'Antonio Aragón Orellana: de su compromiso social a las torturas (II)'

Uno de los impulsores de CCOO de Sanidad que dedicó su vida a los demás, como médico de familia

'Antonio Aragón Orellana: de su compromiso social a las torturas (II)'

Política - Alfonso Martínez Foronda - Sábado, 1 de Julio de 2023

Alfonso Martínez Foronda cierra con este segundo artículo su extraordinario trabajo dedicado a uno de los referentes imprescindibles del movimiento estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en las postrimerías del franquismo. No te lo pierdas.

Foto de Alfonso Martínez Foronda

Antonio Aragón Orellana, en su despacho del centro de Salud de Nívar.

Si no tuviste la oportunidad o quieres volver a leerle la primera parte: 'Antonio Aragón Orellana: el médico comprometido (I)'

La segunda detención durante el Estado de Excepción del 15 de diciembre 1970

Joaquín Bosque Sendra y Antonio Aragón Orellana, como estaban procesados por los sucesos de Semana Santa de ese año, debían presentarse cada dos semanas en el juzgado. Recordemos que el juicio de la detención de Semana Santa saldrá en marzo de 1971 y, por tanto, cuando se declara el Estado de Excepción de diciembre de 1970, ellos seguían teniendo la obligación de presentarse a las autoridades judiciales cada dos semanas.

Joaquín Bosque se esconderá en varios lugares distintos: primero, en la casa de Antonio Cruz y, después, en un piso alquilado de la Cuesta de San Antonio donde vivían los también militantes antifranquistas (próximos al PCE), Javier Andreu Dussac y el sevillano Pedro Clavero

Por ello, el mismo Joaquín Bosque dudará si debe o no presentarse en las dependencias judiciales, pensando que podría ser detenido, pero curiosamente cuando lo hace –acompañado de Joaquín Sabina, que se queda en la calle esperándolo- no le ocurre nada, lo que muestra una cierta descoordinación entre los cuerpos represivos en estos primeros momentos. Joaquín Bosque se esconderá en varios lugares distintos: primero, en la casa de Antonio Cruz y, después, en un piso alquilado de la Cuesta de San Antonio donde vivían los también militantes antifranquistas (próximos al PCE), Javier Andreu Dussac y el sevillano Pedro Clavero. Aprovechando que estos habían dejado el piso por las vacaciones de navidad, tanto Joaquín Bosque como Antonio Aragón se refugiarán en el mismo. Saben que están siendo buscados, pero no tomarán medidas de seguridad extremas y, por tanto, harán algunas salidas. Aragón recuerda que:

… salíamos y decíamos, «bueno por aquí, por la calle Real de Cartuja ¿va a venir la policía? Es muy raro que pase la policía por aquí. Pues pasaron y nos vieron… íbamos paseando Joaquín Bosque y yo… entonces pararon, un coche que venía… Entonces, los vimos, pararon, frenaron en plan ganster, salieron detrás de nosotros [gesto de correr] Y en la calle Real de Cartuja ya tirando para abajo, para San Ildefonso, cogieron a Joaquín Bosque, pero conmigo no pudieron [ríe y hace el gesto de decir no con el dedo].” (entrevista a Antonio Aragón, en ACCOO-A).

Una vez detenido, Aragón será conducido a la comisaría de Los Lobos y harán el preceptivo registro domiciliario donde le aprehenden las obras completas de Lenin

Era, efectivamente, el día 17 de diciembre y un coche de la BPS los identifica en plena calle y se produce una persecución al mejor estilo de Hollywood. Detendrán a Joaquín Bosque junto a la Iglesia de San Ildefonso y no lograrán apresar a Antonio Aragón, que logra huir por las callejuelas del Albaycín. Aún así, aunque Aragón se sabe buscado, una cierta ingenuidad de juventud no le hace pensar que tres días más tarde, la policía lo esté esperando en la misma casa donde se había refugiado con Joaquín Bosque y allí, el día 20, lo detendrán junto a su novia María Luisa Calvente Martín, ajena a militancias políticas, pero que no le evitó estar tres días en comisaría-. Una vez detenido, Aragón será conducido a la comisaría de Los Lobos y harán el preceptivo registro domiciliario donde le aprehenden las obras completas de Lenin.

