El Ayuntamiento de Castril ha solicitado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de la localidad, José Juan López Ródenas, y un concejal suyo por el "desfalco" realizado a las arcas públicas al usar supuestamente las línea telefónicas que poseían en el Ayuntamiento para contratar servicios "ajenos a la actividad municipal", incluyendo productos eróticos.

El Consistorio, personado en la causa como acusación particular, acusa a ambos de un delito de malversación de fondos públicos por la presunta contratación desde enero de 2008 a diciembre de 2011 de servicios de televisión o de "cámara oculta sexy", entre otros, por un importe de 1.579 euros en el caso de la línea de López Ródenas, que reintegró luego el dinero, y de 973 euros en la del otro edil, que no devolvió nada, según expone el Ayuntamiento en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ayuntamiento de Castril solicita la apertura de juicio oral contra López Ródenas y pide para él la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el mismo periodo, así como una multa de unos 800 euros; o alternativamente 21 meses de inhabilitación y multa de 3.240 euros.

La Fiscalía ha solicitado por su parte el sobreseimiento y archivo de la causa, al entender que el gasto en las llamadas pudo deberse a una estafa a la línea del Ayuntamiento y que no existe "base probatoria suficiente" para llevarlos a juicio.

Desde el Ayuntamiento, ahora gobernado por Nuevo Castril, rechazan los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal ante las periciales que obran en las actuaciones, una de ellas de la Guardia Civil, y el "carácter de arrepentimiento" de López Ródenas "al restituir el dinero malversado".

Así, y aunque "a nadie se le escapa la problemática que rodea la contratación electrónica", el Ayuntamiento llama a "no caer en un inopinado buenismo a favor de los acusados", que, según agrega el escrito presentado al Juzgado, no reclamaron a la compañías, mientras que tampoco se vieron afectados otros móviles del Ayuntamiento.

Por ello, ve necesario el Ayuntamiento la celebración de vista oral "para dilucidar la culpabilidad o no de los acusados", solicitando para el otro edil la pena de un año y medio de prisión y multa de unos 2.700 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.