'La Brigada Político Social y las Fuerzas de Orden Público en la Universidad de Granada (I)'

Luchadores por la libertad en Granada

'La Brigada Político Social y las Fuerzas de Orden Público en la Universidad de Granada (I)'

Política - Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo - Sábado, 3 de Febrero de 2024

En su excepcional serie sobre 'Luchadores por la libertad en Granada', Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo nos ofrecen la primera parte dedicada a la opresión en la Universidad de Granada. No te lo pierdas.

Archivo del Gobierno Civil, Caja 1.325.

Comunicado de la Dirección General de Seguridad al Gobierno Civil.

El auge del movimiento estudiantil, desde mediados de la década de los sesenta, que sale con descaro a las calles, no podía ser permitido por el régimen franquista que adoptará una serie de medidas para reprimirlo. El Consejo de Ministros creará desde enero de 1968 un cuerpo policial dedicado exclusivamente a la detección y represión de conflictos en las Universidades: la Policía de Orden Universitario (POU), un cuerpo al servicio de decanos y rectores, que podía acceder a los recintos educativos sin permiso de éstos. Los agentes debían presentar un distintivo en la solapa como muestra de su actividad, situándose una pareja en cada puerta del centro, apoyados, en las ocasiones más conflictivas, por integrantes del cuerpo de antidisturbios. El 22 de marzo de 1968 adoptará otros tres acuerdos importantes: la solicitud, a través del Ministerio Fiscal, de la designación de un juez especial en el ámbito nacional –con todas las competencias que necesitara- para exigir ante la jurisdicción ordinaria cuantas responsabilidades pudieran ser constitutivas de delito; en segundo lugar, se exigía a las autoridades académicas que aplicaran de forma rigurosa las leyes vigentes sobre disciplina académica y, en tercer lugar, la autorización para que la fuerza pública pudiera entrar en los campus universitarios “en cualesquier circunstancia” para proteger la normalidad académica. De esta forma, se rompía formalmente el fuero que impedía entrar a las fuerzas de orden público en los recintos universitarios, sin la autorización previa del Rector, si es que alguna vez se había respetado.

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Panfleto del PCE sobre la entrada de la policía en la Universidad firmado el 27 de enero de 1972. AHPCE, Fuerzas de la Cultura, Caja 124, Carpeta 34.

Sorprende que las primeras pasen desapercibidas por las autoridades académicas cuando los detenidos lo habían sido como representantes de los alumnos en una actividad netamente universitaria, aunque ilícita según las autoridades franquistas

En ese escenario casi termina el mandato del rectorado presidido por Emilio Muñoz, pero en Granada el movimiento estudiantil, que está en sus inicios, no ha mostrado suficiente músculo como para llegar al extremo de que se cerrara su Universidad, pero sí la suficiente actividad como para que los estudiantes más concienciados pudieran ir auscultando las relaciones entre las autoridades académicas y las gubernativas. Es significativo que las primeras detenciones de estudiantes de la UGR que se producen por su participación en la I Reunión Coordinadora y Preparatoria (RCP) de Valencia en enero de 1967 (la de Manuel Vílchez de Arribas o de Leopoldo del Prado Álvarez, entre otros) no se traten para nada en la Junta de Gobierno de la Universidad –de la que Del Prado es, en esos momentos, representante de los alumnos por Económicas de Málaga- o en la Junta de Gobierno de la Facultad de Filosofía, de la que Manuel Vílchez es también representante. Podría entenderse que las detenciones de Bernabé López o Curro Rubio en febrero de 1968 no se trataran por considerarlas asuntos “políticos” ajenos a la propia Universidad, pero sorprende que las primeras pasen desapercibidas por las autoridades académicas cuando los detenidos lo habían sido como representantes de los alumnos en una actividad netamente universitaria, aunque ilícita según las autoridades franquistas.

