La conducta de estos cinco policías que se beneficiarion de conocer las preguntas y las respuestas con anterioridad al examen, "podría además suponer un delito del art. 408 del Código Penal". Según el concejal Luis de Haro, “el delito consistiría en no informar a sus superiores o autoridad competente de haber sido receptores de la filtración, haber ocultado a los autores y haberse beneficiado fraudulentamente de dicha información. Esta conducta es especialmente grave al tratarse de policías que tienen un especial deber de vigilancia”.

 

Por otra parte, a la vista de los hechos, la formación asegura que el Ayuntamiento no debe limitarse a convocar un nuevo concurso oposición para cubrir ocho plazas de subinspectores de la Policía Local, sino que, en cumplimiento de la legalidad, "ha de proceder a depurar las anomalías jurídicas de la anterior convocatoria, sean ilícitos administrativos o penales, pues tanto el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, como las sentencias del Juzgado  nº 1 de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, declaran probado que ha existido un delito de revelación de secretos y que, aunque no se conozca el autor de la revelación, sí se han determinado qué agentes de la policía local se beneficiaron".

 

Vamos Granada solicita además, dada la gravedad de los hechos," que la investigación se extienda también a los  miembros del tribunal que hayan podido ser autores de los ilícitos penales, y de la necesidad de que el concejal Juan García Montero, asuma la responsabilidad política como presidente del Tribunal donde se originó la filtración".

 

Información relacionada: