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Juzgados de la Caleta. ep archivo

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada será el encargado del juicio por supuesto maltrato contra el subinspector de la Policía Local de Granada para el que la Fiscalía pide en este caso seis años y diez meses de cárcel por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la violencia machista. El subinspector acaba de ser nombrado por el gobierno municipal que preside Marifrán Carazo jefe de estudios de la Policía Local de Granada, a pesar de estar pendiente de juicio por este caso y, además, investigado por haber vulnerado, junto a otros compañeros del Cuerpo, el Viogén -que es el sistema de protección- de su expareja. 

Fuentes del caso ha trasladado a El Independiente de Granada que recaído en este órgano judicial después de las diligencias seguidas por el Juzgado de Violencia de Género número 2 de Granada.

Por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja, de la que tiene orden de alejamiento, y una de las dos hijas que tienen en común

El pasado 4 de marzo, el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, abría juicio oral por este caso tramitado como procedimiento abreviado, por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja, de la que tiene orden de alejamiento, y una de las dos hijas que tienen en común.

La acusación particular en defensa de los intereses de las tres, que ejerce el letrado Mariano Vargas, elevan la petición de cárcel por estos ilícitos a más de 15 años, según consta en este auto. La defensa del acusado, que lleva el abogado Domingo Domingo, interesa su libre absolución.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, señala que durante la relación con su expareja, pero sobre todo a partir de 2017, habría venido ejerciendo en el domicilio que compartían "de forma continuada, agresiones tanto verbales" como "conductas de control, debido también a su carácter machista y celoso como agresiones físicas".

Estas últimas habrían consistido en "empujones" o "golpes en la cabeza" o "en el brazo", extendiéndose las agresiones tanto físicas como psíquicas a las dos hijas "con desprecios y admoniciones constantes" sobre todo hacia la mayor, a la que habría causado lesiones.

Igualmente "el acusado sin consentimiento" de su "esposa separada ya de hecho" se habría "apoderado de contactos y fotos personales extraídos de los terminales del ordenador y del teléfono móvil de los que era usuaria".

Trataba al parecer de "averiguar si mantenía alguna otra relación sexual o sentimental así como las amistades que pudiese tener" utilizando también supuestamente la aplicación de un rastreador tecnológico "con el objeto de controlar sus movimientos y saber dónde y con quién" habría estado "en cada momento" su ex.

Por todo ello el ministerio público acusa por la presunta comisión de un delito de violencia física y psíquica habitual por el que interesa dos años y medio de cárcel, y de dos ilícitos de menoscabo psíquico por los que pide doce y diez meses de prisión.

Por último, por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, la Fiscalía pide para el procesado dos años y medio de prisión.

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