Las autoridades académicas –tanto el Decano como el Rector- dan por buenas las razones del Gobierno Civil y asumen que la actuación del alumno ha sido ilegal en cuanto ha asistido a una reunión “no autorizada” y, además, maniatan las movilizaciones amenazando con abandonar las gestiones si éstas se producen, como de hecho se produjeron y, a tenor de las mismas, resultarán detenidos otros siete estudiantes granadinos

La primera vez que se hace alusión en el acta de la Junta de Gobierno de Letras, siendo decano Antonio Gallego Morell y Rector, Emilio Muñoz, es cuando se produce la detención de Miguel García Posadas durante la celebración de la VI RCP en Sevilla en febrero de 1968. En esta ocasión el Decano manifiesta que el Rector había hecho gestiones ante el Gobernador Civil de Sevilla para “poner en libertad” a este alumno que, no obstante, “se había desplazado allí para asistir a una reunión no autorizada”. Dejado sentado este precedente, el rector acepta la oferta de la autoridad civil para que no se le sancione económicamente siempre que realice “determinada instancia” (no se dice de qué tipo) y, añade el Rector, que “en tanto en cuanto por los alumnos de la Facultad no se lleve a cabo la huelga anunciada” para el día 5 de marzo de ese mismo año en señal de protesta porque, en caso contrario, insiste en que se “considerará desligado de toda gestión en favor del alumno detenido”. (Libro 5686 de la Junta de Gobierno de la Facultad de Filosofía y Letras, de 4.3.68, p. 374). Es decir, que aunque la conflictividad está en sus inicios, las autoridades académicas –tanto el Decano como el Rector- dan por buenas las razones del Gobierno Civil y asumen que la actuación del alumno ha sido ilegal en cuanto ha asistido a una reunión “no autorizada” y, además, maniatan las movilizaciones amenazando con abandonar las gestiones si éstas se producen, como de hecho se produjeron y, a tenor de las mismas, resultarán detenidos otros siete estudiantes granadinos. Por ello, la Asamblea de Letras, reunida el día 18 de marzo de 1968, denunciará “el silencio” que las autoridades académicas habían mantenido respecto a la detención de García Posadas y, al mismo tiempo, les exigen “un público reconocimiento de la legitimidad y legalidad de nuestros representantes”. (Carta de la Asamblea de Letras al Rector de la UGR, de 20 de marzo de 1968, en AHUGR, carpeta 72, Asociación de Estudiantes y Notificaciones, 1965-1974).

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Cartel aparecido en la Facultad de Medicina el 10 de febrero de 1972, contra la presencia de la policía en la Universidad. Archivo General de la Universidad de Granada, Secretaría General del Rectorado, Carpeta Estudiantes.

El sector más concienciado del movimiento estudiantil irá afirmando, desde el comienzo de su actividad, su propia autonomía respecto de las autoridades académicas, de las que recelan sobre su subordinación a las directrices gubernativas; de ahí que exijan, desde el inicio, que las académicas no sólo definieran su papel en ese escenario de confrontación con el régimen, sino que, a su vez, lo hicieran respecto al propio movimiento estudiantil. Posiblemente, en esa primera conformación del movimiento estudiantil, que no es homogéneo en su seno, la elección de Federico Mayor Zaragoza para el periodo 1968/72, provoque ciertas disensiones en el seno del movimiento estudiantil en la medida en que los aires aperturistas de éste podrían poner en peligro no sólo la autonomía, sino incluso su propia pervivencia por el peligro de asimilación que pudiera provocar en el movimiento estudiantil, en sintonía con la política que había diseñado el Ministro Villar Palasí. Eso es lo que advierte el único partido organizado en esos momentos, el PCE, que desde el comienzo reconoce que la situación del SDEUG “se presenta peligrosa desde la habilidad del Sr. Mayor Zaragoza y de su equipo de decanos para intentar una maniobra integradora de la gran mayoría no concienciada de estudiantes” y que, por ello, era necesario –aceptando el acercamiento y el diálogo- delimitar las relaciones del Rector con el sindicato actuando “como un frente unido” y no llegando a aceptar “compromiso alguno” que pusiera en peligro la autonomía del movimiento estudiantil, ya que si se realizaba “una exhaustiva labor de clarificación y una intensiva campaña (de todo tipo de actividades) hará que esa mayoría puede ir adquiriendo una conciencia real”. (Informe del PCE de 10.9.68 sobre la UGR, en AHPCE, Intelectuales y Movimiento Estudiantil, jacq. 519 y “Carta desde Granada” de 23.10.68, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 488, ref. 357/10, B de 2011.68).

