El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada inicia este lunes una nueva ronda de declaraciones de investigados en la causa abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación de altos cargos en Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio de San José, después de que hace unas semanas ya declararan por este asunto la concejala del PP María Francés y el exedil de este mismo partido Eduardo Moral.

El Juzgado ha fijado para este lunes la declaración del gerente de Emucesa y también está previsto que lo haga uno de los seis trabajadores que están siendo investigados por beneficiarse de estos contratos supuestamente irregulares, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La Fiscalía imputa al gerente de Emucesa un posible delito continuado de prevaricación por omisión en concurso con un delito de malversación y un delito de fraude al sistema de las prestaciones a la Seguridad Social; o, en su caso -en atención a la fecha de los hechos- un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa.

El resto de los trabajadores investigados declararán entre este martes y el 21 de mayo, tras los últimos cambios acordados por el juez a solicitud de las defensas por imposibilidad de acudir en la fechas inicialmente señaladas.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada sobre supuestas contrataciones irregulares en Emucesa durante la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento. Lo hizo después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

La decisión de los dos exconsejeros delegados Eduardo Moral y María Francés, del PP, de poner el asunto en conocimiento del juzgado propició que la Fiscalía archivara las diligencias, siguiendo la causa su curso en el Juzgado, donde ya han prestado declaración en calidad de investigados.

Ambos negaron irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que estas personas realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo "reparos" ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.