"El informe del Defensor es el manual que describe los problemas de Andalucía"
La Andalucía real: el demoledor informe del Defensor del Pueblo
Repasamos el informe anual del Defensor del Pueblo andaluz, un desolador retrato de la Andalucía real, con la sanidad, la dependencia y los servicios sociales bajo el foco de las quejas.
Nada como el informe anual del Defensor del Pueblo andaluz para conocer la radiografía certera de la comunidad autónoma, desprovista del autobombo y la propaganda, a veces disfrazada peligrosamente de información veraz, del que le gusta presumir el Gobierno de mayoría absoluta del PP en la Junta. Y el último, correspondiente a 2023, presentado esta semana en el Parlamento esta semana por su titular, Jesús Maeztu, deja un panorama desolador.
Al cumplirse el 40 aniversario de la creación de la institución, se han batido todos los récords. Más de 9.600 quejas recibidas, un 12% más que en ejercicio anterior, y más de 15.500 consultas atendidas, cifra solo superada en 2020 como consecuencia de la atención prestada por las consecuencias de la pandemia. En total, junto a más de 600 acciones de promoción de derechos, el Defensor acometió unas 30.000 actuaciones para las más de 35.000 personas que requirieron su intervención.
La sanidad, la dependencia y los servicios sociales son las materias que mayor incremento de reclamaciones han experimentado este año. Se trata de los pilares, junto a la educación y vivienda, del Estado de Bienestar
La sanidad, la dependencia y los servicios sociales son las materias que mayor incremento de reclamaciones han experimentado este año. Se trata de los pilares, junto a la educación y vivienda, del Estado de Bienestar, "que debe especial atención a las políticas para la protección de la infancia y adolescencia, las personas mayores y los colectivos vulnerables".
Las quejas recibidas en salud fueron las que más aumentaron (un 58%, debido, de nuevo, a los retrasos en tiempos de respuesta asistencial en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada y en intervención quirúrgica, principalmente. A ello se suma la situación de colapso en la Atención Primaria, motivo de reiteradas denuncias por parte de la ciudadanía.
El Defensor destaca, además, de los principales problemas en la cobertura que la Administración ofrece a los colectivos vulnerables y alerta "sobre los excesivos retrasos en la tramitación de los expedientes en torno al Ingreso Mínimo Vital, la tramitación de bonos eléctricos y térmicos, el pago a tiempo del bono joven y la ayuda al alquiler, y los retrasos en la valoración de los grados de discapacidad".
Jesús Maeztu lamenta que un año más vuelven a ser reiterativas las denuncias que muestran la "desesperación e indignación" por la tardanza y la falta de claridad en el procedimiento y la resolución de estas prestaciones (ingresos de subsistencia; ayudas a la dependencia; valoración de la discapacidad; bono de alquiler...), así como la imposibilidad de contactar con los responsables de la tramitación de dichas prestaciones, porque no atienden las llamadas o porque no existen citas disponibles.
Por ello, pide a las administraciones de su competencia (Junta, diputaciones y ayuntamientos) una "verdadera política de cuidados" para los colectivos vulnerables y ha llamado la atención sobre la protección normativa y las políticas públicas singulares para las personas mayores, entre las que ha subrayado como de especial protección las que viven en residencias por el “apartamiento indecente que padecen”.
Una Atención Primaria "inaccesible"
Como se ha indicado, el volumen de quejas por la situación de la sanidad pública en Andalucía evidencia que más que en ningún otro ámbito la diferencia entre el discurso oficial del Gobierno andaluz y la realidad que, día a día, vive la ciudadanía. Mientras que el Ejecutivo del PP presume de una inversión 'histórica' en sanidad y avances en infraestructuras sanitarias, la población andaluza espera hasta dos semanas -incluso más, según la población- para ser atendido en su centro de salud.