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Comunicado de la Cámara de Distrito de la UGR de 1972 contra la presencia policial. Archivo General de la Universidad de Granada, Secretaría General, Carpeta Estudiantes.

El Ministro de Educación, Julio Rodríguez Martínez, todavía en 1973, recién nombrado para el cargo, en una visita a Granada en junio de ese año, afirmaba que “una de las metas que me he propuesto es la de terminar con la subversión en la Universidad"

El PCE, por tanto, se proponía desde su tradicional análisis marxista, mostrar las contradicciones reales que existían entre el discurso “aperturista” del nuevo gabinete ministerial y la propia esencia represiva del régimen. Unas contradicciones evidentes en la medida en que para el régimen toda protesta era “política” y, por tanto, debía ser combatida sin contemplaciones. Y esto se extenderá a lo largo de toda la dictadura como una y otra vez recordaban los distintos ministros del ramo. Así, el Ministro de Educación, Julio Rodríguez Martínez, todavía en 1973, recién nombrado para el cargo, en una visita a Granada en junio de ese año, afirmaba que “una de las metas que me he propuesto es la de terminar con la subversión en la Universidad". Claro, que no era original, pues un año antes, Carrero Blanco afirmaba sin tapujos que “es absolutamente indispensable que salgan de la Universidad los profesores y alumnos autores de la subversión”. (Discurso de Carrero Blanco, en ABC, jueves 9 de marzo de 1972, p. 19).

Ese mismo ministro dejaba claro que, cualquier “alteración del orden público (y una asamblea de estudiantes lo era), así como los actos de subversión que no puedan ser corregidos directamente por las autoridades académicas, carentes de medios para ello, corresponden a la autoridad gubernativa y a las Fuerzas de Orden Público, las cuales actuarán, bien a petición de los rectores o decanos o bien por iniciativa propia, cuando la urgencia del caso lo requiera”. Y, terminaba taxativamente afirmando que “no es preceptiva la autorización de entrada en edificios universitarios en tales casos”. (“Directrices sobre reuniones estudiantiles”, del MEC, en Diario Ideal, 18.1.73.)

La primera noticia que tenemos en el Distrito Universitario de Granada sobre la presencia de la político-social nos la ofrece una nota de la Asamblea Libre de la Facultad de Filosofía y Letras del 18 de marzo de 1968

En la medida en que el movimiento estudiantil avanza en sus reivindicaciones y la represión aflora, quedará al descubierto la relación entre este y las autoridades académicas y gubernativas al tiempo que los recintos universitarios se convertirán en un escenario conflictivo donde la presencia policial será cada vez más evidente. Además de que muchos bedeles y conserjes eran guardias civiles retirados que tenían la misión de espiar a los estudiantes, la presencia de la BPS en las universidades, en fin, se hará notar desde el comienzo de las luchas del movimiento estudiantil y, por ello, la constatación de que entre los estudiantes estaban infiltrados los sociales, era una evidencia para todos los activistas. Uno de los dirigentes estudiantiles, Jesús Carreño manifiesta que “había matriculados policías jóvenes en las carreras universitarias, eran como espías de la Brigada Político Social que ascendían con estos méritos”. (Entrevista a Jesús Carreño Tenorio, en Archivo Histórico de CCOO de Andalucía).

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Informe del Departamento de Información del Distrito Universitario a 12 de abril de 1971 sobre la situación de los presos políticos de Granada por el Estado de Excepción. Archivo General de la Universidad, carpeta Estudiantes 69/71.

