El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este miércoles una nueva modificación del plan del ajuste. Lo ha hecho para poder sumarse, 'in extremis', a una medida del Ministerio de Hacienda que permite retrasar el pago de los intereses que generaron los préstamos recibidos -en 2012 y 2013- a través de los planes de pago a proveedores. El gobierno local de PP y Cs ha contado con los votos a favor de Vox y Podemos-IU para sacar adelante las nuevas medidas de ajuste, rechazadas por el PSOE.

Se puede recurrir a palabras empleadas por los propios corporativos, incluido el concejal de Economía, Luis González, al que le ha tocado defender estas medidas de ajuste: lo que se ha hecho es dar una patada al balón hacia adelante, conscientes de que en algún momento no habrá campo para seguir haciéndolo. Acogiéndose a esta medida, en lugar de comenzar la amortización de los intereses en 2023 se hará en 2033. Será diez años más tarde, incrementado los intereses. Pero los problemas de fondo, que son muy graves, siguen.

En cualquier caso, este balón de oxígeno no sale gratis. A cambio de retrasar las obligaciones de pago de los intereses por las cantidades millonarias recibidas en plena crisis, se afloja el nudo de la corbata pero se aprieta el cinturón. El Ayuntamiento de Granada se compromete ante Hacienda a reducir el periodo medio de pago a proveedores, destinando para ello el dinero que libera con este plan. 

Y lo hace con medidas que tocan el bolsillo de la ciudadanía. La primera de ellas, dando por hecho que aplicará una subida del 3 por ciento en el IBI -el porcentaje derivado de la subida de los valores catastrales-. Según los cálculos del plan de ajuste aprobado y remitido a Hacienda, esa subida del 3 por ciento en el IBI se traducirá en unos ingresos de 2,2 millones en 2020. La cantidad proyectada entre 2020 y 2024 oscila cada año entre los 2,3 millones del próximo año y los 2,5 millones del último ejercicio.

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En el anterior mandato, PP y Cs se negaron a aprobar ordenanzas fiscales por no compensar la subida del IBI

La subida del IBI debe concretarse en las ordenanzas fiscales. En la primera propuesta presentada por el gobierno local de PP y Cs no se recogía ninguna medida para compensar el incremento que resulta de aplicar la subida de los valores catastrales. Precisamente fue un caballo de batalla de PP y, especialmente Cs, ahora al frente de Hacienda, una de las áreas directamente implicadas en estas políticas junto a Economía -dirigida por el PP-. Los dos partidos que ahora gobiernan rechazaron las ordenanzas fiscales propuestas por el anterior gobierno socialista por no compensar la subida. Todo ello, como fichas de dominó, impidió sacar adelante presupuestos, prorrogados como se sabe desde 2015. No habría voto a favor de unos presupuestos si incluía la subida del IBI.

Otra de las medidas incide en el Capítulo 1 del Presupuesto del Consistorio, el dedicado al personal. El Ayuntamiento amortizará las vacantes que se vayan generando en la plantilla. Según lo recogido en el plan de ajuste aprobado hoy. La reducción de costes en este capítulo comprometida para el próximo año es de 435.600 euros, cantidad que se irá incrementando en siguientes ejercicios.

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Además, se prevé una reducción del coste en el servicio de limpieza. Para 2020 el ahorro estimado es de 500.000 euros. Se incrementa a 2,5 millones en 2021, al coincidir con el fin del llamado plan de linealización, con el que el Ayuntamiento ha ido pagando anualmente a Inagra una deuda acumulada entre 2003 y 2007. 

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En una nota de prensa, el concejal de Economía ha mostrado su satisfacción ante lo que supone "la puesta en marcha de un plan de ajuste para garantizar la solvencia financiera en los próximos años, mantener las nóminas de los empleados, afrontar el gasto corriente en partidas necesarias para el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Granada y que, a su vez, implicará destinar una cantidad muy importante durante los próximos diez años para reducir la deuda con los proveedores".

"Nuestro principal objetivo sigue siendo reducir el periodo medio de pago de las empresas que trabajan con el Ayuntamiento”, ha afirmado González, quien ha asegurado que, con esta medida ofrecida por el Gobierno de España, "se logrará sanear la estructura financiera de aquellos ayuntamientos que, como el de Granada, tienen una deuda muy importante tanto en el ámbito financiero como en el ámbito comercial". En concreto, según ha detallado, este plan va a permitir refinanciar una deuda de 52 millones de euros que tenía vencimiento en diciembre de 2023 y que implicaba que el Ayuntamiento debiera hacer frente a un pago de 26 millones de euros en 2022 y en 2023 "provocando la asfixia total de las arcas municipales". Al extender el pago durante los próximos diez años, el Ayuntamiento asumirá en torno a 4,5 millones de euros anuales. 