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Aspecto de una celda, entreabierta, de la Comisaría de los Lobos. Realizada en 2012 por Alfonso Martínez Foronda.

Un informe de la Comisaría General de Investigación Social se hace balance del Estado de Excepción en toda España y Granada ocupa un lugar privilegiado entre las provincias con más detenidos, casi 70

El golpe represor en Granada, desde que se inicia ese Estado de Excepción es importante si lo comparamos con otras provincias, como Sevilla, donde la actividad antifranquista es mucho mayor, máxime cuando ya había recibido otro recientemente con la huelga de la construcción. Un informe de la Comisaría General de Investigación Social se hace balance del Estado de Excepción en toda España y Granada ocupa un lugar privilegiado entre las provincias con más detenidos, casi 70 entre los meses de diciembre a febrero del año siguiente. Esto da una idea del auge que había experimentado el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en Granada desde finales de los años sesenta y, especialmente, del toque de atención que había supuesto la huelga general de la construcción de julio de 1970.

Quienes pasaron por las comisarías granadinas durante el Estado de Excepción de 1970 manifiestan la extrema dureza con que fueron tratados por los miembros de la Brigada Político Social

Quienes pasaron por las comisarías granadinas durante el Estado de Excepción de 1970 manifiestan la extrema dureza con que fueron tratados por los miembros de la Brigada Político Social, (BPS) porque su obsesión fue desmantelar al PCE. Quedaba atrás ya las detenciones aleccionadoras de 1968 o la de quienes habían sido detenidos durante el Estado de Excepción de 1969 o incluso los de la Semana Santa de 1970, que únicamente pretendían dar un escarmiento a estos jóvenes antifranquistas y convertir su caso en un ejemplo de cómo castigaba el régimen a los subversivos. Ahora se tenía constancia de que las organizaciones políticas clandestinas, sobre todo el PCE, se habían implantado en la Universidad y, desde los organismos represivos por antonomasia, el régimen franquista debía emprender una acción más dura no sólo para desarticular el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en Granada, sino también para paralizarlo.

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Informe del Departamento de Información del Distrito Universitario a 12 de abril de 1971 sobre la situación de los presos políticos de Granada por el Estado de Excepción. Archivo General de la Universidad, carpeta Estudiantes 69/71

Las marcas y hematomas que presentaba en todo el cuerpo posibilitaron que se querellara contra la policía de Granada aunque, al igual que ocurrió en todas las ocasiones en que la los torturadores tuvieron que comparecer ante un tribunal franquista acusados de malos tratos, el juez no estimó necesario que éstos fueran juzgados

Por ejemplo, dos casos significativos de las torturas fueron, precisamente, Joaquín Bosque y Antonio Aragón. En el caso de Joaquín Bosque fue trasladado en varias ocasiones a la comisaría de Los Lobos desde la del Zaidín donde estaba detenido y aislado para ser interrogado al tiempo que los miembros de la BPS se excedieron con él utilizando en su contra todo tipo de torturas hasta conseguir una declaración en la que él mismo afirmó ser miembro del PCE. Las marcas y hematomas que presentaba en todo el cuerpo posibilitaron que se querellara contra la policía de Granada aunque, al igual que ocurrió en todas las ocasiones en que la los torturadores tuvieron que comparecer ante un tribunal franquista acusados de malos tratos, el juez no estimó necesario que éstos fueran juzgados. (Entrevista a Joaquín Bosque, en AHCCOO-A).

En el caso de Antonio Aragón, estará 7 días aislado en la comisaría de Los Lobos, de donde lo sacaban de madrugada para seguir interrogándolo y torturándolo. Le ponían una pistola encima de la mesa y, posteriormente, con las palmas de las manos apoyadas en la pared, le levantaban la ropa y le propinaban en la espalda dolorosos azotes con una tira de goma de las ruedas de los camiones:

“Me sacaban de madrugada, me sacaban por la noche, me llevaban arriba, me ponían contra la pared, las manos así apoyadas contra la pared [hace el gesto], eh, me levantaban la ropa [hace gesto de pegar] y dale que te pego… se te ponen los pelos de punta, vamos. (…) Me pegaron y bastante. Me pegaban con porras en la espalda. Tenían porras pero, además, gomas de los camiones, recortadas, unas tiras y con eso me pegaban en la espalda. Cuando llegué a la cárcel yo orinaba rojo y creo que me provocaron una especie de nefritis. La espalda tenía dos dedos de verdugones. Y eso duele mucho, mucho...” Y en la espalda, en los riñones, me llevaban dos dedos de moratones [hace gesto uniendo dos dedos] en la espalda. (Entrevista a Antonio Aragón, en AHCCOO-A).

