La cuestionada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, a debate
El callejón sin salida de la LOMCE
Sea cual sea el escenario político que se fragüe en las próximas semanas, hay una prioridad que habrá de resolverse mucho antes de que acabe el curso: el futuro de una ley educativa, la LOMCE, que nació viciada por falta de consenso y que ha logrado, sin embargo, unanimidad sobre su futuro: el texto actual no es viable. ¿Cómo afrontarlo? De nuevo se vuelve a hablar de un Pacto por la Educación que nunca llega. El Independiente de Granada ha recabado distintas opiniones para analizar un momento decisivo para la educación, muy especialmente para el futuro de la enseñanza pública.
IndeGranada
Congreso y Parlamento andaluz rechazaron la pasada semana las reválidas que prevé la ley.
La semana pasada el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la retirada de las reválidas previstas para este curso y que afectan al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 2º de Bachillerato. Dos días más tarde, el jueves 6 de octubre, el Parlamento de Andalucía, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, pidió la derogación del Real Decreto que las regula.
Esas pruebas, determinantes para el futuro del alumnado, que pasará de etapa o titulará solo si logra superarlas, son uno de los aspectos más controvertidos de una norma, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de la que se ha cuestionado también la FP Básica, los itinerarios, el hecho de que la asignatura de Religión compute en la nota media o el tratamiento a la escuela concertada, con blindaje a los centros que segregan a su alumnado por sexo, incluido.
Una ley fruto de la mayoría absoluta del PP, herencia del exministro José Ignacio Wert, que rechazan comunidad educativa, partidos políticos, sindicatos y comunidades autónomas. Hay voces críticas incluso entre las gobernadas por los populares, como Castilla y León.
El propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el PP tratan de reconducir el debate, centrándolo en la necesidad de un Pacto por la Educación para evitar así hablar de derogación de la norma, como piden asociaciones de padres y madres, arco parlamentario de izquierdas y gobiernos autonómicos, entre otras voces. CCOO y UGT situaron las derogación de la norma entre las actuaciones "más urgentes" que debían acometerse tras las elecciones del 26J.
El Independiente de Granada ha recabado distintas opiniones para analizar un momento decisivo para la educación sí, pero muy especialmente para el futuro de la enseñanza pública.
La Junta tratará de 'defender, desde el respeto, un modelo alternativo'
"La LOMCE ve la educación como una empresa, donde hay que rentabilizar la formación, entran niños y salen empleados. Y defiende una visión privatizadora. Desde el respeto a la ley, vamos a intentar defender nuestro modelo. No podemos ceder ante un cambio tan radical como pretende, no es solo un modelo educativo, sino social, y que se une a otras leyes como la Ley Mordaza o la de las tasas judiciales, que pretenden implantar un modelo social distinto al que queremos y defendemos".
Quien así se expresa, en una conversación con El Independiente de Granada es la viceconsejera de Educación, Elena Marín. La Junta de Andalucía ya ha anunciado su intención de recurrir el Real Decreto que regula las reválidas que deberán implantarse este curso -aprobado el pasado verano por el Gobierno-. Ese paso es inminente. Es "un derecho legítimo" de las comunidades autónomas, precisa Marín, que recuerda que la norma "invade competencias autonómicas".
Pero la Junta, destaca, no solo busca esa vía del recurso. "No hemos cerrado la del diálogo". Cree necesario que el Ministerio convoque a las comunidades para hablar, para buscar "una salida entre todos". Desde la pasada primavera el Ministerio no convoca a la Conferencia Sectorial, pese a la aprobación de esos decretos. Y como no llega ese diálogo, se ha solicitado también la reunión de la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado. "Ya que no nos escucha el Ministerio, a ver si oye a las Cortes".
"La sociedad está en contra de la ley", afirma la viceconsejera de Educación andaluza para añadir que el Ministerio no puede hacer oídos sordos.
'Es el momento de un Pacto por la Educación', defiende el PP
Marifrán Carazo, parlamentaria del PP por Granada y portavoz de Educación de su grupo en el Parlamento de Andalucía, cree que derogar la ley, sin contar con otra alternativa sería "un caos". Pero admite que, desde "el diálogo y el consenso" se puede "intentar mejorar la aplicación y el articulado de la ley", al tiempo que destaca el esfuerzo del Gobierno central que, pese a estar en un momento político "difícil" y en funciones -recuerda-, "mantiene el calendario de aplicación" de la norma, que defiende frente a las "voces irresponsables que llaman a la rebeldía o a la insumisión".
A su juicio, "es el momento" para alcanzar un pacto educativo, asegura, "con un amplio consenso, para que permanezca". Cree, incluso, que los políticos deben dar "un paso atrás", para ceder "el protagonismo" a profesorado, familia, expertos en definitiva.
Está convencida, según expresa a El Independiente de Granada, de que en esta legislatura se puede alcanzar un gran acuerdo educativo. Y en este punto recuerda que el líder de su partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ofreció a la presidenta andaluza "consenso" en el marco de las competencias autonómicas en educación. Sin embargo, lamenta, obtuvo "la callada por respuesta".
A su juicio, la Junta de Andalucía "utiliza permanentemente la LOMCE para confrontar" y para "tapar los problemas y necesidades de nuestro sistema educativo". Unos problemas que enumera - aulas prefabricadas, restos de amianto en algunas infraestructuras educativas o 'la expulsión' de 7.200 docentes del sistema educativo en los últimos años- y que, según subraya, "dependen de las competencias y planificación del Gobierno andaluz".
Pese a la crítica, reitera la voluntad de acuerdo del PP y cree que el Gobierno andaluz debería "aprovechar la mano tendida del PP" para "sentar las bases de un futuro pacto andaluz" a partir de las dos iniciativas planteadas por su grupo referidas a la supresión de las aulas prefabricadas y a la recuperación de la plantilla docente.
La Codapa, por la derogación para dar paso a 'una ley consensuada'
Francisco Mora, presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres por la Escuela Pública, cree que la ley salió con un objetivo: servir de "maquillaje" de cara al informe Pisa, con "cribas" -a través de las revalidas y la FP Básica, cita- para sacar del sistema a los niños con "menos capacidad". Y con ese modelo, deja de ser "educativa", porque ya no es "equitativa, ni igualitaria", reflexiona para argumentar el rechazo de las familias de la escuela pública a la norma.
Destaca Mora que una prueba, en alusión a las reválidas, no puede determinar si un alumno titula o no, porque entonces se está dando la espalda a la evaluación continua, que es la que refleja aspectos como el esfuerzo de ese alumno.
Su posición es muy clara, como expone a este diario: "Ojalá se derogase para dar paso a una ley consensuada y un buen pacto educativo". No es optimista. Apunta no obstante que ojalá el nuevo marco parlamentario conduzca al tan anhelado pacto, frustrado a última hora en la última legislatura socialista, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación.
Para alcanzar ese pacto es fundamental, a su juicio, que sea "un pacto social", "amplitud de miras", evitar "debates estériles" y dejar de utilizar la educación como "arma arrojadiza". "Vamos a sentarnos a hablar de educación, y alcanzar un pacto de verdad", afirma para recordar el amplio consenso que suscitó en su día la Ley de Educación de Andalucía (LEA).
Ciudadanos, derogar solo lo que no está implantado en busca del acuerdo
Para el parlamentario por Granada de Ciudadanos, José Antonio Funes, derogar la ley ahora para volver al marco anterior, con parte de la norma ya en marcha, sería "un desbarajuste". Por ello su formación apuesta únicamente por derogar "lo no implantado", como las reválidas. Así se recogió, apunta, en los pactos firmados por su partido tanto con PSOE como con PP de cara a la formación de nuevo gobierno.
A partir de ahí defiende la necesidad de una nueva ley que sea "fruto del acuerdo", el que no propició Wert -recuerda-. Una ley que sirva para las próximas décadas. "Si no -advierte-, cada cuatro años estaremos ante la misma historia". Funes es partidario, también, de sacar del debate aspectos que considera "tangenciales", que "no marcan" el desarrollo de la educación de un país pero que, a su juicio, terminan sirviendo de "excusa" para dinamitar la posibilidad de acuerdo. Y en este punto se refiere a Educación para la Ciudadanía y también a cómo se rompió la última posibilidad de pacto educativo intentado en España. Pero del mismo modo admite que aspectos como la educación concertada, deben regularse, de lo contrario, "es imposible un pacto".
'La ley no respeta la igualdad de oportunidades', según Podemos
Ana Terrón, diputada de Unidos Podemos por la provincia de Granada, recuerda que en la anterior legislatura ya se plantearon iniciativas para derogarla. Es, en su opinión, la única opción para una ley que "no respeta la igualdad de oportunidades", porque no apuesta por la educación pública, que es -añade-, la que garantiza esa igualdad. Reválidas y segregación del alumnado son puntos de una ley cuyo contenido no comparte.
Es necesaria, sentencia, "una nueva ley de educación". Una ley que surja de un pacto, no solo con los partidos políticos, sino con la comunidad educativa.
IU advierte: 'Quieren cargarse lo público'
La parlamentaria de IU por Granada durante una intervención ante el pleno del Parlamento. prensa parlamento
María del Carmen Pérez, representante de Izquierda Unida por Granada en el Parlamento de Andalucía, sitúa el debate en la defensa de la educación pública. Porque como expone, la LOMCE "impuesta" por el PP, utilizando para ello "su mayoría", viene marcada por su carácter "ideológico", como lo son "los recortes" que se han aplicado estos años. Y recuerda como dato que la ley se aprobó al mismo tiempo que el Gobierno recortaba 7.000 millones en educación.
El rechazo de IU a la norma es frontal. Porque pretende implantar una educación "elitista", "sacando a los hijos de los obreros de la Universidad" y expulsando del sistema a los alumnos y alumnas que no obtengan "buenos resultados", apunta. A su juicio "no hay otra alternativa" que la derogación, y confía que pueda salir adelante, al representar ahora mayoría las fuerzas que sustentan esa posición.
Para la parlamentaria de IU el mayor reto de la educación pública es la inversión. Su formación aboga por que el gasto público en educación alcance el 7 por ciento del PIB en 2020 [muy lejos ahora de esa cifra; en España, según los últimos datos, representa el 4,3 por ciento].
Y tras recordar que su formación contribuyó, cuando formaba parte del Gobierno andaluz, a frenar recortes y medidas impuestas por el Gobierno central, como el incremento de la ratio, se muestra muy crítica con la política educativa en Andalucía y con la ejecución de los presupuestos en educación. A su juicio, la Junta "comete muchos errores", como "mantener conciertos o llenar colegios concertados mientras elimina líneas de la escuela pública".
Su formación estará el próximo 26 de octubre en las movilizaciones convocadas por el sindicato Ustea. Contra la derogación de la LOMCE, sí, pero también contra los recortes y para reclamar un incremento del presupuesto educativo.
