La diputada socialista y portavoz de la Comisión de Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Elvira Ramón, ha anunciado que el PSOE exigirá en el Congreso al Gobierno central que cumpla “de una vez” con la parte que le corresponde financiar del sistema de la Dependencia.

Con motivo de una reunión con la directiva de la Asociación a favor de las personas con Discapacidad Intelectual (Asprogrades), Elvira Ramón, que ha estado acompañada por el parlamentario Miguel Castellano, ha denunciado que la aportación del Ejecutivo de Rajoy en estos momentos es solo del 18 por ciento, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82 por ciento del gasto, según datos del Observatorio Estatal de la Dependencia. 

Unas cifras hechas públicas por primera vez y que confirman "el incumplimiento sistemático" que de su parte de financiación hace el PP, ha argumentado Ramón, quien ha recordado que la norma establece que la Ley de la Dependencia debe ser financiada a partes iguales entre el estado y las comunidades autónomas. 

"El Gobierno del PP se ha dedicado durante estos años a desmantelar este sistema de protección porque no cree en él. Es por ello que le han aplicado un recorte de casi 3.000 millones a nivel nacional, de los que 508 millones corresponden a Andalucía", ha criticado. 

Para Elvira Ramón, "estos recortes del PP están provocando que miles de personas dependientes de nuestra provincia estén valoradas pero no se beneficien de las ayudas de la Ley de la Dependencia". 

Además, también ha lamentado que las políticas del PP en este sentido están "castigando y machacando" los derechos de las cuidadoras, a quienes se les recortó las ayudas en un 15 por ciento y se las eliminó de la Seguridad Social. 

"Casi el cien por cien de las personas que cotizaban como cuidadoras por atender a sus familiares causaron baja en la Seguridad Social por no poder hacer frente a los 170 euros de su coste", ha incidido para añadir que en la provincia de Granada hemos pasado de tener 4.514 profesionales cotizando en diciembre de 2011 a sólo 270 en septiembre de este año, de los que 240 son mujeres.  

Se está poniendo así "en peligro" una ley que, además de su trascendencia asistencial, es motor de desarrollo y de creación de empleo, ya que genera más de 400.000 puestos de trabajo a nivel nacional.  

Por ello, los socialistas plantean una serie de medidas destinadas a recuperar los principios inspiradores de la Ley y a eliminar las medidas incorporadas desde que el PP llegó al Gobierno, suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal y con equidad. 

También piden la derogación del copago, la recuperación de la Seguridad Social para los cuidadores, la puesta en marcha de mecanismos de financiación adicionales, así como un pacto con las comunidades autónomas para garantizar la financiación y el desarrollo de la Ley.