Ana Terrón, la diputada por Granada de Unidos Podemos, ha registrado dos Proposiciones No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados "para mejorar la calidad de los Servicios Sociales y de Dependencia con el fin de evitar la inestabilidad laboral y el retraso de las ayudas".

La primera de las iniciativas presentada, según ha informado Podemos, insta a que en la Ley de Dependencia se fije un plazo máximo de seis meses para recibir la prestación. Terrón ha recordado que "son muchísimas personas las que mueren antes de que les llegue esta ayuda teniendo reconocido el derecho". Según ha asegurado, en Granada "más de 10.000 granadinos están esperando, teniendo derecho reconocido a recibir la ayuda; además de los más de mil que han muerto sin recibirla". 

En la segunda proposición se insta a los ayuntamientos, al ser los que gestionan este servicio, a que sea público y se gestione directamente desde el Ayuntamiento, además de incluir como prioridad la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD) por parte de la Administración Local.

Terrón ha defendido que al realizarlo de forma externalizada se están "doblando los costes", por un lado el coste que necesita el servicio y, por otro, el coste del beneficio que se lleva la empresa. Esta medida además de la calidad en prestación del servicio, repercutiría en las condiciones laborales de las empleadas, según ha defendido.

La posibilidad por ley de la externalización del servicio de atención a domicilio a través de contrataciones públicas sin criterios sociales ha derivado en "inestabilidad y rotatividad" de las personas trabajadoras en dicho servicio. Entre las personas usuarias y los profesionales se crea un vínculo personal que incide de manera directa en la salud de las personas dependientes, ha afirmado para añadir que el servicio de atención a domicilio "no es solo un derecho, ya que muestra una sorprendente capacidad de generar empleo, con importantes retornos". En este sentido ha apuntado que en 2015 se crearon 35 empleos por cada millón invertido.

Terrón ha instado al Ayuntamiento de Granada a que recupere la gestión de este servicio y ha puesto como ejemplo dos municipios granadinos en los que ya se ha remunicipalizado, como Atarfe y Albolote. En el caso de que no sea posible, "de manera fundamentada y documentada", ha pedido que se establezcan en los pliegos de contratación pública criterios sociales, mecanismos de seguimiento y control, velando porque la prestación de servicio esté orientada por los principios fundamentales de los servicios sociales; "destacando prevención, fomento de la cohesión social, atención personalizada e integral, fomento de la autonomía personal, calidad y continuidad". 

Las propuestas ya están registradas y tienen que pasar por la Comisión donde la formación espera que sea apoyada por otros grupos políticos para que prosperen. Una vez aprobadas, la diputada de Unidos Podemos ha considerado necesario solicitar una modificación en la propia Ley de Dependencia.