Cuando llegó a la cárcel, llevaba verdugones de hasta dos centímetros sin que el médico denunciase el estado lamentable en que llegó

Cuando llegó a la cárcel, llevaba verdugones de hasta dos centímetros sin que el médico denunciase el estado lamentable en que llegó. Pero antes de ir a la cárcel, como resto, pasó por el Juzgado de Instrucción, abriéndosele el correspondiente Sumario en el TOP (Sumario 21/71). Rara vez los jueces aceptarán las denuncias de los estudiantes por malos tratos y serán, en general, cómplices del aparato represor franquista, como si fueran una prolongación de la propia policía. Sin embargo, hay algunos casos excepcionales como cuando los padres de Joaquín Bosque y Antonio Ayllón denuncian a varios policías por las palizas que habían sufrido sus hijos durante el Estado de Excepción de 1970 en la comisaría de Los Lobos. En el caso de Bosque, debido al parte médico que se le había realizado en la cárcel de Granada –una vez que había pasado quince días solo en la comisaría del Zaidín- y que certificaba hematomas de diversa consideración, el juez admitió a trámite dicha denuncia e hizo declarar a los policías implicados. No obstante, el caso se sobreseyó, aunque es una de las pocas veces que unos policías debieron declarar ante el juez negando, lógicamente, las torturas. No deja de ser significativo también el hecho de que el padre de Joaquín Bosque no encontrara en Granada a ningún abogado dispuesto a llevar este caso, por lo que tuvo que recurrir a su antiguo abogado madrileño, Jiménez de Parga, para que se hiciera cargo del mismo aunque tuvo que colegiarse en Granada para poner, a mediados de febrero de 1971, dicha querella. Por su parte, Antonio Ayllón también denunció malos tratos durante el Estado de Excepción 1970/71 y también tuvo dificultades para encontrar un abogado que siguiera su caso.

Esa situación con los colegiados, explicable por el miedo de muchos abogados a las posibles represalias del régimen si defendían a presos “comunistas”

Esa situación con los colegiados, explicable por el miedo de muchos abogados a las posibles represalias del régimen si defendían a presos “comunistas”, se trasluce en una carta que escribe el Rector, Federico Mayor Zaragoza, el 26 de febrero de 1971 a Decano de Derecho, José María Stampa, en la que expone la situación de Joaquín Bosque y Antonio Aragón. Escribe el Rector a Stampa:

“… parece confirmarse que dos estudiantes detenidos, entre otros, en las pasadas Navidades, fueron objeto de malos tratos por parte de la policía. Anteayer me vistió Joaquín Bosque [Maurell, padre de Bosque Sendra], acompañado del abogado Jiménez de Parga, que defiende a su hijo, y ha planteado una querella a la policía por malos tratos. Otro estudiante, de Medicina en este caso, parece haber sido maltratado. Me consta que empezó actuando Enrique Ceres pero por lo visto ha decidido no continuar en este caso. Te agradecería me informases al respecto, ya que si hubo malos tratos la Universidad tiene la obligación moral de ponerlo de relieve y evitar que se produzca en lo sucesivo.” (Carta de Mayor Zaragoza a Stampa Braum, en Archivo General de la Universidad, Estudiantes 71/72).