La primera noticia que tenemos en el Distrito Universitario de Granada sobre la presencia de la político-social nos la ofrece una nota de la Asamblea Libre de la Facultad de Filosofía y Letras del 18 de marzo de 1968. Es una nota de protesta al Rector en la que –además de criticar los maltratos de que ha sido objeto el estudiante Francisco García Zurita en la comisaría-, expresan su “más enérgica repulsa ante la fiscalización de que nuestra Facultad es objeto por parte de la Brigada Político Social”. (Nota al Rector de la Asamblea Libre de Letras, fechada el 20 de marzo de 1968, en AHPCE, carpeta 72, Asociación de Estudiantes y Notificaciones, 1965-1974).

GARCÍA ZURITA, Francisco. Estudiante de Filosofía y Letras. Detenido en manifestación ilegal el 15 de marzo de 1968 en los alrededores de la Carrera del Genil y Puerta Real, mientras protestaba contra detenciones de estudiantes que se habían producido en enero de 1968 cuando se iba a celebrar la VI RCP en Sevilla. Multado con 25.000 pesetas. En esas manifestaciones fueron detenidos también otros siete alumnos y un obrero. Fue duramente maltratado en comisaría. Una Asamblea Libre en Filosofía y Letras, el 20 de marzo, criticó la pasividad de las autoridades académicas, la presencia de la BPS en la Universidad y se denunció por vez primera la violencia física de que había sido objeto un estudiante, el mismo Francisco García Zurita. (Carta de la Asamblea Libre de la Facultad de Filosofía y Letras al Rector el 20 de marzo de 1968, AUGR, Carpeta 72, Asociación de Estudiantes y Notificaciones, 1965-74).(Archivo Histórico del PCE, Intelectuales y Movimiento Estudiantil, Jacq. 517); (VV.AA.: “La cara al viento”, 2012: 187, 592, 593, 859); Martínez Foronda, Alfonso y Sánchez Rodrigo, Pedro: Diccionario de la represión en Granada 1931-1981, en elaboración.

Más allá de quienes militan en partidos clandestinos, usarán determinadas fórmulas para evitar, en la medida de lo posible, la represión

Aún así, en numerosas ocasiones no podrán evitar su vigilancia, entre otras razones, porque sus prácticas asamblearias son abiertas y todos conocen a quienes más se destacan en la lucha universitaria. No obstante, más allá de quienes militan en partidos clandestinos, usarán determinadas fórmulas para evitar, en la medida de lo posible, la represión. Por ejemplo, la propia administración, en un análisis que realiza semanalmente sobre la situación de la Universidad española, reconoce que es una práctica común en todas las universidades que los estudiantes elijan a varios representantes para desempeñar un cargo “con carácter rotativo” o, en otros casos, los “nombres no se harán públicos, en Cámaras y Asambleas para evitar represalias”. Así, se explicita en el informe del 22 al 27 de noviembre de 1971, donde al referirse a la Universidad de Granada se afirma que se eligieron a tres representantes de la Facultad de Derecho para desempeñar el cargo de delegado de Facultad o que se eligieron en la Facultad de Filosofía a cuatro enlaces con el SDEUG de los que no podían darse sus nombres. (Archivo de la Universidad de Granada, Carpeta Estudiantes, Huelga de Medicina).

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Manifestación contra el Estado de Excepción en España. Bruselas (Bélgica), 1969. Colección General, Centro de Documentación de las Migraciones. Fundación 1º de Mayo.

El primer testimonio que tenemos sobre la presencia pública de la BPS en la Universidad de Granada nos lo ofrece el estudiante Arturo González Arcas durante el Estado de Excepción de 1969

El primer testimonio que tenemos sobre la presencia pública de la BPS en la Universidad de Granada nos lo ofrece el estudiante Arturo González Arcas durante el Estado de Excepción de 1969. Afirma haber visto a varios agentes, concretamente a Francisco González Huertas (“D. Paco”) y Miguel Guisado, acceder a los archivos de la Facultad de Filosofía y Letras, sin el permiso aparente del Decano, Antonio Gallego Morell, ni del Rector, Federico Mayor Zaragoza:

“Cuando retomamos el curso después de las vacaciones [de Navidad], Rafa Peña, que estudia en Madrid y con el que tenemos contacto por FECUM, me escribe una carta diciendo que han tirado por la ventana en Madrid a un estudiante, Enrique Ruano, y que ha muerto en comisaría, aunque no se sabe exactamente en qué circunstancias. Llenamos la Facultad de carteles dando noticia de algo que no se sabía. Uno o dos días más tarde, la policía entra en la Facultad (Filosofía y Letras) y hacen un registro en los archivos.

