Por la importancia del posicionamiento del Consejo Andaluz de Trabajo Social, reproducimos a continuación e comunicado íntegro:

"Las personas dependientes en Andalucía representan uno de los sectores más vulnerables en nuestra sociedad. Los derechos de estas personas deben ser garantizados y protegidos y nos interpela directamente como profesión. Por ello, desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social queremos manifestar que el decreto de simplificación administrativa, (Decreto-Ley 3/2024, de 6 de febrero, en el que adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa), amenaza con desmantelar los mecanismos de protección esenciales que permiten a las personas dependientes el acceso equitativo a servicios y recursos.

El decreto de simplificación administrativa, bajo el discurso de la eficiencia, prioriza la reducción del gasto público y la mercantilización de los derechos sociales, con una despersonalización de la atención, provocando desigualdades en el acceso a los servicios, reduciendo la responsabilidad pública y precarizando a las compañeras y compañeros de servicios sociales

Cómo profesión comprometida con la justicia social, la equidad, la ética y la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, manifestamos nuestro firme rechazo a las medidas incluidas en este decreto, y solicitamos su revisión inmediata por:

1. La pérdida de garantías y protección de las personas dependientes.

2. El aumento de la brecha y desigualdades en el acceso a los servicios.

3. La vulneración de principios propios del Trabajo Social.

4. El impacto en la calidad de los Servicios Sociales.

Todo ello a través de:

• Paralizar miles de expedientes, que anterior a este Decreto, ya venían también sufriendo retrasos de tramitación, con listas de espera y un tiempo de espera de 600 días de media, a sabiendas que detrás de estos expedientes hay personas en situación de dependencia, con unos índices de vulnerabilidad y riesgo social, viéndose perjudicadas, y que en muchos casos se convierten en urgencias sociales ante la falta de recursos públicos.
• Plazos de 6 meses para resolver que no se cumplen. Además, personas que se incorporarán a listas de espera por tiempo indefinido y que, en su caso, sólo aquellas que tengan mayores recursos económicos podrán pagar una plaza privada y percibir mientras tanto, prestación vinculada al servicio. En otros casos, muchas personas no llegarán a poder disfrutar del derecho, al llegar el recurso tarde. “Hay que recordar que, desgraciadamente, a las 8.771 personas en lista de espera que fallecieron en Andalucía, sin ser atendidas en 2023, los presupuestos no les llegaron a tiempo” (Datos recogidos de Observatorio Estatal de la Dependencia).
• Duplicar y complicar el trabajo de las personas profesionales del trabajo social de la dependencia, exponiendo a las mismas a riesgos psicosociales y a problemas de salud, derivados de la exposición a situación de estrés continuado por imposición de objetivos semanales inalcanzables, sin tener en cuenta la dispersión geográfica o situaciones de vulnerabilidad. Con un proceso de citación, realizado por personal externo a la administración pública, que no conoce la particularidad y casuística de las zonas de trabajo, en consecuencia una despersonalización de la atención, ya que se reduce las posibilidades de acompañamiento social , haciendo más difícil para los y las ciudadanos y ciudadanas acceder a información completa sobre sus derechos, debido a que la situación a la que se exponen a las y los profesionales del trabajo social es imposible de asumir, con falta de personal y aumento de la presión.
• La reducción de la responsabilidad pública, abriéndose la puerta a la privatización encubierta de los servicios sociales con la falta de instrucciones claras por escrito, yendo en contra del principio de transparencia política.
• Provocar el colapso en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios ya dañados, a los que, como primer nivel de atención y cercanía, acude la ciudadanía para interesarse por sus expedientes, que se desbordan al tener que paliar las consecuencias de un Sistema de Atención a la Dependencia que no funciona, teniendo que atender situaciones de urgencia social que se podrían haber evitado.
• Un sistema informático que no funciona. Destacar la situación de indefensión que en este momento sufre la población debido a la falta de información cuando acuden por proximidad a los Servicios Sociales Comunitarios, ya que no se disponen en este momento de ningún programa ni aplicativo en el que poder consultar la evolución de los expedientes de Dependencia.

El Consejo Andaluz solicitamos a la Junta de Andalucía, y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que tengan alturas de miras y responsabilidad política para tomar las medidas necesarias con carácter de urgencia para que, se garantice el acceso equitativo y en plazo a los recursos para todas las personas beneficiarias y sus familias

En palabras de la presidenta del Consejo Andaluz, María Campos García de Quevedo, El decreto de simplificación administrativa, bajo el discurso de la eficiencia, prioriza la reducción del gasto público y la mercantilización de los derechos sociales, con una despersonalización de la atención, provocando desigualdades en el acceso a los servicios, reduciendo la responsabilidad pública y precarizando a las compañeras y compañeros de servicios sociales. Las reformas administrativas que atañen a derechos esenciales deben diseñarse desde una ética del cuidado, que ponga en el centro a las personas y garantiza que las y los profesionales cuenten con los recursos necesarios para realizar su labor de manera digna.

Por todo ello, desde el Consejo Andaluz solicitamos a la Junta de Andalucía, y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que tengan alturas de miras y responsabilidad política para tomar las medidas necesarias con carácter de urgencia para que, se garantice el acceso equitativo y en plazo a los recursos para todas las personas beneficiarias y sus familias, así como su compromiso en la protección de aquellas especialmente vulnerables por su situación de dependencia, sin olvidarnos de los/as profesionales relacionados con esta gestión, para que puedan volver a confiar en el sistema.