Quienes pasaron por las comisarías granadinas durante el Estado de Excepción de 1970, con las salvaedades que hemos señalado en capítulos anteriores, manifiestan la extrema dureza con que fueron tratados por los miembros de la BPS, porque su obsesión fue desmantelar al PCE. Quedaba atrás ya la detención aleccionadora de Bernabé López en 1968 o la de quienes habían sido detenidos durante el Estado de Excepción de 1969 o incluso los de la Semana Santa de 1970, que únicamente pretendían dar un escarmiento a estos jóvenes antifranquistas y convertir su caso en un ejemplo de cómo castigaba el régimen a los subversivos. Ahora se tenía constancia de que las organizaciones políticas clandestinas, sobre todo el PCE, se habían implantado en la Universidad y, desde los organismos represivos por antonomasia, el régimen franquista debía emprender una acción más dura no sólo para desarticular el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en Granada, sino también para paralizarlo.

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Jesús Carreño Tenorio, detenido durante el Estado de Excepción de 1970. Cedida por Jesús Carreño.

Las marcas y hematomas que presentaba  Joaquín Bosque Sendraen todo el cuerpo posibilitaron que se  querellara contra la policía de Granada aunque, al igual que ocurrió en todas las ocasiones en que la los torturadores tuvieron que comparecer ante un tribunal franquista acusados de malos tratos, el juez no estimó necesario que estos fueran juzgados

Así, merece la pena destacar algunos casos como el de Joaquín Bosque Sendra, Antonio Aragón Orellana, Antonio Ayllón o Jesús Carreño Tenorio, entre otros, como ejemplo de la crueldad con que se trató a los detenidos en estos momentos. Cuando por fin consiguieron apresar a Bosque en San Ildefonso, los agentes lo llevaron a la comisaría del barrio del Zaidín, donde pasó ocho días incomunicado en una celda, privado de obtener algún elemento de distracción o de recibir visitas de sus familiares. Fue trasladado en varias ocasiones a la comisaría de Los Lobos para ser interrogado al tiempo que los miembros de la BPS se excedieron con él utilizando en su contra todo tipo de torturas hasta conseguir una declaración en la que él mismo afirmó ser miembro del PCE. Las marcas y hematomas que presentaba en todo el cuerpo posibilitaron que se querellara contra la policía de Granada aunque, al igual que ocurrió en todas las ocasiones en que la los torturadores tuvieron que comparecer ante un tribunal franquista acusados de malos tratos, el juez no estimó necesario que éstos fueran juzgados. Por su parte, Antonio Aragón estaría incomunicado siete días en una celda de Los Lobos, de donde lo sacaban de madrugada para seguir interrogándolo –fundamentalmente para saber los nombres de militantes del PCE- y torturándolo reiteradamente, llegando a la cárcel con verdugones de hasta dos centímetros sin que el médico de la prisión denunciase el estado lamentable en que llegó.

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Antonio Valdivia Ruiz y Paco Portillo Villena, detenidos durante el Estado de Excepción de 1970/71, entrando en la Comisaría de Los Lobos. Foto de Alfonso Martínez Foronda.

Jesús Carreño Tenorio, por su parte, pasó ocho días en la comisaría de Los Lobos hasta su ingreso en prisión el día 24 de diciembre

Jesús Carreño Tenorio, por su parte, pasó ocho días en la comisaría de Los Lobos hasta su ingreso en prisión el día 24 de diciembre. Él también afirma haber sido maltratado físicamente por los agentes de la BPS durante los interrogatorios, en los que la policía se centró en localizar los lugares de reunión del PCE, el lugar donde se ubicaba el aparato de propaganda y la totalidad de los nombres de sus miembros y los domicilios de éstos. De las preguntas planteadas se deduce que la finalidad de las detenciones  era el desmantelamiento del Partido en la Universidad, pero, al mismo tiempo, mostrar la fuerza del régimen y su decidida voluntad de cortar cualquier movimiento disidente. Así, la tortura que sufrió Francisco Portillo la mitad del tiempo que pasó en comisaría -37 días- era una señal inequívoca de que no permitirían fácilmente la reorganización de oposición antifranquista.

