Egea asegura que han llevado al máximo el plazo permitido por la ley

El Ayuntamiento defiende la concesión por 7,5 años de la Residencia Huerta del Rasillo, que IU y Vamos Granada ven insuficiente

Política - IndeGranada - Lunes, 21 de Septiembre de 2015
El concejal responsable del área de Bienestar, Fernando Egea, ha defendido que el Ayuntamiento ha llevado "al máximo" el plazo legal de la concesión a Vitalia de la residencia para grandes dependientes de la Huerta del Rasillo, en una adjudicación con condiciones "asumibles" para la empresa. IU y Vamos Granada discrepan y piden al equipo de gobierno que no haga peligrar la continuidad de la residencia.

"Esperemos estar de enhorabuena y que en breve Vitalia se pueda hacer cargo de la Residencia de la Huerta del Rasillo y de la atención de las personas que allí se encuentran", ha dicho hoy el concejal responsable del área de Bienestar Social, Fernando Egea, quien ha defendido la fórmula legal y el plazo de adjudicación establecido para que Vitalia se haga cargo del servicio, que estuvo al borde del cierre por las deudas de su anterior adjudicataria, la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, CANF. Los grupos de IU y Vamos Granada, sin embargo, no comparten sus argumentos y creen que la continuidad de la residencia puede peligrar.

Egea ha explicado que la fórmula elegida se ajusta a la legalidad y cuenta con el aval de la Administración Concursal de la residencia, que fue muy reticente a esa solución planteada y que finalmente la ha aceptado tras "múltiples" reuniones en las que se han implicado Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada. 

El concejal ha defendido que han llevado al máximo el plazo legal de adjudicación, que no puede ser mayor a 5 años, prorrogables por otros 2,5, según la ley. Según los informes jurídicos, no es posible una adjudicación ni por diez ni veinte años. Lo ha argumentado en que es una adjudicación directa, porque no se podía utilizar la figura jurídica anterior, que era una cesión, puesto que Vitalia es una mercantil y la Canf es una entidad sin ánimo de lucro. Solo se barajó esa cesión cuando se planteó que asumiera la gestión Fregradi, otra entidad sin ánimo de lucro, que lo descartó por ser inasumible la deuda arrastrada. 

Egea ha destacado que el Ayuntamiento ha facilitado al máximo las condiciones y ha trabajado en "estrecha" colaboración con la Junta, tanto con los responsables en Granada como en la Consejería. Ha querido subrayar las dificultades del proceso y ha agradecido la implicación de los letrados municipales para buscar una solución. 

Dudas de Vamos Granada e IU

Para la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, la cesión del uso de un edificio propiedad municipal no puede ser "un obstáculo" para la continuidad de la residencia. Según ha manifestado, si el equipo de gobierno no está dispuesto a asumir en solitario la responsabilidad de la cesión de ese edificio por el plazo de diez años, que excede con mucho su mandato, pero que según ha recordado es "el mínimo que requiere la empresa para asumir viablemente la gestión", será necesario llevar esta cuestión al pleno. De esta manera se aprobaría con "el respaldo necesario", incluso para explorar "soluciones que den aún mayor garantía para el interés público como puede ser la cesión a los propios residentes, articulando las formas de asesoramiento legal necesario para así tener independencia absoluta de la empresa que finalmente se haga cargo de la gestión". 

Tras insistir en la responsabilidad de tutela de la Junta de Andalucía, ha recordado que hay una deuda de 700.000 euros a la Seguridad Social y varios meses de salario a los trabajadores, mientras los residentes pagaban puntualmente la parte de su pensión y también se pagaba la subvención autonómica. Por todo ello ha apostado por la gestión pública de este tipo de servicios que se financian con "dinero público". 

Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, ha exigido al alcalde de Granada “sensatez y que no impida la continuidad de la Residencia de la Huerta del Rasillo” en la ciudad “para que no cierre este servicio público, y no se pierdan los empleos y la atención a los usuarios que son grandes dependientes”.

El edil de la formación de izquierdas denuncia “la modificación unilateral del Ayuntamiento sobre limitar a cinco años la cesión de la parcela municipal donde se sitúa la residencia lo que pone en riesgo el empleo de los 37 trabajadores y afecta también a los cerca de 40 residentes, todos ellos grandes dependientes y que están abonando el 75 por ciento de sus pensiones para poder tener este servicio de residencia que es vital para su calidad de vida”.

Según explica el edil, la empresa Vitalia se ha hecho cargo de la residencia que estaba en administración concursal, abonando deudas de Seguridad Social, sueldos a trabajadores, subrogando a los mismos y haciéndose cargo de las deudas con Hacienda, “suponiendo todo ello un gasto de más de 700.000 euros, que la empresa quiere recuperar con al menos una adjudicación de la parcela por un tiempo mínimo de diez años, algo que está impidiendo el Ayuntamiento, que pretende reducir la adjudicación de la misma a sólo cinco años”.

Según IU, “en compensación a la ciudad la empresa se ha comprometido a aumentar el número de usuarios, y el empleo que ello conlleva, y ceder a la ciudad varias plazas en la residencia para casos de urgencia y extrema necesidad, sin embargo el Ayuntamiento no da un periodo suficiente para que esta empresa pueda recuperar su inversión lo que está poniendo en continuidad la actividad de la residencia, el empleo que genera y el servicio básico que presta”.

Puentedura pide al alcalde "sensibilidad" con los trabajadores y los grandes dependientes

Es por ello que exige al Ayuntamiento “sensibilidad con los trabajadores y grandes dependientes y que no lleve al traste una operación muy complicada que pone en riesgo el futuro de residencia”. IU se ha puesto en contacto con el alcalde y el concejal de Bienestar Social “para que solucionen este problema” y les exige “que no miren para otro lado”. “El Ayuntamiento debe formar parte de la solución y cumplir el acuerdo de cesión por diez años para evitar que esta residencia se cierre y que se pierdan los empleos y se deshaucie a los grandes dependientes, pues ni trabajadores ni residentes son responsables de la nefasta gestión que ha puesto a esta institución en peligro”.

Además Puentedura ha mostrado su apoyo a la movilización de los trabajadores y residentes y llaman a todas las instituciones de Granada “a defender esta residencia y este servicio público que hoy más que nunca es necesario en nuestra ciudad”.