Según sus cálculos, en 2022 favorecerá una liquidez de 13,5 millones, otros 13,5 en 2020 y nueve en los siguientes años con la obligación de utilizar este excedente exclusivamente para el pago a proveedores. "Todo ello incidirá en la ratio del Periodo Medio de Pago, uno de los grandes problemas de este Ayuntamiento debido a la escasez de tesorería".

"Con este balón de oxígeno retomamos la elaboración del presupuesto que, por supuesto, será consensuado con todos los grupos municipales”, ha finalizado González, quien ha lamentado la negativa del PSOE a apoyar este plan de ajuste "imprescindible para acabar con la compleja situación estructural económica que padece el Ayuntamiento de Granada y que viene arrastrada de periodos anteriores". A su juicio, aunque no es definitivo, "trata de responder a las múltiples necesidades que tiene la ciudad por lo que, sin duda, apoyarlo es un auténtico ejercicio de responsabilidad hacia la ciudad y hacia los granadinos".

Si el Ayuntamiento no se acoge a esta medida, "en dos años colapsa", advierte Podemos-IU

Los tres concejales de Podemos-IU han votado a favor de este plan de ajuste. El edil Francisco Puentedura lo ha justificado en que, si el Ayuntamiento no se acoge a esta medida, "en dos años colapsa" y "nos obligaría a que el Ministerio entrase a matar", "poniendo en peligro" servicios básicos, las aportaciones a la OCG o la Fundación Granada Educa. "Entre susto y muerte elegimos el susto", ha dicho acusando al gobierno bipartito de "irresponsable" porque "hay alternativas", pero según el edil, "se están negando" a aplicarlas. 

Puentedura ha exigido durante la sesión que el gobierno local se comprometiera a sentarse a negociar medidas de saneamiento para no aplicar siempre "el tijeretazo". Ha confiado que, al traducir el plan de ajuste en medidas concretas, pueda evitarse el incremento del 3 por ciento en el IBI a través de esa negociación, aplicando medidas alternativas que puedan generar los mismos ingresos -esos 2,3 millones de euros-. Al respecto, ha reiterado la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y aplicar criterios de progresividad. O acometer la ponencia de valores que se viene retrasando y que, según sus palabras, genera "situaciones injustas".

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Los ediles de la confluencia conversan al inicio del pleno. vía tg7

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha afeado al gobierno local la falta de negociación y emplazándole a ello, ha anunciado su voto a favor, justificándolo en la difícil situación de la economía municipal. Ha destacado que su voto era favorable porque el objetivo de este plan es pagar a los proveedores, y ha abogado por buscar alternativas para incrementar los ingresos, como revisando el régimen sancionador en cuanto al tráfico o los ruidos. Ha asegurado también que le inquietaba el ahorro previsto en el contrato de limpieza.

Desde las filas socialistas, el concejal José María Corpas ha pedido al gobierno bipartito que dejara sobre la mesa el expediente, pidiendo una prórroga al Ministerio de Hacienda para aprobar el plan de ajuste. El plazo finalizaba hoy mismo, lo que también ha originado las críticas de la oposición, por agotarlo y aprobarlo en el último minuto. Lo que evidencia, en palabras de Corpas, "la irresponsabilidad y desidia" del bipartito. Según el edil socialista, obtener esa prórroga era posible, y permitiría a gobierno y grupos municipales negociar las medidas a aplicar. "Queremos colaborar, lo que no estamos dispuestos es a que este grupo mayoritario sea ninguneado. No lo vamos a consentir. Colaborar significa proponer con anticipación, no 24 horas antes, ni enviando un documento por whatsapp", ha proseguido. 

Según Corpas, votar a favor a cambio del compromiso de negociar después cómo concretar las medidas, como había planteado la confluencia, era "dar una carta en blanco" al bipartito. "Pidan una prórroga, negociénlo en serio y saldrán medidas más solidarias y justas", ha añadido el edil socialista, que ha considerado "preocupante" el plan aprobado "por lo que vislumbra". 

Además del 3 por ciento del IBI, se ha referido a cómo afectará al personal, señalando que pone en duda las promociones de los funcionarios, o al ahorro que calcula para el servicio de limpieza. "¿Se va a reducir?", se ha preguntado. 

"A nuestro modo de ver este plan de ajuste es injusto e insolidario y condena al estancamiento al Consistorio a lo largo de muchos años", ha resumido. 

El plan de ajuste ha salido adelante por 15 votos a favor (tres de Ciudadanos, porque Manuel Olivares no estaba en la sesión al haber acudido a una reunión de ciudades AVE, siete del PP, tres de Podemos-IU y dos de Vox, grupo en el que estaba ausente por motivos familiares Beatriz Sánchez), y 10 en contra, los de los ediles del PSOE-