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Informe del Departamento de Información de Distrito Universitario a 12 de abril de 1971 sobre la situación de los presos políticos de Granada por el Estado de Excepción. Archivo General de la Universidad, carpeta Estudiantes 69/71.

Tras las numerosas detenciones de estudiantes en esas dos primeras semanas, algunos de sus padres visitarán al rector, Federico Mayor Zaragoza, para que intercediera por ellos ante la autoridad gubernativa. El día 8 de enero de 1971 se entrevistará con el Gobernador Civil “urgido por los familiares de dos de los estudiantes detenidos, concretamente Andreu y Vargas”, ninguno de los cuales era del PCE. El Gobernador le comunica –según Mayor Zaragoza- que en esos momentos:

Ese quedarse al margen será criticado por algunos estudiantes, como Jesús Carreño, que afirma que su padre visitó al rector para que intercediera por él y que lo despachó “con cajas destempladas”. Su pertenencia al PCE no daba el perfil para que fuera atendido y para él Mayor Zaragoza “era puro gesto. Gestos que duraban hasta lo que duraban, porque después llegaba un momento en que ni gestos ni nada. Ejercía –no voy de decir de lacayo-, pero sí de rector del régimen”. (entrevista a Jesús Carreño).

Mayor Zaragoza le recordará que debía “diferenciarse totalmente la autoridad académica de la autoridad política y la problemática académica de la problemática política, especialmente cuando en esta última hay problemas sustanciales y hay problemas absolutamente discutibles y cuestionables”

Lo importante de esa entrevista mantenida con el Gobernador, no obstante, es que trasluce el único papel que, a su juicio, puede jugar en esos momentos. Una delimitación de papeles que el mismo rector le había recordado al Gobernador en esa misma entrevista cuando ambos había tenido algunas fricciones por la intromisión que –poco antes y a juicio del rector- había realizado el Gobernador inmiscuyéndose en asuntos académicos, lo que suponía “restar autoridad al Rectorado y a los Decanos, como se ha hecho hablando directamente con los Decanos y Directores de Colegios Mayores en lugar de plantearme a mí los problemas que existieron”. En esta ocasión Mayor Zaragoza le recordará que debía “diferenciarse totalmente la autoridad académica de la autoridad política y la problemática académica de la problemática política, especialmente cuando en esta última hay problemas sustanciales y hay problemas absolutamente discutibles y cuestionables”. Por ello, se limitará a posibilitar a los estudiantes la realización de los exámenes de junio y, así, el 5 de junio de ese mismo año, volverá a hablar con el Gobernador Civil interesándose por los estudiantes detenidos para que éstos “puedan hallarse libres en el momento de la celebración de exámenes de la actual convocatoria”. El Gobernador le confirma, como efectivamente ocurre, que los pondrá en libertad “con toda seguridad” a comienzos de la semana siguiente.

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El Ministerio de Educación pide el 22 de febrero de 1971 informe sobre los alumnos procesados Agatándelo Soler Díaz y María Aránzazu Oñativia, en Archivo General del Rectorado, carpeta Asociaciones de Estudiantes, 69/71.

No deja de ser significativo que desde el Gobierno Civil se intentara prolongar la estancia en la cárcel lo máximo posible de la mayoría de los detenidos, obreros o estudiantes, especialmente de quienes fueron acusados de “terrorismo” al implicarlos, genéricamente, en el lanzamiento de los cócteles molotov

No deja de ser significativo que desde el Gobierno Civil se intentara prolongar la estancia en la cárcel lo máximo posible de la mayoría de los detenidos, obreros o estudiantes, especialmente de quienes fueron acusados de “terrorismo” al implicarlos, genéricamente, en el lanzamiento de los cócteles molotov. En la medida en que algunos detenidos van consiguiendo la libertad provisional por orden judicial, pendientes de su proceso en el TOP, y van pagando la fianza correspondiente, el Gobernador Civil, los mantiene en la cárcel tal y como le reconocía la legislación durante un Estado de Excepción, ya que éste podía retenerlos todo el tiempo en que estuviese en vigor.