Entra “Don Paco”, uno de los jefes más relevantes de la BPS, y Guisado, sin avisar al Decano ni al Rector. Se presentan con la placa y le dicen a un funcionario de la secretaría de la Facultad que quieren ver los archivos. Entonces empiezan a sacar fichas de prácticamente todos los estudiantes. El Decano no sabe nada, porque nosotros vamos a buscar a D. Antonio Gallego Morell a su despacho y le decimos que la BPS está abajo y está registrando, que si lo hace con su permiso o no. Él no se da por enterado. (...) D. Antonio Gallego Morell intenta quitarle importancia, dice que cómo no van a poder ver los archivos si, al fin y al cabo, son archivos públicos y los agentes son funcionarios públicos…; en fin, lo normaliza, le quita importancia”. (Entrevista Arturo González Arcas, en AHCCOO-A).

Podemos comprobar que las comisarías no eran el único espacio de trabajo de la BPS, sino que este cuerpo tuvo la capacidad de acceder a los recintos universitarios de distintas formas, ampliando así su radio de acción y multiplicando también la información sobre los estudiantes

Así podemos comprobar que las comisarías no eran el único espacio de trabajo de la BPS, sino que este cuerpo tuvo la capacidad de acceder a los recintos universitarios de distintas formas, ampliando así su radio de acción y multiplicando también la información sobre los estudiantes. De algún modo, los estudiantes, en esos momentos, tienen una percepción generalizada de que no hay una oposición ostensible hacia la intromisión de la policía en la Universidad con la complicidad, muchas veces, de administrativos y bedeles. El mismo González Arcas, afirma en este sentido que:

“La relación del cuerpo de Policía con los administrativos era de tal índole que perfectamente podían entrar. El ambiente de compadreo entre los funcionarios existía para éste y para tantos otros temas y, por lo tanto, no es complicado entender que dos funcionarios del Cuerpo Superior de Policía entraran y hablaran con el responsable administrativo de la secretaría y cogieran los cajones de los archivos para mirar entre las fichas de los alumnos. En aquel momento la impunidad del funcionariado franquista era absoluta, tanto para pasarse papeles como para proporcionar información sin ningún escrúpulo”.(Íbidem)

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Arturo González Arcas figura en las “Listas Negras” elaboradas en 1971. (Archivo General de la Universidad de Granada, Carpeta Estudiantes 71/72).

Pero al mismo tiempo, los estudiantes también sospechan, desde el inicio, de la debilidad con que las autoridades académicas se enfrentan a las gubernativas cuando éstas sancionan a los alumnos, de forma que se sienten un tanto “desamparados” o, dicho de otro modo, solos ante el peligro.

Las movilizaciones de los estudiantes a raíz de las detenciones de militantes de las Comisiones Obreras Juveniles en abril de 1970 provocarán otras detenciones de estudiantes que se solidarizaron con ellos y esto, a su vez, convorán asambleas en distintas facultades, lo que llevará a la policía a entrar en algunas como en la de Derecho en esa primavera de 1970 o en Filosofía el 19 de octubre de ese mismo año a raíz de la convocatoria de una Tribuna Libre para protestar contra el asesinato de tres albañiles durante la huelga de la construcción de julio de ese año. El mismo Rector reconoce en una de las Juntas de Gobierno, celebrada a finales de ese mismo año, que “(…) en los últimos meses del curso del año pasado, concretamente los meses de abril y mayo los estudiantes manifestaron en algunas Facultades la adopción de actitudes de falta de entendimiento e incluso de violencia y falta de respeto a las autoridades académicas que llevaron a situaciones muy difíciles antes del término del curso”. (Acta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada, nº 475/19.12.70, p. 112 ( R )- 116). En ese sentido, el propio Gobernador Civil en su Memoria de 1970, afirma que el mismo Rectorado no había autorizado la Tribuna Libre antes aludida y que había dispuesto que “para la celebración de asambleas en los centros docentes, sería preciso pedir autorización por escrito, con 72 horas de antelación”, lo que, a su juicio, produjo un “magnífico resultado” porque no llegó a celebrarse. (Archivo General de la Administración, Memoria del Gobierno Civil de Granada de 1970, de marzo de 1971, p. 6).