Antonio Aragón se quedó sin nadie que lo defendiese ni que denunciase la tortura de que fue objeto

¿Obligación moral? ¿Por qué dejó el caso Enrique Ceres? La cuestión es que Antonio Aragón se quedó sin nadie que lo defendiese ni que denunciase la tortura de que fue objeto. En la dictadura –y todavía le quedaba cuerda al dictador- los antifranquistas se quedaban demasiados solos. Demasiado. Y al final, el Ministerio Fiscal le llegará a pedir a Antonio Aragón nada menos que 9 años de prisión: 7 años por terrorismo y 2 años por asociación ilícita. Es significativo que de los 34 procesados en el sumario 21/71, seis de ellos fueron acusados de terrorismo. Y es que se les endosó a todos el lanzamiento de unos cócteles molotov producido a comienzos de diciembre de 1970 que, en realidad, no fueron lanzados por ellos, sino por militantes de los Comités Antiimperialistas (CAI). Como la policía no los tenía identificados, lo más fácil era endosarle el hecho a los militantes del PCE que sí tenía identificados como activistas antifranquistas, algunos de los cuales ya había sido detenido previamente como eran los casos de Berta Ausín Momblona, Joaquín Bosque o Antonio Aragón.

PROCESADOS EN LA CAÍDA DERIVADA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1970/71, ACUSADOS DE TERRORISMO

(Sumario 21/71)

Nº	Nombre	PETICIÓN FISCAL
Nº	Nombre	Terrorismo	Asociación Ilícita	Propaganda ilegal
1	Antonio Aragón Orellana	7	2	-
2	Berta Ausín Momblona	7	2	3
3	Manuel Contreras del Río	7	2	-
4	Joaquín Bosque Sendra	7	5	6
5	Antonio Cruz Jiménez	7	2	-
6	Juan Jesús Barrios López	7	4	6

El médico de la cárcel, que además era profesor universitario, “no da parte judicial y se lo tragaron”, es decir, lo pasaron por alto

Cuando llega Aragón a la cárcel él mismo asegura “fue un alivio”. Lo llevaron a la enfermería donde le reconocieron el mal estado en que se encontraba. Sin embargo, el médico de la cárcel, que además era profesor universitario, “no da parte judicial y se lo tragaron”, es decir, lo pasaron por alto. Según Aragón –eso parece desprenderse de su entrevista- posiblemente la denuncia que pusieron los padres de Bosque y Ayllón influyese en el parte que emitió el médico de la prisión para las autoridades judiciales. Y, sin embargo, eso no ocurrió con él porque sus padres no denunciaron los malos tratos. (Entrevista a Antonio Aragón, en AHCCOO-A).

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Los tres documentos son del Rector Federico Mayor Zaragoza al Decano de Filosofía, Gallego Morel y del Profesor José María Stampa, en la que se da cuenta de los malos tratos a los estudiantes Joaquín Bosque Sendra y Antonio Aragón Orellana que motivan una querella contra la policía. Archivo General de Universidad, estudiantes 71/72.

Era una forma clara de afirmar que no existía separación de poderes, pues el poder único y real lo tenía el Gobierno y, en este caso, su representante en la provincia

Durante su permanencia en la cárcel de Granada, tanto él como Joaquín Bosque, tendrán que asistir al juicio que tenían en el TOP (Sumario 259/70), que se celebró en Madrid el 5 de marzo de 1971, como hemos señalado, por las detenciones sufridas durante la Semana Santa de 1970. Posteriormente los devolvieron a la prisión de Granada, pasando alguna noche por la de Jaén. En la medida en que algunos detenidos van consiguiendo la libertad provisional por orden judicial, pendientes de su proceso en el TOP, y van pagando la fianza correspondiente, el Gobernador Civil, los mantiene en la cárcel tal y como le reconocía la legislación durante un Estado de Excepción, ya que éste podía retenerlos todo el tiempo en que estuviese en vigor. Era una forma clara de afirmar que no existía separación de poderes, pues el poder único y real lo tenía el Gobierno y, en este caso, su representante en la provincia. El Departamento de Información del Distrito de Granada denunciará esta situación arbitraria en varias ocasiones, como en el informe que elabora el día 14 de abril de 1971, en el que criticaba la arbitrariedad del Gobierno Civil que seguía manteniendo en prisión a muchos de los que ya habían pagado la fianza (que iba desde las 15.000 a las 20.000 pesetas), mientras otros –por determinadas influencias familiares con las autoridades- conseguían la libertad condicional. Todavía a mediados de abril de 1971 no habían pagado su fianza los estudiantes Antonio Aragón Orellana, Antonio Cruz Jiménez, Jesús Carreño y Manuel Contreras del Río, como tampoco se les había concedido la libertad provisional a aquellos obreros o estudiantes que, por motivos distintos, deberán seguir en la cárcel.