El Departamento de Información del Distrito de Granada denunciará esta situación arbitraria en varias ocasiones, como en el informe que elabora el día 14 de abril de 1971, en el que afirman que el 30 de marzo habían conseguido la libertad provisional 23 presos políticos, previo pago de fianzas que iban desde las 15.000 a las 25.000 pesetas. Señala que obreros como Bienvenido Ortega, Francisco Cantero, Antonio Ruiz, Luis Afán de Rivera o José Rica, entre otros, junto a los estudiantes Berta Ausín, Juliana Cabrera o Javier Lizcano, “pagaron su fianza el 1 de abril, estando en libertad respecto del TOP, pero siguen encarcelados por orden del Gobernador Civil”.  Un poco antes, el 4 de marzo, había ocurrido lo mismo con los estudiantes Agatángelo Soler y Aránzazu Oñativia, que seguirán dos semanas más en la cárcel por orden del Gobernador Civil. El Ministerio de Educación y Ciencia comunica al Rector de la Universidad de Granada el procesamiento de ambos (Sumario 141/71) y se les decreta prisión provisional con fianza de 30.000 pts. a cada uno, con fecha de 22 de febrero de 1971.Las gestiones que sus familiares hicieron ante el propio Gobernador, el Arzobispo o el Delegado de Sindicatos fueron infructuosas y esos días no serían válidos a efectos de redención de la posible pena que les pudiera imponer el TOP.

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Información del Rector, Federico Mayor Zaragoza, sobre los estudiantes detenidos y procesados durante el Estado de Excepción de 1970/71, en Archivo General del Rectorado, carpeta Asociaciones de Estudiantes, 69/71.

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Información de la Cámara de Distrito el 18 de febrero de 1971 sobre la relación de detenidos en el Estado de Excepción de 1970/71. Archivo General de la Universidad, carpeta Estudiantes 69/71.

El Estado de Excepción permitía legalmente este tipo de arbitrariedades, por mucho que los representantes estudiantiles vieran en esta anomalía “la paradoja de que se encuentran en prisión provisional, a pesar de tener su libertad judicial”

El Estado de Excepción permitía legalmente este tipo de arbitrariedades, por mucho que los representantes estudiantiles vieran en esta anomalía “la paradoja de que se encuentran en prisión provisional, a pesar de tener su libertad judicial”. Esto sería así en un Estado de Derecho, pero no en la dictadura franquista, ya que los estados de excepción, de hecho, anulaban no sólo el “habeas corpus”, sino las más mínimas garantías procesales y, en ese sentido, los gobernadores civiles disponían de los detenidos a su antojo mientras estuvieran en vigor, como prueba inequívoca de la servidumbre del poder judicial respecto al gobierno.

Antonio Cruz y Antonio Aragón, son los dos últimos estudiantes que, estando en libertad provisional, quedarán en la cárcel por mandato de la autoridad gubernativa, que los liberará casi a mediados de junio

Todavía a mediados de abril de 1971 no habían pagado su fianza los estudiantes Antonio Aragón, Antonio Cruz, Jesús Carreño y Manuel Contreras, como tampoco se les había concedido la libertad provisional a aquellos obreros o estudiantes que, por motivos distintos, deberán seguir en la cárcel. Entre ellos: Paco Portillo, Emilio Cervilla, Ernesto Caballero, Antonio Noguera o José Romero; y, entre los estudiantes, Joaquín Bosque, Antonio Ayllón, Juan Barrios o Manuel Vargas. Todavía en mayo de ese año permanecerán en la prisión, aunque habían pagado la fianza, Manuel Contreras del Río, Jesús Carreño y Antonio Cruz, que se dirigen al rector para agradecerle sus gestiones para lograr su libertad; Antonio Cruz y Antonio Aragón, son los dos últimos estudiantes que, estando en libertad provisional, quedarán en la cárcel por mandato de la autoridad gubernativa, que los liberará casi a mediados de junio. Los restantes, Bosque y Barrios tendrán que esperar unos meses más para ser puestos en libertad provisional, aunque pudieron también examinarse en la convocatoria de junio.

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Antonio Cruz Jiménez y Javier Terriente Quesada, dos de los represaliados durante 1970/71, en una manifestación el 7 de octubre de 2012 en Granada. Fotografía de Alfonso Martínez Foronda.