El curso 1970/71, coincidente con el Estado de Excepción que cabalga entre esos dos años, se mostrará especialmente conflictivo en varias facultades granadinas y malagueñas, fundamentalmente en la de Filosofía de Granada y en la de Económicas de Málaga. La concepción de que la Universidad no debe inmiscuirse en las cuestiones sociales que traspasan sus muros, coincidente con la del Gobierno, se deja patente en el acta de la Junta de Gobierno de la Universidad, de diciembre de ese año, cuando se señala que las asambleas que se habían realizado el 20 de octubre –coincidente con el tercer mes desde los asesinatos de los trabajadores de la construcción de 21 de julio de ese año- son de un “marcado carácter político, altamente peligrosas para la independencia de la Universidad” y, por ello, para que no vuelvan a repetirse la autoridad universitaria publicará una serie de normas que regulan la celebración de actos o asambleas universitarias. (Acta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada, nº 475/19.12.70, p. 112 ( R )- 116). Es decir, que en este caso el Rectorado coincidirá con la apreciación del Gobierno de que la Universidad no debe dar cobijo a reivindicaciones netamente políticas, ya que no es su finalidad. Pero la lucha del movimiento estudiantil por las libertades democráticas no cejará, incluso, durante la vigencia de este Estado de Excepción y, en abril de 1971, una asamblea de estudiantes de Derecho, se permite pedir a la Junta de Facultad que oficialmente protestara contra el Proyecto de Reforma de la Ley de Orden Público, solicitando que lo retiraran, así como enviar un escrito al Ministerio de Justicia pidiendo la libertad de los estudiantes detenidos que hubieran pagado la correspondiente fianza exigida por la jurisdicción de Orden Público. (Diario Ideal, 22.4.71, p. 11, ASAMBLEA DE ALUMNOS EN LA FACULTAD DE DERECHO).

Bibliografía:

ALCÁNTARA, Pablo: La Secreta de Franco. La Brigada Político-social durante la Dictadura. Planeta. Espasa Libros, Barcelona. 2022.
CARRILLO LINARES, José María. Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977), Tesis doctoral en Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2008.
LLANOS, José María. Artículo publicado en octubre de 1968, “Marcuse nos acusa ¿con razón?”, aparecido en El Correo de Andalucía, el 22 de octubre de 1968, p. 3.
MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso; SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro; RUEDA CASTAÑO, Isabel; SÁNCHEZ RODRIGO, José María; CONEJERO RODRÍGUEZ, Miguel y RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar: La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), Vol. I y II, Córdoba, El Páramo, 2012.
SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro y MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso: La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición. EUG, Granada, 2012. (De aquí proceden las imágenes de este artículo)
Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. Fondo Oral. Entrevistas orales a Jesús Carreño Tenorio, Antonio María Claret García, Arturo González Arcas, Roberto Mayoral Asensio, José María Lozano Maldonado y Javier Terriente Quesada

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.

Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Actualmente es profesor del IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.

Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.

Otros artículos y reportajes de Alfonso Martínez Foronda:

Nueva serie: Luchadores por la libertad en Granada, junto a Pedro Sánchez Rodrigo:

'Antonio Fernández López, una vida de lucha antifascista'

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Sobre la historia del PCE, en el año de su centenario:

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