Centro de salud Fortuny-Velutti, en la capital. tom leif eggert/archivo
En este bloque, son significativas las peticiones de amparo por las dificultades para acceder al primer escalón del sistema sanitario, la Atención Primaria. Según resalta el informe, a lo largo de 2023, este servicio básico "ha seguido en la tónica de provocar quejas por su inaccesibilidad". No es un problema aislado, pues proceden "de todas las provincias andaluzas", revelando los problemas que enfrentan los andaluces y andaluzas en distritos sanitarios, zonas básicas de salud, o en centros de salud y consultorios concretos para conseguir una cita con su médico.
“Buenos días. Un mes y medio intentando pedir cita con mi médico vía online, telefónica, ouija y señales de humo, sin éxito, he decidido desahogarme con todo mail que encuentro. Intenté llamar directamente al ambulatorio, por lo del desahogo saben? Sospecho que lo han dejado en silencio”.
La principal preocupación del Defensor, el "severo incremento" de testimonio de pacientes sobre las listas de espera hospitalarias
Con todo, el Defensor del Pueblo Andaluz subraya que su "principal preocupación" el pasado año "ha venido propiciada por la constatación de un severo incremento" de los testimonios de usuarios y usuarias sobre los tiempos de respuesta asistencial en el segundo nivel de ordenación de la atención sanitaria, esto es, en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada por derivación desde atención primaria y a intervención quirúrgica. Es decir, las listas de espera hospitalarias, tanto para la consulta con el especialista como para operaciones.
En términos meramente cuantitativos, la entidad de las quejas por demoras en acceder a la primera consulta de especialidad y a una intervención quirúrgica se ha duplicado en 2023, mientras que las que expresan el retraso en la práctica de procedimientos diagnósticos ha cuadruplicado las recibidas en 2022.
La espera para una intervención quirúrgica ha alcanzado "cifras que en nada se asemejan a las de ejercicios anteriores", cifras que "hasta ahora no habíamos conocido"
El Defensor, que apunta que en este incremento ha podido influir también "la posibilidad de prescripción de estas pruebas de que se ha dotado a los facultativos de la Atención Primaria", explica que, en particular, "la lista de espera quirúrgica ha sido con mucha diferencia el problema que más preocupación ha generado a lo largo de 2023, alcanzando cifras que en nada se asemejan a las de ejercicios anteriores, que hasta ahora no habíamos conocido".
"La intensidad de la demanda nos ha llevado a revisar los registros del Defensor del Pueblo Andaluz remontándonos a 2015, comprobando que las peticiones en este campo venían experimentando un crecimiento paulatino, pero moderado, hasta el fin de 2018, que se estabilizaron en 2019, cayeron, por razones obvias, en los ejercicios 2020 y 2021 en el marco de la pandemia, y experimentaron un nuevo aumento algo más acusado en 2019 hasta duplicarse en 2023 de forma inédita", expone.
El informe refleja con preocupación el "sufrimiento" que padecen las personas que esperan y su "inquietud" ante un posible "agravamiento de la dolencia" y que derive en "incapacidad para hacer una vida autónoma entretanto" o "la pérdida de sustento al encontrarse en situación de incapacidad laboral de largo tiempo". Hay algún caso que ha aguardado "cuatro años hasta ser intervenidos".
Llama la atención un dato que desvela la memoria y que tiene que ver con una de las opciones que la normativa andaluza ofrece a los pacientes que han superado la garantía de plazo para una intervención quirúrgica. En esa situación, el paciente puede acudir a un centro privado, costear íntegramente la operación e iniciar posteriormente la petición de reintegro hasta un límite de gasto fijado la normativa. Sin embargo, esa garantía "no puede ejercerse en los términos" que recoge el Decreto. Por qué. Lógicamente la falta de recursos económicos impide a muchas personas costear la operación. Pero no solo eso.
"Lo explica de forma expresa el Hospital San Cecilio de Granada, cuando dice que: 'es importante señalar a este respecto que desde la fecha de publicación del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre y órdenes posteriores, así como el Decreto 96/2004, ningún centro privado ha solicitado, en toda Andalucía, la firma del convenio ofertado por el Servicio Andaluz de Salud para la realización de intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, cuando se supera el plazo de respuesta establecido por decreto".