Emilio Cervilla había sido detenido en múltiples ocasiones: desde 1939 en que estuvo 43 días en prisión por ser hijo de rojos, al Consejo de Guerra de 1962, condenado a cuatro años de prisión por actividad clandestina, a registros domiciliarios y detenciones en algunos 1º de mayo desde 1963 a 1968

Cuando Javier Terriente Quesada ingresa en la cárcel el día 8 de enero de 1972, por una detención previa en una campaña contra el asesinato de Pedro Patiño en diciembre de 1971, se encontrará al estudiante Antonio Ayllón y a los obreros Ernesto Caballero, Emilio Cervilla Alonso y Manuel Castro “El Lechero”. Todo indica que a éstos –excepto a Antonio Ayllón- los mantuvieron en la cárcel veinte meses por ser reincidentes, ya que Ayllón y Ernesto Caballero serían los últimos en salir. Hay que tener en cuenta que Ernesto Caballero, militante del PCE desde finales de los años cincuenta, había huido de su domicilio en 1960 bajo orden de búsqueda y captura dictada por Aymar a raíz de la caída de numerosos militantes de ese partido durante ese año. A finales 1966 es detenido en Barcelona por la Brigadilla de la G.C. y, posteriormente, por la BPS, donde fue torturado. El TOP lo condenará a 3 años por asociación ilícita y 25.000 pts. por falsificación de documentos. Cumple condena en Barcelona, Madrid, Palencia y Soria. Acumulará 97 días en celdas de castigo por defender reivindicaciones de presos políticos y saldrá de la cárcel el 4 de noviembre de 1969, tres años más tarde de haber sido detenido; Manuel Castro “El Lechero” había sido uno de los detenidos en la caída de 1961 de Granada y Emilio Cervilla había sido detenido en múltiples ocasiones: desde 1939 en que estuvo 43 días en prisión por ser hijo de rojos, al Consejo de Guerra de 1962, condenado a cuatro años de prisión por actividad clandestina, a registros domiciliarios y detenciones en algunos 1º de mayo desde 1963 a 1968.

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Nota de prensa donde se recoge la noticia de varios estudiantes granadinos detenidos en marzo de 1971. 

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Notas de prensa en abril de 1971 sobre las circunstancias legales que han de cumplir las asambleas en el contexto del Estado de Excepción de 1970/71.

El caso de Antonio Ayllón es particular, porque en la detención que sufrió en 1969 haciendo pintadas a favor de CCOO le había salido el juicio en el TOP el 23 de noviembre de 1970, es decir, en pleno Estado de Excepción y cuando ya sabía que habían detenido a muchos de sus compañeros

El caso de Antonio Ayllón es particular, porque en la detención que sufrió en 1969 haciendo pintadas a favor de CCOO le había salido el juicio en el TOP el 23 de noviembre de 1970, es decir, en pleno Estado de Excepción y cuando ya sabía que habían detenido a muchos de sus compañeros. El tribunal lo condenará a seis meses y un día de prisión menor y 10.000 pesetas de multa. (Sumario 20/70 y Sentencia número 274/70 de 23 de noviembre de 1970). Sin embargo, para ganar tiempo, hace un recurso de apelación y los a pocos días, en diciembre, huye de su domicilio y se esconde, primero en Málaga y, posteriormente, en Zaragoza, pero allí es nuevamente detenido el 2 de febrero de 1971. Ingresará en la cárcel de Granada el 9 de febrero y, a partir de ahí, quedará a merced del Gobernador Civil. Como la redención de pena no cuenta durante la vigencia del Estado de Excepción, es decir, hasta el 13 de junio de 1971, es a partir de aquí cuando comienza el cumplimiento de la primera condena. Pero, la detención de Zaragoza, en febrero de 1971, por militancia en el PCE, le acarreará un nuevo juicio en el TOP.

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Panfleto de solidaridad con los presos políticos el 21 de enero de 1971 donde se contrapone la fiesta a la protesta. Archivo General de la Universidad, carpeta Estudiantes 69/71.

Y, sin embargo, nunca fueron juzgados. A pesar de las altas peticiones fiscales hacia la mayor parte de los detenidos, sin embargo, la mayoría no fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público, aunque se instruyó el sumario preceptivo y el Ministerio Fiscal adjudicó en 1973 los delitos y las penas que les correspondían.