Tanto Antonio Aragón como Antonio Cruz Jiménez son los dos únicos estudiantes que, estando en libertad provisional desde mayo de 1971, permanecerán en la cárcel por mandato de la autoridad gubernamental hasta mediados de junio de ese año, en que sale en libertad

Tanto Antonio Aragón como Antonio Cruz Jiménez son los dos únicos estudiantes que, estando en libertad provisional desde mayo de 1971, permanecerán en la cárcel por mandato de la autoridad gubernamental hasta mediados de junio de ese año, en que sale en libertad. Al final, y a pesar de las altas peticiones fiscales hacia la mayor parte de los detenidos, sin embargo, la mayoría no fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público, aunque se instruyó el sumario preceptivo y el Ministerio Fiscal adjudicó en 1973 los delitos y las penas que les correspondían. De toda la caída de ese Estado de Excepción se abrieron varios sumarios (21/71, 418/70, 453/70 y 1006/71) y, de nuevo, nos encontramos con la arbitrariedad de la justicia franquista, pues alguno como el 21/71, que era el mayor, se guardó en el cajón: y, otros, sin embargo, fueron procesados y condenados. Cosas de la justicia franquista.

Y, además, en las listas negras

Con la eclosión de las protestas estudiantiles desde el año 1970, la BPS irá acumulando una serie de datos sobre los estudiantes que más se destacaron por sus “actividades subversivas” y que el Ministerio de Educación trasladará a las autoridades académicas, para que éstas, a su vez, pudieran aplicar elementos punitivos de acuerdo con la legislación vigente. Así, el primer documento de estas características viene firmado el 21 de febrero de 1971, en pleno Estado de Excepción, donde el Ministerio de Educación remite un dossier de alumnado con un resumen de su ficha policial, para que la autoridad universitaria aplicase como estimase procedente el artículo 28 del Decreto de 8 de septiembre de 1954 (por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina académica en los centros de Enseñanza) que, en síntesis, venía a plantear que las autoridades académicas podían prohibir la entrada a los centros y sus aulas de aquel alumnado que “haya perturbado o amenace perturbar la disciplina”. Son nombres conocidos y que coinciden, básicamente, con los activistas que habían sido detenidos a lo largo de 1970. Aunque en la Universidad de Granada no se hiciera uso de este documento por parte de las autoridades académicas, o al menos no hemos tenido constancia de ello, lo esencial era que hacía una radiografía del núcleo subversivo en las distintas facultades. Aunque en la lista faltan algunos activistas importantes y otros –los menos- no habían alcanzado tanta notoriedad, lo cierto es que la mayoría de ellos ya tenían antecedentes policiales porque habían sido detenidos entre 1968 y 1971. De nuevo, aparecerán aquellos dirigentes conocidos como los granadinos Joaquín Bosque Sendra, Berta Ausín Momblona, Arturo González Arcas, Antonio Cruz Jiménez, Juliana Cabrera Moreno, Socorro Robles Vizcaíno, Jesús Carreño Tenorio, Agatángelo Soler Díaz o Antonio Aragón Orellana, entre otros. Así, la geografía de la subversión en esos momentos es muy significativa:

Radiografía del alumnado conflictivo; 17 de febrero 1971

Ciencias	Derecho	Farmacia	Letras	Ciencias Económicas	Medicina
1	1	3	8	19	6

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, Director General de Universidades e Investigación, oficio a Rector de Granada de 17 de febrero de 1971, en Archivo General de la Universidad, Asociaciones de Estudiantes y elaboración propia.