"Por tanto, hasta ahora no ha sido posible ofrecer al ciudadano que solicita el documento Acreditativo de Garantía ningún listado de centros conveniados para hacerlo efectivo", añade el Defensor.
Dependencia, un derecho "lastrado por dilaciones muy relevantes"
Otro de los pilares del Estado del Bienestar que se tambalean es el de la Dependencia. Lo resume de manera contundente la memoria, al señalar que hoy por hoy es "un derecho lastrado por dilaciones muy relevantes" en Andalucía.
Tras recordar que hablar de Dependencia es en buena medida hablar de personas mayores, el Defensor admite que no puede aportar una "visión optimista" de la situación, pues las quejas en esta materia "persisten las quejas ciudadanas en intensidad similar, con especial abundancia de las referidas a la efectividad del derecho con la aprobación del recurso".
Las medidas impulsadas por la Junta hasta ahora "no han resultado fructíferas" y esto provoca "situaciones de sufrimiento". Hay personas que "fallecen sin respuesta". En este sentido, el Defensor señala que en el informe que había comprobado la existencia de expedientes de dependencia "inicaods en el año 2019 que aún no han sido resueltos".
Pobreza energética y exclusión social
La pobreza, las dificultades de acceso a una vivienda digna, la pobreza energética y una especial mención a las dificultades para acceder a ayudas como el Íngreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, son problemas expuestos en la memoria, que recuerda que "el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social -la denominada tasa Arope- creció 1,7 puntos en 2023 en Andalucía respecto al año anterior (35,8%) hasta situarse en el 37,5 por ciento, que son once puntos más que la media nacional, que se situó en el 26,5%, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE)".
"Personas que por distintas causas viven sin poder bajar las altas temperaturas de sus viviendas durante los 4 meses de verano, pero también sin poder subirla en invierno"
Sobre la pobreza energética advierte: "En la Defensoría, año tras año, se reciben distintas quejas donde nos ponen de manifiesto estas realidades. Personas que por distintas causas viven sin poder bajar las altas temperaturas de sus viviendas durante los 4 meses de verano, pero también sin poder subirla en invierno. Personas que residen en viviendas unifamiliares o edificios poco eficientes energéticamente, cuando no residiendo en alquileres de bajo coste".
No olvida las "grandes dificultades" de la población residente en barrios como los de la Zona Norte de Granada, el Polígono Sur de Sevilla o el Puche de Almería y advierte de la "extrema vulnerabilidad" de la población o "las precarias condiciones económicas de muchos andaluces y andaluzas conlleva que sean demandantes de una vivienda protegida".
Sí, la pobreza también sacude a mucha población en Andalucía. Según el Defensor, "son muchas las personas que nos trasladan las dificultades para subsistir con menores a cargo y en muchas ocasiones siendo mujer y familia monoparental. Son personas con poca formación o carente de ella; con trabajos muy precarios, discontinuos y en muchas ocasiones procedentes de la economía sumergida y que al menos garantizan sus necesidades básicas gracias a prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta Mínima de Inserción (RMISA) o la Prestación No Contributiva (PNC)".
"Este año -en alusión a 2023- vuelven a ser reiterativas las consultas que muestran la desesperación e indignación por la tardanza y la falta de claridad en el procedimiento y la resolución de estas prestaciones. A ello se une la imposibilidad de contactar con los servicios sociales o con las administraciones responsables de la tramitación de dichas prestaciones, porque no atienden las llamadas o porque no existen citas disponibles para poder ser atendidos personalmente".
En cuanto al IMV, al ser competencia de la Seguridad Social, las quejas son enviadas al Defensor del Pueblo de España (DPE), detalla la institución andaluza para indicar que la lectura de las mismas "nos permite conocer algunos de los problemas trasladados, como el retraso en la concesión de las ayudas o las devoluciones de cobros indebidos. De la misma manera, las dilaciones en la resolución de los expedientes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) son otra de las causas que inciden directamente en la vulnerabilidad por razones económicas de muchas personas residentes en Andalucía".
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