PROCESADOS EN LA CAÍDA DERIVADA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1970/71.

(Sumarios 21/71, 418/70, 453/70 y 1006/71)

Ninguno de estos llegó a las Salesas y, por tanto, nunca fueron juzgados. Sin embargo, sí fueron juzgados cuatro obreros, de entre los detenidos que, con sumarios diferenciados, pasaron por el Tribunal de Orden Público. Estos obreros fueron José Romero García (Sumario 37/71), condenado por propaganda ilegal y falsificación de identidad a 6 meses de arresto mayor y 15.000 pesetas de multa; José Marín García (Sumario 65/71) por pertenencia al PCE, a cuatro meses de arresto mayor; y José Valentín Martín Morales y José Díaz Prados (Sumario 438/71), acusados de pertenencia a CCOO, que fueron absueltos.

Para seguir con la arbitrariedad de la justicia franquista, nos encontramos con la no menos sorprendente causa contra Nicolás Marín Díaz, que no llegó a ser detenido, aunque sí buscado

Más paradójico es que de todos los estudiantes sólo se juzgue a Antonio Ayllón y, junto a él, al obrero Miguel Ortega Pineda, a los que se les excluye –inexplicablemente- del proceso 21/71 y se les abre otro Sumario, el 338/71, acusándolos a ambos de pertenencia al PCE y, por tanto, de asociación ilícita. El juicio de ambos se celebrará el 10 de noviembre de 1971 y allí será condenado Antonio Ayllón a 3 años de prisión menor por asociación ilícita y, por tanto, tendrá que ingresar de nuevo en la cárcel de Granada para cumplir dicha condena; por su parte, a Miguel Ortega se le condenaría a 2 años de prisión menor por asociación ilícita.

Para seguir con la arbitrariedad de la justicia franquista, nos encontramos con la no menos sorprendente causa contra Nicolás Marín Díaz, que no llegó a ser detenido, aunque sí buscado. De entre los huidos y buscados sólo a él se le instruye el Sumario 812/71 y tiene que ir a juicio el 2 de junio de 1973. No se le puede demostrar su pertenencia al PCE y es absuelto. Y, finalmente, está el caso de Agatángelo Soler que fue separado del proceso colectivo y sobreseído su caso porque, como él mismo manifiesta, la amistad de su padre con el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, pudiera haber influido en ello.

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Ernesto Caballero Castillo, detenido durante el Estado de Excepción de 1970/71. Foto realizada en 2012 en Córdoba por Alfonso Martínez Foronda.

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Nicolás Marín Díaz, buscado durante el Estado de Excepción de 1970/71. Fotografía de 2012, en su despacho, por Alfonso Martínez Foronda.

Mayor Zaragoza tendrá el honor de no haber expedientado a ningún alumno de su Universidad durante su mandato, aunque tuvo que moverse en la cuerda floja en numerosas ocasiones porque su mandato se enmarcó entre los dos estados de excepción

¿Cuál podría ser la razón por la que nunca llegaron a ser enjuiciados a pesar de los graves delitos que se les imputaban y abultadas penas que les pedían? Antes de intentar explicar esta arbitrariedad de la justicia franquista es importante saber que el de Granada no fue un caso aislado. También en Sevilla se había desarticulado a todo el Comité Provincial del PCE y detenido a muchos dirigentes de las CCOO durante ese mismo Estado de Excepción, pero en este caso se implica también a hijos de significados personajes sevillanos como a los hijos del Magistrado Plácido Fernández Viaga o el de Carlos Castilla del Pino, entre otros. Estas detenciones masivas, dirigidas por el famoso –por represivo- comisario Antonio Juan Creix,  provocaron que una serie profesionales e intelectuales (juristas, catedráticos, arquitectos, etc.) sevillanos suscribieran un documento en el que denunciaban el desamparo judicial, las detenciones arbitrarias y la indefensión de los detenidos. Posiblemente, el error de Creix estuviera en que había sustituido –como se había hecho hasta entonces- la táctica de las detenciones selectivas por otras masivas y éstas salpicaron –de alguna forma- al propio régimen en los hijos de algunos de los detenidos. O, simplemente, que al sobrepasarse en las detenciones el propio régimen no quisiera dañarla aún más. Aunque el caso granadino no sea el mismo, la extensión de las detenciones entre obreros y estudiantes es similar y, aquí, estaba todavía fresca la memoria de la tragedia de la huelga de la construcción. Sea como fuere, la cuestión es que en los dos casos no se llegó hasta el Tribunal de Orden Público.