Debería de enviarse este tipo de documentos anualmente, porque al año siguiente, concretamente el 22 de septiembre de 1972, aparecerá otro documento de similares características, pero donde parece que se censura la pasividad del rectorado de la Universidad de Granada, ya que le advierte que el alumnado que se adjunta “ha creado situaciones conflictivas de matiz subversivo y (sin embargo) no se les ha aplicado el artículo 28”. De nuevo, vuelven a repetirse los nombres de muchos de los dirigentes que aparecían en el primer documento y que todavía seguían estudiando en la Universidad, pero se añaden otros nuevos que, posiblemente, pasaran por comisaría ese año o protagonizaran determinados conflictos en la medida en que van sustituyendo a los dirigentes anteriores.

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Listas negras en las que figura, entre otros, Joaquín Bosque. Archivo General de Universidad, estudiantes 71/72.

El servicio militar, nuevo castigo

Un instrumento represivo del que dispuso el Gobierno Civil de Granada para alejar a los estudiantes de la Universidad fue la denegación de la prórroga de estudios para el Servicio Militar. Como ya sabemos, a los estudiantes se les ofrecía la posibilidad de retrasar el momento de incorporarse a filas hasta haber acabado su carrera, pero este recurso se les negó a quienes formaron parte de la disidencia al régimen, pudiéndose demostrar esta participación por las detenciones de estudiantes o los informes que sobre ellos se hubieran emitido por parte de las autoridades académicas o los agentes de la Policía o la Guardia Civil. Fueron sancionados con esta medida estudiantes como Bernabé López García, Francisco Rubio Morales, Mateo Revilla Uceda, Felipe Aguado, Manuel Vílchez de Arribas, José María Alfaya González, Antonio Cruz Jiménez, José María Lozano Maldonado, Antonio Aragón Orellana, Javier Terriente Quesada o Arturo González Arcas, entre otros muchos.

Antonio Aragón fue uno de los primeros que favorecieron la creación de las Comisiones Obreras de la Sanidad, dedicando su vida, como médico de familia, a los demás.

Bibliografía:

HERNÁNDEZ SANDIOCA, E., RUIZ CARNICER, M.A. y BALDÓ LACOMBA, M.: Estudiantes contra Franco, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007, pp. 296 y 318.
MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (Coord.); SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro; RUEDA CASTAÑO, Isabel; SÁNCHEZ RODRIGO, José María; CONEJERO RODRÍGUEZ, Miguel y RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar: La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), Vol. I y II, Córdoba, El Páramo, 2012.
MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, “Listas negras”: el seguimiento gubernativo de alumnos y profesores universitarios “subversivos”, en El Independiente de Granada, 30 de julio de 2022.
PARÍS, Carlos: “La pretensión de una Universidad tecnocrática”. En Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-75), CARRERAS, J.J. y RUIZ, M.A. (ed.). Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1991.
Archivo Histórico del Gobierno Civil de Granada, con entrada en Registro General 41.481, de 5 de julio de 1976. Caja 1.210-D, asunto: “Manifestaciones (1976); Secretaría General Rectorado. Asunto: Estudiantes. Carpeta “Boletín de situación de estudiantes”, curso 71/72; Carpeta 1325-A, notificación de la BRIS a Gobernador Civil nº 838, de 19 de julio de 1975
Boletín de Información de Actividades Estudiantiles, nº 3 de 16 de octubre de 1968, p. 7
Dossier de la represión en la Universidad de Granada, curso 69/70, editado por el Departamento de Estudios Universitarios, en AHCCOO-A.
Archivo Histórico del PCE, Nacionales y Regiones, Andalucía, caja 82, carpeta 1/4). (Diario Ideal de 20-1-76, p. 13).
Archivo General de la Universidad. Secretaría General Rectorado. Asunto: Estudiantes. Carpeta “Boletín de situación de estudiantes”, curso 71/72); Carpeta “Medicina”.
Diario Ideal, 28.1.70, p. 6
Entrevistas a Joaquín Bosque Sendra y a Antonio Aragón Orellana, en Fondo Oral de CCOO de Andalucía.
TOPDAT, Sumario 156/69 y Sentencia 251/69) y Sumario 259/70; Sumario 21/71, copias en Archivo Histórico de CCOO de Andalucía.

Alfonso Martínez Foronda es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Secundaria e históricamente vinculado al sindicato CCOO, en el que ocupó distintas responsabilidades, como investigador ha profundizado en el movimiento obrero y estudiantil.