes hacia abajo" no "hacia arriba".

 

El gerente sostiene que al llegar la todavía concejal del PP María Francés al cargo de consejera delegada le dijo que "iba a mantener el puesto de asesor que tenía Moral" y él le manifestó "idénticos reparos" con "idénticos resultados".

 

Preguntado por el fiscal sobre las "razones de venganza política" a las que aluden Moral y María Francés, ha defendido que en la actualidad no está afiliado a ningún partido y que "no se ha movido por deseo de venganza".

 

Sobre por qué no advirtió antes de lo ocurrido, ha mantenido que desconocía qué trabajos desempeñaban estas personas porque no tuvo relación con ellas y carecía de información al respecto. De modo que fue en 2017, cuando una consejera puso una serie de escritos solicitando información sobre si determinadas personas habían trabajado en la empresa, cuando él informó al director general de lo que le constaba en esos momentos.

 

La previsión es que las declaraciones continúen este martes con una de las trabajadoras investigadas, después de que se haya suspendido la declaración de otro empleado que estaba prevista para hoy