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Información del Rector, Federico Mayor Zaragoza, a Gobernador Civil sobre los estudiantes detenidos y procesados durante el Estado de Excepción de 1970/71, en Archivo General del Rectorado, carpeta Asociaciones de Estudiantes, 69/71.

Hay que destacar, en fin, la benevolencia con que se trataron estos casos desde la Universidad, ya que todos ellos tuvieron la posibilidad de ser examinados en prisión. A mediados de febrero de 1971, Federico Mayor Zaragoza autorizará el desplazamiento al centro penitenciario de un Profesor Adjunto de las facultades de Filosofía y Medicina, respectivamente, con sobres sellados con los exámenes correspondientes a las asignaturas que querían examinarse, aunque en estos casos tenían el visto bueno del Director de la Prisión y el conocimiento del Gobernador Civil. Por otra parte, Mayor Zaragoza tendrá el honor de no haber expedientado a ningún alumno de su Universidad durante su mandato, aunque tuvo que moverse en la cuerda floja en numerosas ocasiones porque su mandato se enmarcó entre los dos estados de excepción.

Bibliografía:

• CABALLERO CASTILLO, Ernesto, Vivir con memoria, Editorial El Páramo, Córdoba, 2011.
• MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (Coord.); SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro; RUEDA CASTAÑO, Isabel; SÁNCHEZ RODRIGO, José María; CONEJERO RODRÍGUEZ, Miguel y RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar: La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), Vol. I y II, Córdoba, El Páramo, 2012.
• MARTÍNEZ FORONDA,  Alfonso: La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia. Pepe Cid y Paco Portillo: dos líderes, dos puentes. Fundación de Estudios y Cooperación de CCOO-A, Granada, 2012.
• MARTÍNEZ FORONDA, A. y CONEJERO FERNÁNDEZ, M.: “La prima” Rosario y Cayetano. Dos luchadores por la libertad en una provincia idílica. Ed. El Páramo, Córdoba, 2011.
• Archivo General de la Administración. Memoria del Gobierno Civil de Granada de 1970, publicada en marzo de 1971.
• Archivo Histórico del PCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 782. Ref. 61/9 de 23/2/73.
• Archivo Universidad de Granada. Entrevista mantenida con el Gobernador Civil de la provincia el día 8 de enero de 1971”,  Estudiantes, Carpeta Huelga de Medicina; Informe del Departamento de Información del Distrito de Granada, titulado “Situación de los presos políticos en Granada”, de 14 de abril de 1971, en Secretaría General del Rectorado, Asociaciones de Estudiantes, 69/71, leg. 23-27.
• Entrevistas a Joaquín Bosque Sendra, Antonio Aragón Orellana, Jesús Carreño Tenorio, Eliseo Fernández Cuesta, Socorro Robles Vizcaíno, Antonio Cruz Jiménez, Javier Terriente Quesada, Roberto Mayoral Asensio, Nicolás Marín Díaz, en Fondo Oral de CCOO de Andalucía.
• TOPDAT, Sumarios: 957/68; 288/70; 250/71; 37/71; 201/71; 437/71; 418/70; 453/70; 1006/71, Archivo Histórico de CCOO de Andalucía.

Alfonso Martínez Foronda es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Secundaria e históricamente vinculado al sindicato CCOO, en el que ocupó distintas responsabilidades, como investigador ha profundizado en el movimiento obrero y estudiantil.

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• 'Joaquín Sabina: entre dos Estados de Excepción (I)

• 'Joaquín Sabina: entre dos Estados de Excepción (y II)'

Sobre la historia del PCE, en el año de su centenario:

• Capítulo XXXII: Francisco Portillo Villena, 'El tío del maletín'

• Capítulo XXXVI: 'Terroristas en la Universidad, una represión cochambrosa'

• Capítulo XXXVII: 'José Cid de la Rosa'